JAVIER ESTRADA TOBAR
jestrada@lahora.com.gt
Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reconoce que los golpes a los grupos criminales no implican su desaparición, porque sin las acciones propias del Estado, las estructuras se reorganizan. De esa cuenta, señala que es imprescindible que la ciudadanía y las instituciones se organicen y sean artífices de reformas estructurales en el Estado, y así combatir al sistema perverso que permite la corrupción y la impunidad.
L.H.: En los últimos meses hemos visto de la CICIG un combate decidido contra estructuras de corrupción en el Estado, que tiene resultados visibles. Ahora, ¿cree que la ciudadanía y las instituciones guatemaltecas están haciendo su parte en este esfuerzo?
I.V.: Veo al Ministerio Público totalmente comprometido en este esfuerzo. En el Organismo Judicial también hay una respuesta positiva y un mayor compromiso en la misma dirección. Pero es necesario hacer una evaluación de todas las instituciones que están en el sistema de justicia para definir de qué manera están, no solo con el compromiso, sino con el nivel de institucionalización adecuado y fortalecimiento que se requiere. Hay temas que preocupan y muestran una actitud tradicional del Estado frente al sistema de justicia, que es también una actitud frente a la impunidad, particularmente, la poca atención que se ha prestado al Ministerio Público y al Organismo Judicial.
Que el Ministerio Público tenga presencia solo en el 10 por ciento del territorio me parece que es muy grave y revela esa actitud que menciono. Aprovechando todo esto que se ha generado a partir de la reacción ciudadana, de las investigaciones que se han venido adelantando y ese espíritu nuevo y de cierto optimismo, espero se pueda llegar a elaborar un plan de trabajo, de proyectos que desarrolle el Estado guatemalteco, en la vía del fortalecimiento del sistema de justicia.
L.H.: Usted preguntaba en su cuenta de Twitter, hace unas semanas, ¿qué ha cambiado en Guatemala en los últimos 6 meses, del 25 de abril al 25 de octubre del 2015? Esa pregunta se la planteo yo a usted. ¿Qué ha cambiado?
I.V.: Algo en lo que todos estamos de acuerdo es en el despertar de la sociedad. ¿Qué ha cambiado a partir del 25 de abril, y precisamente con esa primera manifestación? Podría decir que hay una sociedad que está dispuesta ahora a ser vigilante de la gestión pública, que está interesada en participar más en lo público. Lo que ocurre es que esa reacción espontánea, que significó no haber sido manipulada por ningún sector o utilizada para cualquier fin particular, ahora es necesario transformarla en organización. Estamos en un ambiente diferente, pero éstas solo son percepciones. Ahora, para llegar a realidades, se necesita organización.
Me parece, por ejemplo, que todo lo que permitió el impulso de reformas, y que constituyó la Plataforma para la Reforma del Estado, que lideró la Universidad de San Carlos, o Ciudadanos contra la Corrupción, el otro movimiento surgiendo al calor de los acontecimientos que se venían sucediendo desde abril, o movimientos ciudadanos en torno a #JusticiaYa o similares, creo que es necesario que se reactiven, es decir, que vuelvan a expresarse, pero de una manera mucho más organizada, porque la tarea de la lucha contra la corrupción no está concluida.
Esto fue apenas el inicio de un proceso que tiene que ser mucho más profundo. Las estructuras que tradicionalmente han estado en el país, en muchos casos enraizadas en sectores del Estado, requieren continuar en la tarea de identificación y desarticulación, y requieren de una sociedad siempre vigilante y que reclame, para impedir que las estructuras se recompongan en la medida en que van siendo desarticuladas.
Hay que tener la convicción, desde la sociedad en su conjunto, que la acción de la justicia contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, pero que no basta por sí misma, pese a que es indispensable. Como hemos reclamado tantas veces, cuando se logra un éxito en la investigación al identificar y desarticular una estructura, por ejemplo, vinculada con el seguro social, o vinculada con el Sistema Penitenciario, es necesario que el Estado actúe prontamente para impedir que (los grupos) se reorganicen y que la sociedad esté atenta para lo mismo, para vigilar de manera constante las instituciones. Aquí realmente estamos empezando un trabajo que requiere mucha participación ciudadana y mucho compromiso también de Estado.
