POR REDACCIÓN LA HORA*
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja en conjunto con el Ministerio Público, es una figura clave para desarticular estructuras criminales en el país. Hoy, de nuevo es el centro de atención en el escenario nacional con la causa contra el que hasta hoy era el presidente de la República, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por su presunta implicación en el caso La Línea.
La CICIG es una entidad sin precedentes perteneciente de Naciones Unidas y ha llevado adelante numerosas investigaciones en el país.
Alcanzó su mayor incidencia y se convirtió en una instancia de renombre en su defensa del Estado de Derecho durante su actual mandato (2013-2015).
Por eso, el trabajo de la CICIG despertó incomodidad entre varios grupos de poder, especialmente en el Gobierno, al punto que Pérez Molina y Baldetti -cuando aún estaban en el poder- daban a entender que la Comisión no era necesaria y no parecían anuentes a extender el mandato en el país
No obstante, la visión de Estados Unidos era otra. Después que el vicepresidente estadounidense Joseph Biden viajara a Guatemala, en marzo pasado, para reunirse con los mandatarios Otto Pérez Molina, Salvador Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández de El Salvador y Honduras respectivamente, para abordar detalles sobre el Plan de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, el vicemandatario estadounidense hizo un llamado para continuar con los procesos para combatir la corrupción y la importancia de la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Vicepresidente de Estados Unidos fue enfático al responder a la siguiente pregunta ¿En algún momento, Estados Unidos pondrá como condicionante al plan la renovación de la CICIG? “Absolutamente. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”.
Finalmente, Pérez Molina cedió y pidió la ampliación del mandato. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió el 21 de mayo la carta que confirmó la aceptación de la Organización de las Naciones Unidas para la extensión del mando de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por un período adicional de dos años, a partir del 4 de septiembre de 2015, informó la Cancillería.
A continuación, una breve descripción de los orígenes e integrantes de CICIG.
¿Cuál fue el contexto de su creación?
Tras el fin del conflicto armado interno (1960-1996), la actuación de grupos criminales fuertemente organizados persistía en Guatemala. La pronunciada ineficacia del sistema judicial veía, además, proliferar el crimen organizado. Cuando el país vivió una ola de ataques contra defensores de derechos humanos en 2002, una serie de ONG se nuclearon para reclamar la creación de una instancia de investigación. El pedido fue presentado por el gobierno de Guatemala ante el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de la ONU, lo que tras los debidos procesos derivó en la creación de la CICIG.
¿Cuándo se fundó?
La CICIG fue fundada en 2006 por la ONU y el gobierno liderado por Óscar Berger (2004-2008) para actuar contra organizaciones clandestinas de seguridad e investigar sus estructuras, modos de financiación, vínculos con el Estado. La Comisión también colaboraría en la desarticulación y en el procesamiento de esos grupos, en particular de aquellos infiltrados en el sistema judicial.
¿La CICIG tiene facultad para procesar?
No. La Comisión puede llevar adelante investigaciones, pero los procesamientos judiciales son responsabilidad del Estado nacional.
¿Quiénes la integran?
Es presidida desde 2013 por el magistrado colombiano Iván Velásquez, de conocida trayectoria por su lucha contra la impunidad y el paramilitarismo en Colombia. Cuenta, además, con unos 150 funcionarios, la mitad de ellos extranjeros.
¿Cómo se financia?
A través de contribuciones voluntarias internacionales que son administradas por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala.
¿Existe como organismo permanente?
No. Su mandato, aprobado inicialmente por un período de dos años, fue extendido sucesivas veces a pedido del gobierno de Guatemala.
Principales áreas de acción:
La CICIG opera a nivel criminal y judicial en colaboración con entes públicos.
En el área criminal: respalda a organismos estatales en la investigación de grupos ilegales que puedan tener vínculos con el Estado o que bloqueen su funcionamiento independiente. Sus áreas de acción son la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la observación de regímenes disciplinarios judiciales, la corrupción.
En el área judicial propone reformas, provee asistencia técnica y trabaja en estrecha cooperación con el Ministerio Público y la policía civil.
Antecedentes de acción:
La Comisión colaboró en el caso contra el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), que fue extraditado y sentenciado en Estados Unidos por desfalco y lavado de dinero.
Cooperó en el esclarecimiento del asesinato en 2009 del abogado Rodrigo Rosenberg, que un día antes de ser baleado había grabado un video en el que vinculaba su posible muerte a un caso que involucraba al por entonces presidente Álvaro Colom y su esposa, Sandra Torres.
La Comisión también ha presentado numerosas iniciativas legales como una propuesta de reforma Constitucional, un proyecto ya promulgado para regular los servicios de seguridad privada y diversos informes sobre financiamiento de partidos políticos, observación de comisiones estatales, explotación de personas e impunidad.
Críticas:
Algunos colectivos sostienen que la CICIG fue creada para garantizar la estabilidad del país por el bien de los intereses económicos de empresas extranjeras.
En 2014, luego de que la Comisión desmantelara una estructura del crimen organizado dentro del Sistema Penitenciario, el presidente Otto Pérez remarcó que no solicitaría a la ONU una nueva ampliación por otros dos años del mandato de la CICIG. Este aviso generó una serie de reacciones contrarias entre el cuerpo diplomático y grupos de derechos humanos.
Carmen Aída Ibarra, activista, comentó en 2014 que antes de los hechos descubiertos en Presidios «muchos daban a la CICIG como una entidad fallida».
Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala durante el gobierno de Berger, excandidato a la secretaría general de la OEA y principal impulsor del proyecto de la CICIG, dijo ante una consulta de dpa sobre la incidencia actual de éste órgano: «Esta CICIG de Iván Velásquez es la que encontró el balance correcto entre el vigor y rigor del cumplimiento de su mandato, para no extralimitarse a cosas que no le competen, pero cumplir con el mandato que se pactó, que es apoyar al Ministerio Público (fiscalía) a descubrir estas redes mafiosas y tratar de erradicarlas. Yo estoy absolutamente convencido de que sin la labor de la CICIG y sin Iván Velásquez al frente de la CICIG nuestra institucionalidad no hubiera logrado lo que logró».
*Con datos e informaciones de agencias.
EL ORIGEN
En la ciudad de Nueva York, el 12 de diciembre de 2006, el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas firmaron el acuerdo que le daba vida a la CICIG.
Casi un año más tarde este fue ratificado por el Congreso de Guatemala, el 1 de agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al Comisionado Carlos Castresana para estar al frente de la CICIG. Sin embargo, antes de constituirse como tal, se pretendía crear otra institución similar, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs).
Esta propuesta fue presentada por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, (CALDH); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, (CIIDH); el Grupo de Apoyo Mutuo, (GAM), la Fundación Myrna Mack, (FMM); la Fundación Rigoberta Menchú Tum, (FRMT); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, (IECCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG), y Seguridad en Democracia, (Sedem).
Después de debates y una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Ciciac, pero durante su paso por la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, esta cambió en 2006. Su nuevo nombre fue: CICIG.
TRES OBJETIVOS
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:
Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución «La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo» (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo «de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten».
