POR REDACCIÓN LA HORA
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La iniciativa de ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 se discute actualmente en el Congreso y se espera que una comisión legislativa dictamine el proyecto, y luego lo envíe al pleno para su aprobación o improbación. En medio de este tema están en juego miles de millones de quetzales de fondos públicos. A continuación, algunas claves para entender cómo se desarrolla este proceso.
1. ¿Qué es el Presupuesto?
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar para cada ejercicio fiscal. Está regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto.
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática, es decir, deben estar detalladas las erogaciones que se realizarán. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.
El presupuesto vigente este año es de Q70 mil 600 millones; fue aprobado el año pasado con 106 votos en una sola lectura y de urgencia nacional por una alianza entre las bancadas Libertad Democrática Renovada (Lider), Partido Patriota (PP) y TODOS.
2. ¿Quién y cómo se aprueba el Presupuesto?
La Constitución establece en el artículo 171 que es responsabilidad del Congreso “aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”.
El presupuesto del próximo año entra en vigencia el 1 de enero de 2016, por lo que la fecha límite para su aprobación es el 30 de noviembre de 2015. Faltan diez días para que se venza el plazo que establece la Ley.
La Carta Magna establece que “el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal”.
La Comisión legislativa de Finanzas y Moneda conoce en primera instancia el proyecto de ley que propone el Ejecutivo, y la socializa con representantes instituciones públicas y privadas vinculadas con las finanzas públicas del país, como tanques de pensamiento, grupos empresariales y organizaciones sociales.
Una vez el proyecto tiene un dictamen favorable por la Comisión, el pleno del Congreso deberá votar para aprobarlo o improbarlo. De acuerdo con la Constitución, el presupuesto puede aprobarse con 80 votos en tres lecturas, o con 105 votos de urgencia nacional, en una sola lectura.
La propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 fue presentada el pasado 2 de septiembre por el ministro de Finanzas, Dorval Carías, y esta contempla un plan de gastos de Q72 mil 430 millones.
3. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el Presupuesto?
“Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso”, señala la Constitución.
El 30 de noviembre es la fecha límite para conocer y aprobar el presupuesto. Si esto no se concreta, el Gobierno de Jimmy Morales tendría serios problemas en el 2016, debido a que entraría en vigencia el presupuesto de 2015, el cual se aprobó a pesar de las anomalías en su contenido.
Uno de los puntos más sensibles es la debilidad en las fuentes de financiamiento, ya que en el presupuesto de 2015 se contemplaron tres impuestos –a la telefonía, cemento y regalías mineras– para generar ingresos, pero la Corte de Constitucionalidad los declaró inconstitucionales.
Sin embargo, también es permisivo ya que no tiene candados –normas que restringen el uso de recursos– y establece asignaciones presupuestarias sin destino específico, que fueron ampliamente criticadas por sectores sociales, contrarios a la idea de dejar en manos del Ejecutivo la discrecionalidad sobre el gasto público.
Además, el Listado Geográfico de Obras del Congreso quedaría intacto.
4. ¿Por qué fue polémico el Presupuesto de 2015?
El Presupuesto 2015 estableció en la Ley de Minería: que las regalías por la explotación de minerales y materiales de construcción subirán a un 10 por ciento.
Además, se estableció un impuesto mensual de Q5 por cada línea de telefonía fija o móvil, y en el caso de centrales de llamadas o líneas concentradoras, el gravamen será de Q100.
También se incluyó una enmienda a la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento, que implicará un pago de Q5 por cada bolsa de 42.5 kilogramos o su equivalente.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también señaló con preocupación la eliminación de la obligación de utilizar Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, dado que estos eran una medida de balance que no permitía hacer movimientos de compra si no existían fondos presupuestados para ellos.
Se contempló, además, la adquisición de deuda interna por más de Q4 mil 827 millones y deuda externa superior a los Q4 mil 480 millones; adicionalmente se incluyó una partida presupuestaria en las Obligaciones a cargo del Tesoro destinadas para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q1,965 millones, pero sin claridad sobre el destino específico de los fondos.
El Programa de Inversión Física, Transparencia de Capital e Inversión Financiera, mejor conocido como “Listado Geográfico de Obras” aprobado dentro del Presupuesto del 2015 contempló un monto de Q14 mil 011 millones 391 mil 015.
5. ¿Qué opina el presidente electo y su equipo económico sobre el Presupuesto?
El pasado 10 de noviembre, el equipo del gobierno electo dirigido por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera decidió retirar su equipo de trabajo de la mesa de análisis que discute el Presupuesto 2016, manifestando que confían en la buena voluntad de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso, para la aprobación del mismo, acorde a las necesidades del país, según lo informó La Hora en su portal web.
En una misiva enviada al Presidente de la Comisión de Finanzas, Leonardo Camey, Morales manifestó: “esperamos que aprueben el Presupuesto del próximo año, tal como lo demandan las necesidades actuales del país”.