“Hemos insistido en la necesidad de una ciudadanía mucho más activa y exigente, pero también que proponga” – Iván Velásquez.
“El Presidente tiene que liderar igualmente un proceso de esta naturaleza y los congresistas tienen que saber cuál es el tiempo de hoy y cuáles son las exigencias del tiempo de hoy. Que todo eso pueda confluir es la única manera como se puede empezar a avanzar en este camino.”- Iván Velásquez.
“No podemos formarnos la ilusión o tener la ilusión que la corrupción va a ser cortada de raíz. Tenemos que trabajar permanentemente en esa lucha contra la corrupción”- Iván Velásquez.
“Siempre que exista la confianza de quienes aspiran a una sociedad mejor en que yo estoy actuando con responsabilidad y con honorabilidad, yo sigo, sin importar la intensidad ni la gravedad de esos ataques”- Iván Velásquez.
L.H.: Usted hablaba de la recomposición de las estructuras. Desde que se le da un golpe a una estructura criminal de corrupción o de otra índole, ¿qué tanta facilidad o capacidad tienen para reorganizarse?
I.V.: Ya hemos visto el caso del Sistema Penitenciario, donde no se solucionó precisamente la corrupción, y la exigencia de dinero para obtener algunos beneficios, incluso los mínimos que debería garantizar el propio Sistema Penitenciario, aún continúa. Tras lo que se logró en Izabal con el grupo de Haroldo Mendoza, el Estado no ocupó el vacío transitorio que dejó esa estructura y las informaciones que tenemos es que rápidamente se reorganizó y continúa en su actividad.
El que la estructura La Línea haya sido identificada y desarticulada, no significa que esa modalidad de defraudación haya desaparecido. Por el contrario, hemos tenido conocimiento también que mucho más atomizada, pero ese mecanismo de corrupción sigue funcionando y eso es responsabilidad del Estado.
L.H.: En el mundo y Guatemala no es la excepción, a veces, las investigaciones se detienen en mandos medios porque quien conduce las investigaciones repiensa las consecuencias de atacar a los más poderosos. ¿Qué ha pasado por la cabeza de Iván Velásquez conforme ha ido averiguando quiénes están detrás de las grandes estructuras que operan al margen de la ley?
I.V.: No hemos pensado en las consecuencias. Cuando se hace la investigación de La Línea, y se encuentra en el primer momento al Secretario Privado de la Vicepresidencia (Juan Carlos Monzón), con muchos indicios de que también podría estar comprometida la vicepresidenta (Roxana Baldetti), continuamos en la tarea de investigación. Los allanamientos y muchas otras tareas de investigación que se continuaron desarrollando después del 16 de abril estaban ya acercándose a la Vicepresidenta, y luego en el contexto empezamos a examinar la participación del Presidente… mirar consecuencias hubiera podido significar no continuar con la investigación, porque la CICIG podría desaparecer. Cuando se afectan sectores de poder, es decir en general, las investigaciones que hemos venido adelantando conjuntamente con el Ministerio Público demuestran que no nos detenemos en los mandos medios, que quienes resulten involucrados o comprometidos en una estructura son igualmente vinculados, es decir, que hacemos realidad esto que muchas veces la Fiscal General y yo hemos dicho con muchos sectores sociales: “Nadie está por encima de la Ley”, y lo hemos podido demostrar con muchas de las investigaciones que hemos venido adelantando.
L.H.: Recientemente la exvicepresidenta Baldetti, detenida por la justicia, se quejó de las deficiencias del Hospital San Juan de Dios. Los casos de CICIG están desnudando la corrupción, pero también sus efectos. ¿Qué papel debe jugar el ciudadano para atacar los efectos de la corrupción?
