POR GRECIA ORTÍZ
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La consigna «esto apenas empieza», coreada por miles de Guatemaltecos en la Plaza de la Constitución, tomará sentido el próximo año, cuando la ciudadanía se convierta en el actor principal de los cambios al sistema, según opinan analistas. Pero la tarea que inició el 25 de abril del año en curso no será fácil ni rápida y deberá enfrentar numerosos obstáculos antes de lograr las reformas deseadas.
El 2015 fue un año de eventos inéditos para Guatemala, eventos desencadenados por una serie de golpes a las estructuras criminales incrustadas en el Estado que devolvieron cierta confianza en el sistema de justicia, pero que terminaron de derribar las esperanzas en la clase política, cambiando todas las predicciones sobre los resultados de las elecciones generales y modificando las reglas del juego en la política.
Sin embargo, poco o nada cambió en el país. Guatemala cerró el año sin reformas estructurales, con un déficit fiscal de Q4 mil 500 millones, una deuda de arrastre arriba de los Q2.5 millardos y con más del 50 por ciento de su población bajo la línea de la pobreza y pobreza extrema.
El panorama para 2016 es difícil, pero hay un elemento que podría cambiar el rumbo del país, de acuerdo con analistas: la ciudadanía.
El papel fiscalizador y exigente de la población puede ser el factor que desencadene cambios en el sistema el próximo año, y si en 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) tuvieron un papel protagónico, 2016 podría tener como principales actores a los guatemaltecos y guatemaltecas.
Pero el cambio, advierten los entrevistados, no será inmediato, ni mucho menos fácil. Para poder lograr reformas reales la ciudadanía tendrá que superar numerosos obstáculos.
LAS ESTRUCTURAS SE AFERRARÁN AL PODER
Álvaro Pop, del Organismo Naleb, considera que el futuro político y social de Guatemala es incierto. Lo único certero, dice, es que las organizaciones afectadas por los golpes de la CICIG y el MP, así como por la reacción ciudadana a los mismos, buscarán volver a ganar terreno y fortalecerse.
«Preveo para 2016 una fuerte intensidad en la lucha de los movimientos sociales, pero también de los poderes del Estado. Vamos a tener nueva Corte de Constitucionalidad, y las fuerzas alrededor de diversos intereses y los que tienen mandatos constitucionales para poder integrar, se van a empezar a mover», comentó.
En una entrevista con La Hora, Iván Velázquez, jefe de la CICIG, señaló que si el Estado no tiene la voluntad para llenar los vacíos que dejan las estructuras desarticuladas por la Comisión y el MP, éstas encontrarán la forma de reestructurarse, tal como sucedió en el Sistema Penitenciario y en las aduanas.
«Hay que tener la convicción, desde la sociedad en su conjunto, que la acción de la justicia contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, pero que no basta por sí misma, pese a que es indispensable. Como hemos reclamado tantas veces, cuando se logra un éxito en la investigación al identificar y desarticular una estructura es necesario que el Estado actúe prontamente para impedir que (los grupos) se reorganicen y que la sociedad esté atenta para lo mismo, para vigilar de manera constante las instituciones. Aquí realmente estamos empezando un trabajo que requiere mucha participación ciudadana y mucho compromiso también de Estado», indicó Velázquez.
UN SISTEMA POLÍTICO QUE PROTEGERÁ SUS PRIVILEGIOS
Helen Mack, activista de la Fundación Myrna Mack, advierte que los cambios necesarios no serán gestados por los diputados. «El Congreso de la República sigue siendo igual, entonces pareciera que vamos a tener más de lo mismo, que es lo que la población no quiere. Me parece que este Congreso, dominado por reelectos con intereses particulares, no va a estar dispuesto a entrar en un proceso de diálogo nacional», dijo.
Mack extiende dicha suposición al Gobierno entrante. «El panorama no se ve bien porque él -Jimmy Morales- ofreció no negociar con partidos políticos y lo está haciendo, dice que va a nombrar el Gabinete y después lo desmiente. Hay mucha incertidumbre, creo que la población no va a aguantar mucho», aseguró.