El presidente electo agradeció en la carta la apertura del espacio que permitió al partido FCN-Nación presentar una propuesta del presupuesto, conforme al análisis que realizaron en cada uno de los programas presupuestarios.
Morales indicó que la propuesta presentada ante al Congreso muestra una reducción significativa al techo del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones; también señaló que se respetaron las fuentes de financiamiento propuestas por el Ministerio de Finanzas, así como las establecidas en la Constitución y leyes ordinarias del país.
6. ¿Cuál es la propuesta que discute la Comisión de Finanzas?
La Comisión de Finanzas discute una propuesta que se limita a establecer techos presupuestarios para algunos rubros y deja a discreción del Ministerio de Finanzas del Gobierno entrante la distribución de los gastos.
“Nosotros queremos presentar los rubros principales de los diferentes Ministerios, definir lo que es función y lo que es funcionamiento, y pasar a que el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo, el otro año, puedan definir hacia dónde quieren enfocar los recursos. Hay que tener claro que lo que nosotros queremos es darle la herramienta al presidente electo para que pueda gobernar”, explicó el diputado Álvaro González Ricci.
Dicho borrador fue elaborado por González Ricci, Álvaro Trujillo, Salvador Baldizón y Juan José Porras durante discusiones fuera de la Comisión de Finanzas. La propuesta establece un techo presupuestario de Q70 mil millones y se apega a la propuesta realizada por el equipo de FCN en cuanto a las asignaciones a los ministerios.
El proyecto que propuso el equipo del presidente electo se caracteriza por drásticas reducciones a los presupuestos de los ministerios de Gobernación, Comunicaciones y Desarrollo Social. Así como, por la falta de candados o controles sobre los destinos específicos de las asignaciones presupuestarias.
Los diputados mencionados pretenden presentar el dictamen final el próximo lunes, para que éste pueda ser aprobado de urgencia nacional.
7. ¿Cuáles son los peligros de esta propuesta?
Analistas opinan que aprobar un presupuesto que no establezca los detalles de egresos en las instituciones podría contradecir los principios constitucionales, ya que en el artículo 237 establece que el presupuesto: “incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar”, así como que “la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática.”
Dejar el presupuesto en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas podría ser dañino para la transparencia de los recursos, ya que podrían realizarse transferencias arbitrarias y discrecionales entre rubros.
Renzo Rosal, analista político, señala que un presupuesto de esta naturaleza podría ser impugnado ante la Corte de Constitucionalidad, y en el caso de que quedara sin efecto, el Estado deberá funcionar con el presupuesto del año en curso.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, considera que aprobar el presupuesto de urgencia nacional (en una sola lectura) y sin conocerlo plenamente, puede ser una estrategia de corrupción para asegurar la asignación de recursos a ciertas entidades que no pueden ser fiscalizadas.
Bonus: ¿Será suficiente este presupuesto?
Una publicación de La Hora reveló que en los últimos diez años el Estado de Guatemala ha recibido Q474 mil 168 millones; sin embargo, los indicadores apuntan a un aumento en la pobreza extrema, mientras que los avances en educación, salud e infraestructura son mínimos.
En total, los presupuestos de ese mismo periodo suman Q535 mil 898 millones, y según el Ministerio de Finanzas, para financiarlo los guatemaltecos pagaron Q374 mil 505 millones en tributos y otros Q25 mil 207 millones a través de otro tipo de contribuciones. A esto hay que agregar que las finanzas se comprometieron con una deuda de Q74 mil 455 millones en la última década.
¿En dónde se encuentran esos recursos? ¿Qué ha pasado con el estado de bienestar que se ha financiado con el esfuerzo de los contribuyentes?
Expertos y analistas consultados señalaron que la corrupción es un hoyo negro por donde escapan al menos el 29 por ciento de los fondos públicos y cuyas consecuencias afectan directamente las condiciones de vida de la población.
Además, indicaron que para combatir este flagelo, se deben fortalecer las instituciones encargadas de la fiscalización del erario público, tales como la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria.
LEY DE CONTRATACIONES SERÁ GARANTÍA
El pasado martes, con 107 votos, los diputados aprobaron las reformas a la Ley de contrataciones del Estado, que regulará el uso de los contratos abiertos y crea la modalidad de subasta inversa.
Otras reformas fueron las contenidas en el artículo 34, que prohíbe tener contratos con el Estado a cónyuges y parientes dentro de los grados de la ley de los dignatarios de la Nación, funcionarios y empleados públicos, cuando los contratos deben celebrarse con las entidades en las que estos últimos laboran.
Además, se prohíbe ser contratistas a los financistas de partidos políticos en el proceso electoral inmediato anterior al período presidencial o de la legislatura en curso, y cuyo monto de aporte haya sido mayor a Q30 mil.
La diputada Nineth Montenegro, una de las ponentes del proyecto de reformas, manifestó que la Ley será una garantía de transparencia para el presupuesto, ya que deberá ser aplicada al proyecto que se discute actualmente en la Comisión de Finanzas.