I.V.: Por eso insistimos en que la ciudadanía debe ser mucho más activa y participar en el control, la vigilancia y la veeduría, porque es además la que está en contacto directo y permanente con esa realidad que padecen, como en el tema de salud, pero también en los municipios. Los habitantes de un municipio tienen la posibilidad de tener conocimiento directo y permanente, por ejemplo, de la ejecución de una obra pública. Por ejemplo, ellos pueden ejercer como veedurías cívicas o ciudadanas, un control respecto de la ejecución de obra pública. En temas de salud, igualmente; cuando, por ejemplo, en un hospital o en un área de salud hemos empezado a hacer algunas verificaciones, vemos que grandes recursos se están dedicando para el pago de personal que no trabaja, lo que conocemos como plazas fantasma. La comunidad, los usuarios y los vecinos pueden contribuir para identificar todos esos focos de corrupción, en todos los niveles. Yo creo que es indispensable la presencia, actividad y energía ciudadana, pero organizada para ejercer una verdadera veeduría cívica.
L.H.: A pesar de los avances de los últimos meses con casos de alto impacto, el sistema perverso que da lugar a la corrupción y la impunidad sigue intacto. ¿Qué cambios sustanciales faltan en el Estado?
I.V.: Desafortunadamente, creo que ha transcurrido mucho tiempo sin que el Congreso haya reaccionado. Hubo ese momento inicial en que se conformaron unas mesas específicas de trabajo en el Congreso, pero todavía estamos esperando el dictamen de la Corte de Constitucionalidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que sufrió unos cambios no muy positivos en la Comisión del Congreso, y que luego fueron presentados así al pleno, pese a que hay algunos elementos que hubiera sido muy importante que se hubieran conservado del proyecto inicial presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Con la Ley de Compras y Contrataciones estamos también a la espera, y con la Ley de la Carrera Judicial. Es decir, todavía estamos a la espera de muchas reformas legales. Hay una necesidad de empezar a plantear el tema de la reforma constitucional del sistema de justicia. Una de las necesidades urgentes del país para garantizar la independencia judicial es profundizar en la carrera judicial y para eso solo la reforma constitucional es factible. Estamos en ese momento en el que se producen los actos investigativos que demuestran una realidad o que permiten confirmar en muchos sectores sociales las sospechas que se tenían respecto de inadecuados funcionamientos o de organizaciones delictivas o de actos de corrupción, en fin, una reacción ciudadana frente a esto, un impulso a reformas legales, pero luego la elección del nuevo Gobierno, la espera a que ese nuevo Gobierno inicie, un reclamo de vigilancia ciudadana a la acción de ese nuevo Gobierno, el Presidente electo afirmando que él está de acuerdo con las expresiones ciudadanas y que le parecen muy recomendables, y que gobernará con la ciudadanía, pero todavía no hay elementos concretos que permitan asegurar que este cambio que se ha venido dando en el país pueda consolidarse y que sea duradero, como es la necesidad. Es decir, que sea más intenso, más profundo y duradero.
“Hay temas que preocupan y muestran una actitud tradicional del Estado frente al sistema de justicia, que es también una actitud frente a la impunidad, particularmente, la poca atención que se ha prestado al Ministerio Público y al Organismo Judicial”
“Creo que la posición también en la que me encuentro en Guatemala me permite ese mayor nivel de objetividad, ya que no tengo esos lazos que pudieran generar un compromiso con nadie”
L.H.: Eso es lo que preocupa. Usted señaló en un informe los vicios de la Ley Electoral y el Congreso votó por reformas a medias. La CICIG también impulsó cambios en leyes judiciales, pero la Corte Suprema planteó su propia iniciativa y su momento. El Ejecutivo le cortó las alas con la reforma al sector justicia. ¿Estamos frente a propuestas de cambios superficiales y qué tanto cree usted que quienes pueden lograrlo, desean que Guatemala cambie?
I.V.: Ese es el papel, precisamente, de la sociedad. Hemos insistido en la necesidad de una ciudadanía muchas más activa y exigente, pero también que proponga. Es lo que decía sobre el movimiento de Ciudadanos contra la Corrupción, de la Plataforma para la Reforma del Estado y de movimientos sociales universitarios que se han presentado en el transcurso de estos meses, pero es indispensable que todos esos confluyan y que se planee y se organice una incidencia social. Quienes han estado usufructuando las ventajas de la corrupción, y quienes se benefician con una determinada situación del país que afecta los intereses generales, no van a estar interesados en impulsar o en participar en grandes reformas. Precisamente por eso se requiere la gran participación ciudadana en ese camino.