Sin embargo, de acuerdo con Mack, esta vez la presión no deberá centrarse en el Ejecutivo, sino en el Congreso, el lugar donde inician y terminan los asuntos nacionales. «Ya no será la vía presidencial, pues el país está dejando de ser presidencialista y se está convirtiendo en un sistema de poder parlamentario», indicó la entrevistada.
Mario Guerra Roldán, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, coincide con Mack, y señala que el sistema político está estructurado de tal manera que constituye una barrera que impide hayan cambios estructurales. «Mientras continúen los mismos en las curules del Congreso nada bueno puede pronosticarse, mientras los partidos sigan siendo los mismos nada pasará, no hay esperanzas que esto mejore, ni en el año 2016, ni en un futuro cercano», afirmó.
Guerra Roldán indicó que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se discutieron en el Congreso son reformas superficiales, que no cambiarán el panorama político del país. «Son coyunturales, es decir atienden situaciones al momento. Una reforma debe consistir en que los partidos políticos deben ser un pilar sustentador de la democracia, vinculantes con la sociedad», explicó.
Para el exmagistrado, una reforma estructural del sistema partidario es la clave para lograr un cambio en la política y promover los cambios que requiere el país.
¿RESPONDERÁ EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA?
Toda la sociedad civil y los diferentes sectores de la población guatemalteca estarán pendientes y a la expectativa del actuar del próximo Gobierno, afirmó Carlos Alvarado, rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).
Esta situación obliga al Gobierno a atender la demanda de cambios por parte de la ciudadanía como una prioridad, asegura Alvarado.
«Es indispensable que se realicen cambios en el Estado. Lo más importante es actuar con transparencia y colaborar en la lucha contra la corrupción. Por eso se debe asegurar que el perfil de los integrantes del Gabinete de Gobierno sean personas capaces e idóneas», dijo el rector de la Usac.
Alvarado advierte que la población tendrá poca tolerancia con la nueva administración, tras la decepción que significó el Gobierno del Partido Patriota.
Ronalth Ochaeta, especialista en políticas públicas, cree que el próximo año se presentarán oportunidades de cambio, pero que ello dependerá de la profundidad de las reformas que se promuevan, del papel que juegue la sociedad civil, así como de la voluntad del nuevo gobernante y de los intereses que tendrían algunos actores políticos «de peso», entre los que se encuentran la Procuraduría de Derechos Humanos, las universidades, la sociedad civil organizada y el sector privado.
LOS EVENTOS QUE MARCARON EL 2015
EL PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD Y LA CONTINUIDAD DE LA CICIG
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó al país el 2 de marzo con el fin de evaluar y concretar los proyectos y estrategias correspondientes al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a Guatemala, El Salvador, y Honduras, y cuyo objetivo es reducir las migraciones hacia EE. UU.
Durante su visita, Biden destacó el papel de la CICIG en el país y señaló que la continuidad de la entidad internacional sería clave para lograr el fortalecimiento de la institucionalidad. «Claro que es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares», advirtió al entonces presidente Otto Pérez Molina, quien había manifestado públicamente su rechazo a la continuidad de la CICIG.
Tras largas negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos, el plan de cooperación fue aprobado por US$750 millones, es decir, US$250 millones menos de lo solicitado por el presidente Barack Obama.
En tanto, en Guatemala, la presión de entidades nacionales e internacionales para prorrogar el mandato de la CICIG logró su cometido, firmándose oficialmente el acuerdo para su continuidad por dos años más.
«LA LÍNEA» Y EL PRIMER JUEVES DE LA CICIG
El jueves 16 de abril de 2015, la CICIG, en coordinación con el MP, develó una red de defraudación aduanera incrustada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y presuntamente liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según información que proporcionó el Ejecutivo ese día, Juan Carlos Monzón había viajado a Corea con la vicepresidenta, pero su paradero exacto era desconocido por la funcionaria, quien, en la última oportunidad que tuvo de comunicarse con él, le había solicitado entregarse a las autoridades.
