POR WALESKA HERNÁNDEZ
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Manuel Antonio Callejas y Callejas, director de la sección de Inteligencia Militar (G2) a inicios de los 80, y Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romeo Lucas García, fueron capturados junto a otros militares retirados por su supuesta participación en delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometidos entre 1981 y 1988, en el marco del conflicto armado interno. Entre los detenidos también se encuentra Francisco Luis Gordillo Martínez, parte de la junta militar dirigida por Efraín Ríos Montt.
Esta madrugada la Fiscalía de Derechos Humanos realizó 29 allanamientos en la ciudad capital y Alta Verapaz, los cuales dejaron a 15 militares retirados capturados. Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.
Los capturados por la desaparición de población civil en Cobán son Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García.
José Antonio Vásquez García, Carlos Humberto Rodríguez López, Ismael Segura Abularach, Pablo, Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los detenidos serían responsables por la desaparición de cientos de personas, quienes fueron catalogadas como “población civil desarmada”, entre las que se encontraban, hombres, mujeres, niños y adultos mayores.
Detalles de la investigación divulgados dan cuenta de la exhumación de 558 osamentas en Cobán, Alta Verapaz, específicamente en la antigua Zona Militar Número 21; con el trabajo de expertos forenses y tecnología genética se identificó a 90 víctimas.
El MP explicó que existen patrones en las osamentas recuperadas: todas pertenecen a población civil no combatiente asesinada de forma violenta y en algunas ocasiones con señales de tortura. La Fiscalía también cuenta con testimonios de mujeres que narraron la violencia ejercida en su contra. Todo esto llevó al MP a deducir que la Zona Militar 21 sirvió como centro de ejecución.
En el caso específico de la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, en 1981, se capturó a al exgeneral de división Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.
El 6 de octubre de 1981, tres militares detuvieron a Marco Antonio Molina Theissen, un menor de edad, y jamás se tuvo información de su paradero. Días antes, Emma Guadalupe Molina Theissen fue detenida por un retén militar en Santa Lucía Utatlán, Sololá; fue trasladada a la Zona Militar de Quetzaltenango, lugar en el cual estuvo retenida, siendo torturada y violada sexualmente, lográndose escapar a los 9 días de su detención.
El 4 de mayo de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por este caso y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.
Los capturados fueron conducidos a la Torre de Tribunales, en donde se les hizo saber el motivo de su detención. Posteriormente la juzgadora resolvió enviarlos a la cárcel militar, Mariscal Zavala y se fijó la audiencia de primera declaración para el próximo viernes.
JEFE DEL ESTADO MAYOR
Benedicto Lucas García es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982), y fue jefe del Estado Mayor del Ejército, cargo que desempeñó de 1978 a 1982.
De acuerdo con la organización Trial, que observa proceso de justicia en diferentes países, durante esa época supuestamente planeó y ordenó una estrategia masiva estatal contra la población civil, en la que la mayoría de las víctimas fue población de origen maya.
Según el MP, Benedicto Lucas García, como jefe del Estado Mayor del Ejército, tenía injerencia sobre el comandante de la Zona Militar Número 21, donde se encontraron las osamentas.
OTROS SEÑALADOS
A Callejas y Callejas se le señala de dirigir la estructura conocida como La Cofradía, de acuerdo con el informe Poderes Oscuros, escrito por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, con el respaldo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La Cofradía “es una camarilla de oficiales de inteligencia militar, tanto en ejercicio como retirados, y una especie de fraternidad interna del ejército”, señala el escrito.
“En la década de los setenta, Callejas trabajó como subdirector de la Sección de Operaciones (G-3), y como segundo comandante de la Policía Militar Ambulante y de la Base Militar en Cobán. Bajo la dictadura de Lucas García a principios de la década de los ochenta, también fungió como director de la Sección de Inteligencia (G-2)”, señala Poderes Ocultos.
El resto de militares también fueron señalados por el Ministerio Público por su supuesta implicación en la desaparición forzada de población civil durante el conflicto armado interno, y el fiscal del caso, Orlando López, no descartó que haya más implicados.
RECHAZAN SEÑALAMIENTOS
Para Pablo Saucedo, coronel retirado y uno de los implicados, considera que el caso es una venganza política de “la gente que vive del conflicto”. En su opinión, los casos son creados porque es así como algunas organizaciones obtienen financiamiento del exterior.