L.H.: Pero para ese despertar ciudadano nos tomó mucho tiempo. Para que esta ciudadanía pase a la acción, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? no podemos esperar mucho tiempo más.
I.V.: Eso es algo en lo que usted y su familia también tienen responsabilidad, y sus amigos, sus vecinos, y los estudiantes, y las familias de los estudiantes. Es decir, cuando hablamos siempre en términos de “esperar” es como “esperar” a que otros hagan, y lo que se necesita es que todos se comprometan. Es lo que he dicho siempre cuando me preguntan por la satisfacción que pueden producir los apoyos o por la importancia que pueden producir estos reconocimientos a la actividad de la CICIG y del MP. Yo digo que son muy importantes, nos ayudan bastante, pero no son apoyos, sino compromisos, pero compromisos de acción los que se requieren en un proceso transformador. ¿Quién va a aglutinar todo eso? ¿Qué sectores van a comenzar a marcar un camino en ese propósito? No sé, pero lo que sí sé es que sin esa decidida participación ciudadana, la transformación realmente es complicada.
L.H.: El presidente electo, Jimmy Morales, hace solo unos días decía a La Hora que él no puede hacer más que manifestar su apoyo a las reformas. Es decir, no hay compromiso para desnudar el sistema que nos lleve a hacer cambios. ¿Tendrá que ser la CICIG entonces quien siga liderando este esfuerzo o cómo lo visualiza usted?
I.V.: Nosotros, en lo que nos corresponde y está dentro de nuestro mandato, seguimos con el propósito de contribuir a la mayor solidez institucional, y eso es un compromiso porque es una parte de nuestro mandato.
En la medida en que el nuevo Gobierno asuma, es necesario que frente al Congreso exista una manifestación desde la sociedad y también desde el Ejecutivo. El Presidente tiene que liderar igualmente un proceso de esta naturaleza y los congresistas tienen que saber cuál es el tiempo de hoy y cuáles son las exigencias del tiempo de hoy. Que todo eso pueda confluir es la única manera como se puede empezar a avanzar en este camino.
Desde hace mucho tiempo, tal vez desde que llegué a Guatemala, he reivindicado el muy importante papel que tiene la ciudadanía en todos los procesos. Uno de esos papeles es el ejercicio de la veeduría, no solo respecto al Ejecutivo, sino también veeduría con respecto a todos los órganos del Estado, igual con el Legislativo, igual con el Judicial, con la actividad del Ministerio Público y con nuestra propia actividad. Cuando algunas personas hacen reclamos de “por qué la CICIG no está en este (caso)”, “por qué no se ha hecho esto”, me parece muy positivo. El hecho de que ya las personas estén pensando: “Aquí hay otro foco que se debería eliminar, aquí hay otra estructura que se debería desarticular”. Eso me parece muy saludable.
Entonces, que se actúe con ese propósito de examen de control de vigilancia, pero también de una mayor participación, por ejemplo, en la discusión de cuál es el sistema de justicia que Guatemala requiere, que esto no es solo una reflexión de los jueces, que es también es de los destinatarios del sistema de justicia. La manera en cómo se ejecutan los contratos en general, cómo se hacen la compras y adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado, que hayan entidades especializadas, esa preocupación de la revisión de la situación actual y la propuesta de normas que mejoren esos mecanismos. También, por ejemplo sectores de consumidores, asociaciones de consumidores que pueden reclamar como ocurre en muchos países y que he visto aquí también algunas manifestaciones. Es decir, esto no es solo una actividad específica desde un órgano o unas personas específicas. Esto tiene que convertirse en un verdadero propósito nacional. Algo que también he resaltado es la manera de una sociedad que ha sido tradicionalmente fragmentada, fragmentaria, desconfiada entre sus propios componentes, reflejada en organizaciones sociales que no confiaba lo suficiente en otras organizaciones, personas que no confiaban en otras, y cada uno casi que por su lado, y aún con propuestas semejantes en algunos temas, pero no se unían… la lucha contra la corrupción sirvió como aglutinante, como un propósito común que fue uniendo a una nación y ahí entendido eso que todos con ese propósito común de lucha contra la corrupción y eso es lo que requiere el país, unirse en torno a propuestas específicas que son de interés de todos, que merecen el aporte, el esfuerzo de todos y la lucha de todos.
