POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
La Municipalidad de Guatemala muestra hermetismo respecto a informar sobre la ejecución presupuestaria mensual, fideicomisos, contratos, transferencias, concesiones, pago de planilla, compras y otros gastos durante la gestión del alcalde Álvaro Arzú. Diario La Hora intentó, infructuosamente, conocer el detalle de los ingresos y egresos financieros en la actual administración, ya que la comuna capitalina no solo se resiste a entregar este tipo de documentación, sino además no cuenta de oficio en su página web con la información sobre los recursos que administra en clara violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en el Congreso en 2009, para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de conocer detalles de diversos temas de trascendencia social, entre ellos, la forma en que el Estado maneja el presupuesto de la Nación.
Esta normativa incluye como sujetos obligados a atender las peticiones a entidades de gobierno y aquellas que ejerzan funciones públicas, como municipalidades, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos.
Dado que Guatemala es considerado en distintos rankings mundiales, como un país con altos niveles de corrupción, para algunos expertos en el tema es vital fomentar ese derecho pese a que instituciones como la Municipalidad de Guatemala, veda el derecho de la ciudadanía a auditar y exigir cuentas pues no cumple con la obligatoriedad de mantener “actualizada y disponible” la información relacionada a los fondos que ejecuta, tanto en su sede central como en su portal electrónico.
NIEGAN INFORME
La Municipalidad de Guatemala muestra hermetismo respecto a informar sobre su ejecución presupuestaria, fideicomisos, contratos, transferencias, concesiones, pago de planilla, compras y otros gastos durante la gestión del alcalde Álvaro Arzú.
Diario La Hora intentó, infructuosamente, conocer el detalle de los ingresos y egresos financieros en la actual administración. La búsqueda se hizo por medio de la Unidad de Comunicación Social y de la Unidad de Información Pública de la comuna el pasado 11 de agosto, pero pese a ser información pública de oficio, no fue entregada hasta el cierre de esta edición.
Este vespertino requirió antes la información vía telefónica, en primera instancia, con el vocero de la alcaldía, Carlos Sandoval, quien en su momento indicó estar ocupado y luego ya no respondió las insistentes llamadas y los mensajes a su teléfono celular.
Como se mencionó, la solicitud por escrito se hizo el pasado martes 11 de agosto en la Unidad de Información Pública de la Municipalidad, donde se indicó que se comunicarían al día siguiente a esta Redacción, pero hasta el lunes 24 , a las cinco de la tarde, no se había recibido llamada o correo electrónico alguno.
Nuevamente se intentó contactar a los funcionarios, pero nadie respondió al PBX 2285-8000 ni a la extensión de Comunicación Social durante la tarde.
En la sede central de la comuna capitalina, uno de los encargados de la Unidad de Información Pública que pidió no ser citado en este material, informó que la solicitud ya estaba en trámite en la mini agencia ubicada en la 15 avenida 3-66, zona 13, pero que tenía una duración de 10 días hábiles.
De hecho, advirtió que si la información era muy extensa se podía pedir una prórroga de 10 días más. Pese a que se le indicó que esta información debía estar de oficio en la sede en mención o en el portal electrónico www.muniguate.com según la Ley de Acceso a la Información Pública, afirmó que sólo reciben las solicitudes de la ciudadanía.
“La obligación nuestra es recibir la solicitud, pero la información no está acá, sino que la maneja cada dependencia, por ejemplo de fideicomisos, catastro, Emetra, etcétera. Cuando ya la tienen nos la envían o piden una prórroga, por lo que la ley nos da la facultad de ampliar por 10 días más, para que sigan recabando los datos y se le notifica al interesado”, expresó la fuente anónima de la Muni capitalina.
Sin embargo, al insistirle sobre por qué no tienen la información de oficio, ya que es parte de los informes mensuales de la entidad municipal, señaló: “Claro que si la información llega antes de los 10 días, se notifica para que la persona acuda antes de la fecha límite”.
En el capítulo segundo, artículo 10, la Ley de Acceso a la Información Pública indica qué información se considera de oficio y precisa que ésta se publique en la página web de la institución.
Se trata del presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas. La página web de la comuna no tiene disponible este requerimiento.
TRANSPARENCIA Y VOLUNTAD
De acuerdo al politólogo de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, la negativa de la comuna refleja “la tradicional prepotencia que ha existido en la Municipalidad de Guatemala de querer hacer las cosas como ellos quieren”. Asimismo, estima poca transparencia en la utilización de los recursos y hasta cierto temor. “El que nada debe, nada teme”, indica.
