POR KIMBERLY LÓPEZ
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Por tercer año consecutivo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no llegó a la meta de recaudación establecida. Como consecuencia, este año el presupuesto será uno de los más bajo de la historia, imposibilitando cualquier agenda de desarrollo para el nuevo Gobierno. Analistas señalan que, debido a que el 75 por ciento del financiamiento proviene de fuentes tributarias, el fortalecimiento de la SAT es una tarea impostergable del presidente Jimmy Morales.
En los últimos minutos del plazo estipulado por la Ley para su aprobación, el Congreso firmó el presupuesto general 2016 por Q70 mil 796 millones, es decir, Q2 mil 429 millones 694 mil 769 menos que el presupuesto recomendado por el Ministerio de Finanzas.
Los congresistas lo aprobaron, a sabiendas de que sería insuficiente para cubrir las necesidades de las instituciones estatales y que pondría en aprietos financieros al Gobierno entrante. Sin embargo, en palabras de Álvaro Gonzales Ricci, secretario de la Comisión de Finanzas, «ningún presupuesto será suficiente, sino se eleva la recaudación».
Ese año, la recaudación de tributos se quedó en Q4 mil 989 millones por debajo de los Q54 mil 701 millones previstos.
Este 2016, se prevé que una crisis fiscal parecida a la del año anterior golpee de nuevo al país si la SAT no logra recaudar por lo menos los Q54 mil 500 millones estimados como meta para este año, los cuales servirán para cubrir el 75 por ciento del presupuesto.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), este año habrá un déficit fiscal de Q8 mil 379 millones, debido a que los ingresos totales del Estado serán de Q57 mil 946 millones y los egresos de Q66 mil 326 millones.
UN GOLPE REVELADOR
El 16 de abril fue una fecha detonante para la ciudadanía, para el país y, principalmente, para uno de los entes más importantes del Estado, el que está a cargo de la recaudación de recursos, la SAT,
Alrededor del mediodía, Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), brindaba una conferencia de prensa en la que anunciaba la captura de Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente de la SAT, y Carlos Enrique Muñoz Roldán, extitular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares.
Apenas se empezaba a vislumbrar una punta de lo que luego sería, toda una estructura de defraudación aduanera, denominada La Línea.
Cuatro meses después, el 21 de agosto, Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, informaba que «arriba de Juan Carlos Monzón, se encuentra, en la estructura de «La Línea», al señor presidente – Otto Pérez Molina- y a Roxana Baldetti -exvicepresidenta-«. Hoy, ambos están en prisión por este caso.
La investigación del Ministerio Público, calculó que la estructura La Línea obtenía un promedio de Q2.5 millones por semana. Esto, por medio del desvío de hasta el 60 por ciento del valor del impuesto que debían pagar los importadores por el ingreso de mercancía.
Cuando el Ministerio de Finanzas, a través del exministro Dorval Carías anunció, a finales del 2015, que esperaba cerrar el año con una brecha fiscal mayor a Q5 mil millones, uno de los factores que destacó en este desajuste de ingresos al Estado fue, precisamente, «La Línea».
Sin embargo, pese a la desarticulación de la misma, no tuvo mayor impacto en la elevación de la recaudación de impuestos en las aduanas donde operaba. De acuerdo con expertos, esto se debe a que la estructura, era solo una de las tantas mafias que actúan en la SAT.
En una entrevista con La Hora, Iván Velásquez aseguró que la misma había recibido información de que «La Línea» continuaba operando de forma más atomizada.
Según el comisionado, «es necesario que el Estado actúe para impedir que los grupos se reorganicen», y se llenen los vacíos dejados por las estructuras desarticuladas, de otra forma, los esfuerzos de la Fiscalía y la CICIG serán en vano.
EL COSTO SOCIAL
La baja recaudación se traduce en precariedad de recursos para el nuevo Gobierno y en que, nuevamente, las autoridades tendrán que sacrificar la inversión en ciertas áreas, para gastar más en otras. En palabras de Ricardo Barrientos, del Icefi, el Gobierno cuenta con un gasto insuficiente para ejecutar sus promesas de campaña.
La corrupción en la SAT también significó un golpe duro para la moral tributaria del país, según explica Abelardo Medina, analista encargado del área macrofiscal en Icefi.
