POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La Procuraduría General de la Nación convocó para el próximo lunes a autoridades de los ministerios de Salud, Finanzas, Trabajo, Agricultura así como del Congreso, la Oficina Nacional de Servicio Civil –Onsec- y la Contraloría General de Cuentas, con el fin de conformar una mesa interinstitucional que evalúe los impactos que tienen los beneficios económicos contemplados en pactos colectivos en las entidades públicas, ya que algunos podrían atentar contra los intereses del Estado.
María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, informó esta mañana que la semana entrante se tiene prevista una reunión con representantes de diferentes instituciones para analizar la lesividad de los últimos pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos en el Congreso y los ministerios de Agricultura –MAGA-, Educación –Mineduc- y Salud Pública –MSPAS-, ante los constantes cuestionamientos sobre cláusulas y disposiciones abusivas, gravosas y dañinas a los intereses del Estado.
Según la entrevistada, lo que se busca es instalar una comisión gubernamental que no solo examine el carácter financiero, económico y presupuestario de estos acuerdos sino además, trace la ruta para la renegociación de nuevos pactos con los trabajadores, ajustándose a las capacidades reales de las respectivas instituciones y otras consideraciones financieras, legales y de probidad que se deberían de requerir para honrar estos compromisos, duramente criticados por privilegios y excesos.
“El primer pacto que se evaluará será el de Salud y como PGN ya emitimos un dictamen sobre el reglamento de viáticos y hoy se le enviará al ministro de Salud. Aclaro que no estoy en contra de que los trabajadores obtengan beneficios, mejores salarios y prestaciones, pero hay que revisar aquellas cláusulas perjudiciales tomando en cuenta que el Estado atraviesa una crisis económica y que cuando se suscribieron, estos pactos no contaron con informes de disponibilidad financiera”, dijo Villagrán.
En ese sentido, Mariano Rayo, recién nombrado jefe de la cartera salubrista, respondió que el pacto colectivo firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y el exministro Jorge Villavicencio, estuvo vigente hasta el 12 de septiembre de este año por lo que se procurará que en una nueva discusión, las condiciones pactadas estén apegadas a la ley y que se considere la integralidad de un pacto de esta naturaleza.
De igual modo, no descartó que se puedan iniciar acciones legales para deducir responsabilidades a los funcionarios que autorizaron este convenio en 2013, si se logra constatar fehacientemente que contiene ilegalidades.
“Nos vamos a apegar a las instrucciones del Presidente en cuanto a una negociación transparente entre las partes que tienen que negociar. Lo que buscaremos es que cualquier acuerdo se apegue a la ley, a la Constitución, a los convenios internacionales y a la capacidad financiera real del Estado para poder honrar estos compromisos”, acotó el funcionario.
En tanto, el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, reconoció la falta de recursos en la cartera para cumplir con las obligaciones del pacto colectivo el próximo año, pero aseguró estar dispuesto a instalar una mesa de diálogo con los maestros para encontrar soluciones a sus demandas.