Lo oportuno del viaje y las incoherencias del relato de la fuga de Monzón, giraron las miradas hacia Baldetti, quien posteriormente sería señalada como la verdadera cabecilla de La Línea, junto al expresidente Otto Pérez Molina.
El #25A: EL PODER DE LAS REDES SOCIALES
Tras el golpe asestado por la CICIG y el MP, un grupo de ciudadanos convocó, a través de redes sociales, a una manifestación en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia de Roxana Baldetti como vicepresidenta.
La convocatoria del denominado #25A sumó participantes a una velocidad inesperada y llegado el día, miles de guatemaltecos llenaron la Plaza, dejando de lado diferencias sociales, religiosas e ideológicas.
A partir de ese 25 de abril, y de la intensificación de los operativos contra la corrupción del MP y la CICIG, los sábados los ciudadanos volverían a reunirse en la plaza de forma masiva, exigiendo no solo la renuncia del binomio presidencial, sino cambios estructurales al sistema.
El 27 de agosto, la protesta alcanzó su punto máximo, aglutinando sindicatos, colegios, universidades, grupos sociales, religiosos, comercios, entre otros.
Las expresiones de ciudadanía y fervor patrio se multiplicaron y diversificaron, uniéndose guatemaltecos de dentro y fuera del país, en cualquier plaza cercana.
CAÍDA DEL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MOLINA
Pese a la negativa de Pérez Molina, el 8 de mayo, Baldetti presentó su renuncia y dejó la Vicepresidencia bajo total hermetismo.
Días antes, el Congreso había retirado la inmunidad de la funcionaria, dando vía libre al MP para investigarla por corrupción. Baldetti fue detenida por su vinculación con La Línea el 21 de agosto y enviada a prisión preventiva por el juez Miguel Ángel Gálvez.
La presión para la renuncia de Otto Pérez Molina se incrementó luego de que el mismo día de la detención de Baldetti, el MP y la CICIG presentaran un antejuicio contra el Presidente y se revelara su participación en la estructura de defraudación aduanera.
El 2 de septiembre, sin apoyos y sin inmunidad, Pérez Molina renunció al Ejecutivo, dejando en su lugar a Alejandro Maldonado Aguirre. El 8 de septiembre fue ligado a proceso por los mismos delitos que Baldetti.
EL CAMBIO DE RUMBO DE LAS ELECCIONES
Pese al rechazo de algunos sectores a la realización de las elecciones generales, en medio de la crisis de credibilidad del sistema de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral convocó a comicios el 6 de septiembre. El proceso electoral alcanzó una cifra récord de participación de 5 millones 270 mil 489 votantes.
Contra todos los pronósticos, Jimmy Morales, candidato a la Presidencia por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), pasó a la segunda vuelta con 1 millón 152 mil 394 votos; seguido por Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien obtuvo 948 mil 809 votos. Manuel Baldizón, el candidato predilecto, de acuerdo con la mayoría de encuestas, quedó fuera de la carrera presidencial en tercer lugar.
En la segunda vuelta electoral, realizada el 25 de octubre, el binomio integrado por Morales y Jafeth Cabrera, ganó las elecciones con 2 millones 751 votos válidos.
En el Congreso, Libertad Democrática Renovada (Lider), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Partido Patriota (PP) se posicionaron como las fuerzas dominantes.
Sin embargo, el desgaste de las protestas y las denuncias judiciales en los partidos mayoritarios ha ocasionado rupturas en los mismos, de forma que la dinámica del Congreso en la siguiente administración se ha vuelto impredecible.
EL G4 Y LOS CAMBIOS AL SISTEMA
El Grupo Garante G4, integrado por la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la iglesia Católica y la Alianza Evangélica, reconoció la necesidad de presionar al Congreso con el fin de introducir cambios profundos en el sistema de Estado.