Para el entrevistado, existen dos motivos por los que un guatemalteco paga sus impuestos. En principio, por el temor a la penalización y también porque «tienen la certeza de que los impuestos serán utilizados en algo que beneficie al país».
Medina asegura que luego de «La Línea», la moral tributaria cayó porque el guatemalteco «tiene la sensación de que sus impuestos los recibe quien no debiera».
La precariedad financiera y la pérdida de la confianza en la institución son dos fenómenos que demandan la necesidad de un cambio urgente en la SAT.
NECESIDAD DE CAMBIOS
Sin embargo, estos cambios no deben ser superficiales o estar implementados a corto plazo, sino que se debe iniciar un proceso para lograr una reforma profunda y gradual, que elimine, o al menos reduzca las causas potenciales de la corrupción dentro de este órgano.
«La única manera de que el país salga del agujero, es haciendo cambios estructurales en la SAT, es la única opción», enfatiza Barrientos.
SUGERENCIAS
Para Medina, como primer paso, la SAT debe recuperar la confianza de los contribuyentes y dejar claro que permanecerá exigente ante cualquier fraude, para que no exista discrecionalidad.
«El primer camino es la transparencia que debe implementar la SAT para enfrentar este tipo de situaciones», explica Medina.
Sin embargo, en cuanto a cambios estructurales, Icefi señala que existe una serie de modificaciones que, de ser implementadas, recuperarían la institución.
Dentro de esta propuesta, destacan medidas de transparencia como la revisión del proceso de elección de los directores de esta institución, que actualmente cuenta con un jefe interino; además de la remoción inmediata de los funcionarios que puedan tener señalamientos de corrupción.
Por otro lado, indica Icefi, que debería realizarse una investigación a miembros del directorio, funcionarios superiores y medios.
«El directorio debería estar obligado a rendir cuentas y tiene que rediseñarse la cadena jerárquica de la institución, en donde también las obligaciones sean revisadas a profundidad», explica Barrientos.
El analista hace referencia a la reciente premiación de los empleados de la SAT, con un bono de eficiencia, por su trabajo. «La SAT no cumple las metas de recaudación, continúa siendo corrupta, pero el directorio premió a los empleados con un bono», afirma.
La reestructuración de la SAT, así como los cambios en procedimientos aduaneros y portuarios, son otras de las medidas que, según analistas fiscales, debieran ser implementadas de manera inmediata.
Sin embargo, estas acciones requieren de voluntad política, admite Barrientos.
Dorval Carías, exministro de finanzas, explicó a La Hora que ante las condiciones precarias de las finanzas del Estado, el primer paso a seguir debe ser el fortalecimiento de la SAT, para luego hacer una revisión profunda y exhaustiva de la Ley Orgánica de esta institución.
«Debe haber una discusión, como sociedad, sobre el sistema tributario que el país necesita para la lucha contra la pobreza y en favor del crecimiento económico y la justicia social», recomendó.
Recientemente, Francisco Rivera, jefe interino del ente recaudador, indicó a medios de comunicación que existe un plan que se llevará a cabo durante los primeros 100 días del Gobierno de Jimmy Morales.
Según Rivera, las primeras acciones van a enfocarse en aumentar la recaudación, a través del monitoreo y vigilancia de comercios, empresas y centros educativos.
No obstante, según indican los análisis fiscales, la administración tributaria representa solamente una parte del sistema tributario y aunque se resuelvan los problemas que persisten en la SAT, quedarán otros desafíos en la política fiscal.
Quedan por resolver otras deficiencias, como la informalidad, la proliferación de los privilegios fiscales, tratamientos tributarios diferenciados, amnistías fiscales, entre otros factores que afectan a las finanzas públicas y a la moral tributaria de los guatemaltecos.
«El nuevo Gobierno está financieramente quebrado y de recurrir al incremento del endeudamiento público, se generaría una situación insostenible», lamenta el analista Barrientos.
Al tiempo que concluye en que el único recurso para «salir del agujero» es la recuperación de la SAT. De no hacerlo, explica, «el único recurso es asfixiar el gasto público, postergar la crisis en hospitales y mala calidad educativa, o incrementar la deuda pública».
