POR REDACCIÓN LA HORA
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Las tres principales entidades estatales relacionadas con la persecución penal y la aplicación de la justicia pidieron para el próximo año presupuestos que suman Q4 mil 314 millones 500 mil, pero el Congreso se apresta para discutir un plan de gastos con asignaciones menores a las solicitadas, que tampoco garantizaría que los fondos lleguen hasta las instituciones. Llegó el momento de hablar sobre el precio de la justicia.
Guatemala deberá destinar más recursos económicos al sistema de justicia, como factor indispensable para vencer a la impunidad, advirtió recientemente el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. ¿Qué impacto han tenido sus palabras?
«La realidad del país es que no tiene capacidad para combatir la impunidad», por lo que los esfuerzos contra el flagelo «sólo serán un discurso si no se hace una indispensable y urgente inversión en el sector justicia», señaló.
Recientemente, Velásquez lanzó una propuesta para crear un impuesto temporal para generar recursos orientados a este fin. La idea ha sido ampliamente rechazada por los empresarios del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), aunque su postura ha cambiado en los últimos días.
Velásquez hizo la declaración durante la presentación del VIII informe de labores de la CICIG, correspondiente al presente año. Estuvo presente el presidente electo Jimmy Morales, quien ha prometido apoyo y continuidad de la Comisión hasta 2021.
La CICIG inició en septiembre una nueva ampliación de dos años de su mandato que concluye en septiembre de 2017, y Morales deberá decidir en 2017 si solicita a la ONU la ampliación del mandato de la CICIG y posteriormente deberá hacerlo nuevamente en 2019, antes de entregar el cargo en 2020.
El trabajo de la CICIG este año permitió destapar varios escándalos de corrupción desde el 16 de abril cuando desarticuló una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera denominada La Línea, que en agosto vinculó a Pérez y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Pero en ese trabajo también tuvo participación del Ministerio Público, una institución debilitada con presupuestos insuficientes y fondos que llegan de forma tardía. Hasta ahora, el MP tiene en el radar a la corrupción.
El debate que planteó Velásquez sobre el financiamiento del sistema de justicia puso sobre la mesa una discusión sobre el precio que están dispuestos a pagar los guatemaltecos por su bienestar.
PERSPECTIVA 2016
Para el 2016, el Organismo Judicial solicitó un presupuesto de Q2 mil 241 millones, pero según el dictamen aprobado por la Comisión Legislativa de Finanzas y Moneda, se le asignarían Q1 mil 607 millones 572 mil 832.
El Ministerio Público pidió Q1 mil 823 millones 500 mil, y el proyecto establece Q1 mil 400 millones 729 mil 997.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses recibiría Q145 millones, aunque pidió Q250 millones.
En total, los tres presupuestos solicitados suman Q4 mil 314 millones 500 mil, pero en el plan de gastos que discutiría el Congreso solo hay asignaciones por Q3 mil 153 millones 302 mil 829.
En ese contexto, Velásquez propuso la discusión de la creación de un impuesto transitorio y temporal sobre los grandes patrimonios para fortalecer el funcionamiento del sistema de justicia en el país.
Velásquez sugirió la creación de un impuesto transitorio para cubrir la carencia de recursos en el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entre otras dependencias del Estado.
“Nosotros solo presentamos la idea para un debate y discusión, pero son las instituciones y los empresarios quienes deben ponerse de acuerdo”, manifestó el Comisionado.
El jefe de la CICIG explicó que un impuesto transitorio y temporal a grandes patrimonios, no afectaría a más del 5 por ciento de la población guatemalteca, por lo que “el llamado es a que con tranquilidad, los guatemaltecos discutan la realidad del sistema de justicia”.
Sin embargo, la propuesta ya fue rechazada por el sector empresarial aglutinado en el CACIF, que considera que no es el momento oportuno para discutir nuevas cargas tributarias, aunque recientemente se mostró abierto a debatir el tema.
En un comunicado emitido ayer, la cúpula empresarial convocó a la discusión de un “Plan nacional de seguridad y justicia”, el cual debe definir metas precisas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo con una estrategia sostenible y realista de apoyos financieros.
“Para esto planteamos tres ejes: diseño del sistema, análisis de los aspectos que deben cambiarse para alcanzar el modelo que aspiramos y recursos; desarrollados en el documento que públicamente entregamos a los representantes de los medios de comunicación”, indicó el CACIF.
Este plan debe ser el resultado de un trabajo serio e integral que conlleve la responsabilidad de construir un sistema de justicia más sólido y confiable, evitando las improvisaciones, ideas aisladas y decisiones precipitadas y poco técnicas, apuntó Jorge Briz, presidente del grupo empresarial.