L.H.: Mientras llegan esas reformas estructurales, ¿cómo combatir la corrupción? Y pregunto esto porque varios jueces y magistrados han sido presionados o perseguidos por afectar intereses de grupos de poder. ¿Cómo apoyarles?
I.V.: Creo que hay una contribución importante que se ha venido prestando desde el Organismo Judicial, considerado en su conjunto; hay una preocupación por la corrupción en varios sectores de la justicia y por eso tiene que haber un compromiso. Ya lo han expresado el anterior Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente actual, su compromiso también en la lucha contra la corrupción interna. Hay que buscar mejores mecanismos y esa es, por ejemplo, una de las propuestas que está en el proyecto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial. Yo creo que en la medida en que van avanzando las cosas en el país, en la medida en que se va demostrando (la corrupción) a partir de las investigaciones, de la reacción ciudadana, a medida que todo esto va a avanzando y se va fortaleciendo, también un mayor número de personas se va vinculando a este proyecto colectivo y que finalmente, y es a lo que hay que aspirar, todos los que tengan que aportar se vinculen a este proyecto. Y es un proyecto que irá excluyendo también a los que son obstáculo en ese propósito común. Pero esos son procesos sociales y los procesos sociales no son ni de un día, ni de un mes, ni de una persona, son procesos que la sociedad tiene que asumir y van surgiendo liderazgos en la sociedad y eso es también muy importante, liderazgos que la gente identifica más con intereses generales que con intereses sectoriales o personales y ese es un proceso de construcción. Yo soy optimista sobre el futuro de Guatemala.
L.H.: Hay indicios suficientes para asegurar que la corrupción está inmersa en todas las instituciones del Estado. Ya se empezó a combatir este problema. La cuestión es, ¿Cuándo se terminará?
Es una constante… la corrupción, como se ha demostrado en países avanzados, altamente desarrollados, con sistemas democráticos fuertes, y sin embargo, también con focos de corrupción que pronto aparecen. Es decir, no podemos formarnos la ilusión o tener la ilusión que la corrupción va a ser cortada de raíz. Tenemos que trabajar permanentemente en esa lucha contra la corrupción. Va disminuyendo porque es el propósito y la finalidad, van disminuyendo estructuras dedicadas a la corrupción y se va además formando esa sociedad vigilante, de manera que en la medida en que vayan surgiendo nuevas estructuras de corrupción, nuevas estructuras criminales en general puedan ir siendo controladas de manera más inmediata. Lo que ocurre es que en Guatemala, como en tantos países latinoamericanos, la corrupción se enseñoreó y se apoderó, y deja de ser un tema coyuntural para volverse a un problema estructural. Entonces, si la corrupción es un problema estructural, ¿qué es lo que necesitamos para poder dar un paso adelante en ese combate? Ese debe ser un motivo debe ser de reflexión de amplios sectores ciudadanos.
L.H.: Ejecutivo, diputados, algunas alcaldías, entidades descentralizadas y sector privado son algunos grupos ya golpeados por las investigaciones de la CICIG, pero muchos creemos que hacen falta algunos casos. ¿Nos equivocamos?
I.V.: Yo creo que falta mucho por hacer. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido realmente muy importante porque ha permitido generar toda esta reacción social que es tan, tan importante, que es realmente impresionante, como lo han reconocido además todos los países, no solo de la región centroamericana, sino latinoamericana. Pero estas son apenas pequeñas acciones frente a la complejidad de ese fenómeno estructural. Por eso es que no podemos engañarnos, ni que la corrupción sea problema de un Gobierno, ni que las acciones realizadas han acabado con la corrupción.
