Por SONIA PEREZ D.
GUATEMALA
Agencia AP
Miguel Ángel Gálvez es el juez que puso tras las rejas al Presidente de Guatemala y a su Vicepresidenta, en un país donde el sistema legal es percibido como una especie de subasta: a la venta del mejor postor.
Al final de un año histórico en el que Guatemala vio cómo culminaron investigaciones sin precedentes que llevaron al entonces mandatario Otto Pérez Molina y a su vicepresidente, Roxana Baldetti a prisión, Gálvez ha contribuido a restaurar cierta confianza pública en el estado de Derecho.
Ha sido un ejemplo de probidad que otros deben seguir si el país intenta continuar con su lucha contra una atávica corrupción.
«La gente va y me presenta denuncias, me dan nombres y apellidos, eso quiere decir que la gente ya está confiando», dice Gálvez.
Meses antes de que el mandatario terminara tras las rejas, la jueza Marta Sierra de Stalling, colega de Gálvez, fue acusada y enviada a prisión por aceptar sobornos de los defensores de varios acusados en un caso de corrupción que estaba juzgando.
Eso, en contraste de Gálvez, quien se ha ganado el mote del «honorable juzgador».
En la calle la gente lo saluda, le sonríen, lo abrazan, lo ven pasar y le agradecen su trabajo. «Mi querido juez, usted es un ejemplo», le dice un hombre mientras Gálvez toma un café en un restaurante.
De 49 años, Gálvez es un hombre callado, observador, paciente y discreto, pero contundente cuando está al frente de su tribunal. En las audiencias se toma largas horas para detallar sus fallos. Algunos se quejan del tiempo que se tarda en resolver, pero él justifica diciendo que el acusado y la sociedad deben entender bien cuando resuelve de una u otra forma.
Le gusta madrugar y pasar casi todo el tiempo en su juzgado. Los largos paseos en bicicleta «es mi forma de quitarme el estrés», dice
Tiene 16 años como juez y por sus manos han pasado casos de narcotráfico, asesinatos, corrupción hasta el genocidio de indígenas ixiles en la guerra civil de Guatemala (1960-1996). Fue quien ordenó enviar a prisión al influyente militar y exdictador Efraín Ríos Montt, lo que le valió amenazas, quejas judiciales e intentos de soborno.
«La justicia ha avanzado, ahora hay más mística, mejor investigación», dice. «Confío en que con todos estos casos van a mejorar las instituciones porque la sociedad ya se está interesando».
Ningún proceso le ha atraído tanto la atención ni le ha hecho ganar tanto reconocimiento como La Línea, un entramado de corrupción de un grupo de altos funcionarios que recibieron sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
Es el mismo caso que tiene tras las rejas a Pérez Molina y por el que tuvo que renunciar a la Presidencia. Ahora, tras tomar esa decisión que conmocionó a un país acostumbrado a ver a los influyentes evadir la justicia, Gálvez decidirá en enero próximo si Pérez Molina va a juicio.
«Metió presos a los corruptos y eso nunca se había visto», dice Wendy Monterroso, una mesera de 25 años. «La corrupción nos quita las escuelas, los estadios, los hospitales», si no hubiera corrupción «el país sería más rico y no habría tanta pobreza».
Gálvez vive con comodidades, pero sin excesivos lujos, en contraste con su excolega Carol Patricia Flores, que fue removida del cargo y es procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía determinó que vive en una mansión de casi una cuadra, algo difícil de justificar en un país donde un juez como ella gana un promedio de 2.650 dólares al mes.
Mientras está de vacaciones Gálvez no utiliza el carro blindado que le fue asignado por el Organismo Judicial para su seguridad. Considera que los recursos del Estado no deben ser de uso personal.
En septiembre las autoridades arrestaron a tres jueces incluido un magistrado de Apelaciones acusado de recibir sobornos por 1.3 millones de dólares para favorecer a una compañía y a una jueza acusada de aceptar dinero para liberar a sospechosos de procesos de fraude.
Hasta César Calderón, el abogado defensor de Pérez Molina, cree en la honorabilidad de Gálvez, aunque no esté de acuerdo con sus fallos, especialmente la decisión de enviar a prisión a su defendido.
«Es un hombre honesto y para la justicia lo más importante es tener jueces honestos y él lo es», dice Calderón, aunque considera a Gálvez como «un juez carcelero».
«No tiene por qué llenar las cárceles de reos cuando la ley permite la excarcelación», explica.
Pese a ser tan elogiado por su trabajo, Gálvez no ha podido avanzar en su carrera como juez y optar por cargos más altos pues, según la ley, sólo puede hacerse por elección del Congreso y para ello se requiere de apoyo político que no tiene.
«No les interesa jueces como Miguel Ángel Gálvez», dice el abogado constitucionalista Alejandro Balsells. «No se puede decir que existe un ataque frontal a la corrupción porque existe gente presa, se va a dar cuando ya se respete al juez correcto y éste puede ascender y llegar a altos cargos».
Por su parte, Gálvez dice que para que la justicia y las investigaciones funcionen en el combate a la corrupción se deberá mejorar su financiamiento.
«Aquí lo fundamental es consolidar el estado de Derecho», dice.
“Confío en que con todos estos casos van a mejorar las instituciones porque la sociedad ya se está interesando». Juez Miguel Ángel Gálvez