José Antonio Vásquez, coronel retirado y oficial de inteligencia durante el conflicto armado interno, indica que él solamente estuvo cuatro meses en la Base Militar de Cobán y que no tiene idea del porqué lo sindican en este caso.
“Es triste ver que estando dentro de la ley, defendiendo a Guatemala, lo detengan; mientras los que estaban fuera de ella, matando hasta embajadores y otras masacres que realizaron, andan risa y risa. Nosotros (el ejército) somos los asesinos de la película”, se lamenta José Antonio Vásquez.
EXIGEN JUSTICIA
Raúl Nájera y otros miembros de la Asociación Hijos, se presentaron a la Torre De Tribunales para colocar mantas y expresar su apoyo a los querellantes del caso.
Nájera explica que la organización se conforma por los hijos de personas detenidas, desaparecidas o asesinadas durante la guerra. Con el inicio de este proceso, consideran que se da un pequeño avance en miras de lograr justicia para los sobrevivientes del conflicto armado.
En su caso particular, Nájera indica que el ejército asesinó a su mamá, abuela de 68 años, quien fue encontrada con las manos atadas y señales de tortura junto a dos tíos más. Su presencia este día es para brindar su testimonio y contar lo sucedido en representación de las víctimas, dijo.
Nájera no descarta solicitar ser nombrado querellante adhesivo.
LAS DESAPARICIONES FORZADAS
En conferencia de prensa la fiscal general Thelma Aldana, y el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, dieron a conocer los detalles sobre el Caso Creompaz, al que denominaron como “uno de los casos de desaparición forzada más grandes de América Latina”.
De acuerdo con las autoridades, mediante la excavación de 14 sitios en Cobán, Alta Verapaz, se logró identificar cuatro fosas, donde se encontraron 558 osamentas humanas, todas de población civil no combatiente.
Los estudios forenses indican que de los cadáveres localizados 90 pertenecen a menores de edad, 443 a adultos hombres y mujeres, 3 a personas de tercera edad. Veintidós siguen sin ser identificados por edad y sexo.
Hasta el momento solo se ha dado con la identidad de 97 víctimas, a través de pruebas de ADN.
Las pesquisas y los testimonios recopilados han llevado a individualizar 88 hechos de desaparición forzada por los cuales son señalados los detenidos. Entre ellos se detallaron los siguientes:
Hombres de Pambach
El 2 de junio de 1982 un grupo de soldados realizó un operativo en Pambach, Santa Cruz de Cobán. Los militares se llevaron a 75 hombres bajo el argumento de que iban a prestar servicio militar, pero los detenidos nunca volvieron a aparecer. En una fosa se encontró 64 osamentas, de las cuales ya se identificaron las identidades de 31 hombres de dicho evento. En este caso, hay un testigo que se salvó y prestó su declaración en anticipo de prueba.
Río Negro, San Cristóbal Verapaz
El 13 de mayo de 1982, Patrulleros de Autodefensa Civil y militares, asesinaron a 80 personas de la población civil no combatiente. Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por el Ejército a la Zona Militar Número 2, donde en una fosa se localizaron 63 cadáveres correspondientes a menores de edad y mujeres.
Caserío Chitún, San Cristóbal Verapaz
En mayo de 1981, en un operativo, miembros del ejército se llevaron a Felipe Caal López, cuya osamenta fue identificada en una fosa de la Zona Militar 21, junto a 33 más.
Chical, San Cristóbal Verapaz
En diciembre de 1981 desapareció Ricardo Mis Pacay, un campesino quien fue visto por última vez cuando iba hacia su parcela, ubicada el Chical, San Cristóbal Verapaz. Durante las investigaciones se logró identificar sus restos.
San Sebastián, San Cristóbal Verapaz
En noviembre de 1981, en un operativo militar el ejército se llevó a por lo menos tres personas, cuyos cuerpos fueron identificados en una fosa junto a 10 personas más en la Zona Militar 21.
Hombres de Chisec
En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la Zona Militar Número 21, donde tres fueron privados de su libertad y luego no se supo más de ellos. En una de las fosas del lugar se logró identificar a Genaro Caal, uno de los desaparecidos.