Estoy de acuerdo con esa visión. En todo lo que hemos hecho hasta ahora es necesario profundizar. Si uno ve, por ejemplo, el tema de medicamentos, lo que se hizo en la última investigación de la CICIG, es una parte que creo que es importante, pero no es definitiva, y eso además, no solo tiene que profundizarse en la investigación, sino que también requiere acciones del Estado en el tema de las compras directas, de las compras por excepción. Ese es un problema que en el tema de los medicamentos específicamente ha demostrado qué tan perverso ha sido y eso requiere una transformación, y requiere además de una decisión inicial de los directivos de las instituciones públicas que adquieren medicamentos. De decir: “si esta es una forma (de actuar) de nosotros, se podría plantear de esta manera”, ¿qué es lo que hemos logrado en el último año de trabajo de la CICIG en esta acción coordinada con el Ministerio Público? Mostrar deficiencias, sectores, aspectos, no la totalidad del problema y entonces decimos: en el Sistema Penitenciario hay una forma de funcionamiento que permite que una organización venda beneficios, unos ilegales e inclusive unos legales; hemos encontrado que en el sector salud hay una adquisición de medicamentos que se han manipulado de esta forma o que hay unas contrataciones que se han hecho de esta otra forma; o que en Migración se han presentado tales formas de proceder. En fin, en todos los aspectos en que la investigación se ha ocupado. Pero ese señalamiento, que no significa agotar la investigación, es en esa medida, solo una porción del fenómeno considerado en su integralidad, esa tiene que ir acompañada de las otras acciones. Es lo que tanto insisto. La justicia no transforma la calidad (de vida), la justicia no va a convertir el Estado en un Estado social y de derecho, como debe de ser y como es la tendencia universal, pero sí contribuye en la medida en que va develando esos vicios y esos vacíos que tienen que ser suplidos por otros órganos del Estado y por el trabajo conjunto con la sociedad. Ese yo creo que es el importante aporte que hemos venido realizando.
L.H.: Su trabajo en los últimos meses le ha hecho ganar muchos apoyos de la ciudadanía, que hasta le ha calificado como un héroe, pero ¿qué pasa con sus enemigos? Ya tenía varios y ahora seguro que tiene más. ¿Cómo encara eso y se teme alguna campaña de desprestigio en su contra?
I.V.: Eso ha sido un procedimiento normal de quienes se sienten afectados con las investigaciones. En lugar de defenderse buscan cómo se descalifica al investigador; en lugar de asumir su responsabilidad, tratan de afectar al órgano que está adelantando esas actuaciones. Pero es también un procedimiento al que yo estoy acostumbrado, no digo curado, pero lo padecí bastante en Colombia. No es algo que me atemorice o que me impida continuar con decisión en el trabajo que se desarrolla. Yo he dicho en general a campañas de desprestigio, y fue lo que ocurrió en Colombia, en Colombia hubo testigos falsos que pretendieron involucrarme en actos irregulares. Y yo decía: “siempre que exista la confianza de quienes aspiran a una sociedad mejor en que yo estoy actuando con responsabilidad y con honorabilidad, yo sigo, sin importar la intensidad ni la gravedad de esos ataques”. Afortunadamente en Colombia se ha podido ir demostrando de qué manera se realizaron esos montajes o de qué manera se desarrollaron labores de persecución desde el organismo de inteligencia del Gobierno.
De manera que en la realidad de Guatemala, y sé que en el pasado ha habido también procedimientos de esa naturaleza de tratar de desprestigiar, para deslegitimar investigaciones y personas, que no me preocupa, yo actúo con responsabilidad, trato de ser también siempre muy objetivo. Creo que la posición también en la que me encuentro en Guatemala me permite ese mayor nivel de objetividad, ya que no tengo esos lazos que pudieran generar un compromiso con nadie, no obstante ya conocí muchas personas en el país, muchas organizaciones.
Y esperemos al futuro, cómo se van desarrollando las cosas y cuál es la táctica que pretendan emplear sectores que yo no digo enemigos, porque en esto naturalmente uno consigue muchas personas que desearían lo peor para uno, pero como ese no debe ser un motivo de preocupación, porque no genera sino amarguras. Yo he dicho: “que cada uno se lama sus heridas”.
“Hay una sociedad que está dispuesta ahora a ser vigilante de la gestión pública, que está interesada en participar más en lo público (…) esa reacción espontánea, que significó no haber sido manipulada por ningún sector o utilizada para cualquier fin particular, ahora es necesario transformarla en organización.”
“Una de las necesidades urgentes del país para garantizar la independencia judicial es profundizar en la carrera judicial y para eso solo la reforma constitucional es factible.”