El grupo advirtió que el Estado de Guatemala estaba dejando pasar una oportunidad única para generar una transformación en su sistema político, económico e institucional, si no se aprovechaba la coyuntura para plantear las reformas necesarias.
Esa agrupación señaló la importancia de las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, que recientemente aprobó el Congreso, La Ley Electoral y de Partidos Políticos, sector Justicia; «la presión de la ciudadanía debe continuar porque si bien lo que hasta hoy el pueblo de Guatemala ha logrado es algo sin precedentes».
Al llamado del G4 se unieron otras entidades nacionales e internacionales, cuya esperanza se fortaleció a partir de los movimientos ciudadanos iniciados el 25 de abril.
AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS HOSPITALARIA
El desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos genera una «alarma» nacional unas dos o tres veces al año, cuando personal médico, directivos y funcionarios parecen confrontarse por problemas administrativos. Sin embargo, desde inicios de este año, la falta de presupuesto agudizó la crisis al punto de volverla insostenible; para noviembre pasado, 26 de los 44 nosocomios bajo la administración del Ministerio de Salud Pública estaban en números rojos y seis estaban a punto de colapsar debido a la carencia de recursos.
LA TRAGEDIA DEL CAMBRAY II
La noche del 1 de octubre la localidad El Cambray II quedó soterrada por un cerro que causó la muerte de más de 280 personas.
Tras la tragedia se conoció que dicho territorio había sido declarado no habitable en 2001, sin que las autoridades hicieran algo para evitar una tragedia como la que ocurrió. Esta notificación no era la única, pues entre 1995 y 1998 los cuerpos de socorro ya habían emitido otras advertencias.
El Ejecutivo ya inició la construcción del proyecto habitacional denominado Mi Querida Familia, donde se pretende ubicar a las familias víctimas del desastre; sin embargo, el pasado 3 de diciembre se anunció que la fecha de entrega, programada para este 24 de diciembre, se retrasaría hasta el 14 de enero. Mientras tanto, los damnificados continúan en albergues temporales.
LOS GOLPES DE LA CICIG
– Desarticulación de la red de defraudación aduanera La Línea, en la cual estaban involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
– Proceso penal contra Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros funcionarios y empresarios por la contratación anómala de la farmacéutica.
– Denuncia por contratación anómala de una empresa vinculada al diputado Baudilio Hichos, para la remodelación de un centro de salud del IGSS en Chiquimula.
– Captura de autoridades de la Policía Nacional Civil por el desvío de Q52 millones de dicha institución.
– Antejuicios contra los diputados Mirza Arreaga, Luis Chávez, Mario Yanes y Mario Rivera, de Libertad Democrática Renovada (Lider), por tráfico de influencias, y contra el diputado Mario Rivera por enriquecimiento ilícito.
– Antejuicio contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por beneficiarse de fondos públicos a través de empresas vinculadas a sus familiares.
– Captura de Gustavo Martínez, exsecretario general de Otto Pérez Molina, y otros funcionarios por tres eventos de tráfico de influencias donde el común denominador es César Medina Farfán, señalado como el vínculo entre empresas e instituciones públicas.
– Captura de miembros del «Bufete de la Impunidad» y antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling por supuestamente recibir un soborno de La Línea.
– Desestructuración de la red de lavado de dinero de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar y denuncias contra el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, y los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez.
– Captura de empresarios y funcionarios señalados de integrar una red dedicada a la adjudicación anómala de contratos para la compra de medicamentos y servicios médicos en el IGSS. Por este caso se emitió orden de captura contra Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom.
– Proceso penal contra la jueza de primera instancia penal, Jisela Reinoso Trujillo, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración patrimonial jurada.
– Proceso penal contra Erick Santiago de León, magistrado de la Corte de Apelaciones, por intentar cobrar una comisión de Q10 millones, a cambio de un fallo favorable para una empresa.
– Proceso penal contra Pedro Muadi, expresidente del Congreso, y otras personas por la creación de 25 plazas fantasma en dicha institución.