Un “Plan nacional de seguridad y justicia” debe estar acompañado por una reforma fiscal integral que ayude a combatir la miseria y la pobreza, y permita más acceso a la formalidad, dé ventajas competitivas al país a nivel mundial, con tarifas accesibles y con procedimientos que respondan a nuestra realidad económica y social. Todos los que tenemos una responsabilidad con el Estado, pagamos impuestos y de esta forma contribuimos al desarrollo del país. Así también deseamos un combate efectivo a la corrupción, y un gasto eficiente y transparente por parte de las entidades que forman parte del Estado”, indicó el CACIF en un comunicado.
UNA DISCUSIÓN NECESARIA
Los diputados Leonel Lira de Encuentro por Guatemala (EG) y Carlos Fión de Compromiso Renovación y Orden (CREO), dijeron estar dispuestos a apoyar la sugerencia del comisionado Velásquez, para crear un impuesto transitorio para cubrir la carencia de recursos del sector justicia.
A decir de Lira, la propuesta del comisionado de CICIG es una idea que debe iniciar a debatirse cuanto antes en los distintos sectores sociales, ya que en los últimos años se ha visto como el Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ), han estado en “aprietos” por la falta de asignación presupuestaria.
Fión, jefe del bloque CREO, destacó la obligación que tiene el Estado de Guatemala de garantizar un mejor presupuesto al MP, OJ y al Ministerio de Gobernación (Mingob), que se encargan de la investigación criminal y administración de la justicia.
En una columna publicada por La Hora, Javier Monterroso, analista y exsecretario privado del Ministerio Público, abogó por la creación del nuevo gravamen para financiar a la justicia, “Oponerse al impuesto extraordinario bajo el argumento de que en su lugar deberían de reenfocarse los fondos asignados a otros gastos públicos es imposible, tan esencial como la seguridad y la justicia es el gasto social del Estado”, indicó.
“Lo que el comisionado Iván Velásquez nos está recordando es que tener un sistema de justicia y seguridad efectivos requiere recursos, y aunque no lo quieran reconocer los empresarios y sus voceros Guatemala es el país que menos impuestos como proporción del PIB paga en América Latina y es el que menos gasto público como porcentaje del PIB tiene en el mundo, la única salida es que aquellos que más recursos tienen paguen más”, puntualizó.
LA PROPUESTA DE CACIF
Para que el Plan Nacional de Seguridad y Justicia pueda impulsarse, el CACIF anunció las siguientes acciones:
1. Promover la iniciativa del Plan nacional de Seguridad y Justicia.
2. Contactar a los actores de la cadena de seguridad y justicia para intercambiar diagnósticos institucionales.
3. Retomar la propuesta de Iván Velásquez de convocar a un diálogo nacional para replantear prioridades en el tema.
4. Solicitar a la Coalición por la Seguridad para que se constituya en la plataforma de trabajo de este esfuerzo.
5. Desarrollar productos específicos por eje institucional que sustenten la Política Nacional de Seguridad y Justicia.
6. Promover reformas institucionales e implementación de políticas específicas.
7. Identificar las necesidades financieras y los mecanismos de transparencia y fiscalización que aseguren la efectividad en el uso de los recursos.
GOLPE A ESTRUCTURAS
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desarticuló en un año 21 estructuras del crimen organizado dentro del Estado guatemalteco.
En su octavo informe de labores la Comisión dijo que de las 184 personas a quienes se les han presentado cargos, 183 han sido ligadas a un proceso judicial. Entre los investigados y procesados están el expresidente Otto Pérez Molina, su exvicepresidenta, secretarios de Estado, diputados y jueces.
Entre los casos se encuentra el de la defraudación aduanera millonaria que llevó a Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti a la renuncia. Ambos guardan prisión a la espera de que se decida si van a juicio por los cargos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera.
Esta estructura denominada La Línea estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos, defraudando al Estado guatemalteco en varios millones de dólares.
“El caso La Línea es un ejemplo muy pertinente de redes político-económicas ilícitas de excesivo pragmatismo que tienen como único fin el enriquecimiento ilícito y la impunidad», explicó Iván Velásquez, titular de la Comisión.
Velázquez indicó que el objetivo de la Comisión es apoyar y fortalecer a las instituciones en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por estructuras criminales vinculadas con entidades o agentes del Estado.
El organismo destacó que estas estructuras han estado vinculadas a cinco tipos de delitos: corrupción administrativa y judicial, contrabando y defraudación aduanera, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico y lavado de activos y estructuras homicidas de alto poder.
La fiscal Thelma Aldana dijo que estaba muy agradecida por la labor de la Comisión que «contribuye efectivamente a la construcción de un Estado de derecho propio de una democracia».
Guatemala vivió tres meses de protestas entre abril y junio de 2015 luego de que la Comisión y la Fiscalía anunciaron la desarticulación de La Línea, que llevó a la renuncia de Pérez Molina y Baldetti.
El presidente electo Jimmy Morales dijo que la lucha contra la corrupción es una oportunidad que se debe usar para transformar el futuro. «Desde la presidencia tendrán todo el respaldo para seguir luchando contra todo aquello que pone en peligro la seguridad y a la ciudadanía guatemalteca».