Rosal advierte que la transparencia es uno de los factores indispensables en la gestión pública, por lo se debe atacar de frente la discrecionalidad en la Municipalidad “para que no entren los chiflones de la corrupción”, abriendo todo lo relacionado a los recursos, datos y valores, no sólo en el presupuesto de ingresos, sino también de gastos y otras decisiones que corresponden a la administración edil.
“Debe existir transparencia absoluta máxime en los fideicomisos, ya que la comuna los ha utilizado de tal forma que ha privatizado los recursos y con la excusa del secreto bancario no rinden cuentas. Además, debemos tener claro que los recursos no son del alcalde, sino de los vecinos de la capital; son nuestros impuestos, y por consiguiente, urgimos claridad sobre el uso de esos recursos”, señala el investigador.
Por su parte, el analista político independiente, Luis Mack, considera que la información, al ser pública de oficio, tiene que ser entregada inmediatamente y que en algunas comunas, recopilar información específica podría llevarles algunos días, pero que éste no es el caso del Ayuntamiento metropolitano.
“Una institución con la capacidad instalada de software y herramientas informáticas que tiene la comuna capitalina, debería de utilizar, incluso, su portal, como un mecanismo para cumplir con esa obligación de transparencia activa”, subraya Mack, quien también califica esa práctica como “totalmente reñida con la ley”.
El entrevistado opina que la negación de entrega inmediata por parte de la Muni de Guatemala “denota que no hay voluntad política para darla a conocer. Es una actitud de opacidad y de no entender que una administración pública debe estar abierta y no es privada”.
POCO DEBATE
Poco tiempo después de que el actual alcalde de la capital, Álvaro Arzú, tomara posesión del cargo el 15 de enero de 2012, el exconsejal de oposición, Rodolfo Neutze, del partido CREO, denunciaba no tener acceso a la información de los fideicomisos y que la aprobación de los presupuestos de la comuna se conocía a grandes rasgos debido a que la mayoría de concejales afines a Arzú tenían un lugar en la corporación municipal.
“Nosotros hemos pedido alguna información y a veces nos la dan, pero a cuenta gotas; no se trata de un tema que pase por la fiscalización del Concejo. A la ejecución presupuestaria sí, pero únicamente a grandes renglones, no a nivel de detalle. Tener mayoría absoluta le permite al jefe edil aprobar, sin mayor discusión, el presupuesto; no se discute nunca a nivel de profundidad”, concluía el concejal hace tres años según varios reportes de prensa.
De acuerdo a datos entregados a los concejales a inicios del 2014, el mayor presupuesto de la Muni es de Q1 mil 363 millones, en el que se contemplaron Q285 millones para inversión en infraestructura vial, para Desarrollo Urbano Q315 millones y Transporte Público Q243 millones. En cuanto a los ingresos, los tributarios se estimaban en Q365 millones, y los no tributarios por Q642 millones. Aparentemente, la proyección del presupuesto no varió mucho para el presente año.
En cuanto a la Empresa Municipal de Agua, (Empagua), se preveía que alcanzara los Q516 millones 700 mil al cierre del año pasado. La Hora ha intentado conocer el sueldo del jefe de empresa de agua, toda vez que es de dominio público que Alfredo Guzmán posee o fue dueño de una villa en el complejo de La Reunión ubicado en el departamento de Sacatepéquez.
En lo referente a la Entidad Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) para el 2014, el presupuesto ascendería a Q160 millones, y el mayor rubro correspondería a pago de salarios y sueldos por Q102 millones. Además, se recaudaría según las proyecciones, por estacionamientos municipales cerca de Q17 millones y Q15 millones por multas administrativas al transporte.
También se le asignarían Q2.3 millones a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo.
OBSTÁCULOS A LA LEY
A más de seis años de que la ley en la materia entrara en vigor, los expertos antes consultados estiman que las unidades de información de municipalidades y dependencias del Gobierno central, incumplen con esta normativa ante la falta de interés de la población y la desinformación que contribuye a que esta ley caiga en el olvido. Apuntan también que otro factor es el conformismo de las personas, ya que no denuncian cuando se les niega la información.
No obstante, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, como garante del derecho de acceso a la información, explica que la mayoría de las entidades del Estado incumplieron este año con presentar sus informes de transparencia, así como en la publicación de información de oficio en las páginas electrónicas que se crearon para el efecto.
“Comprendo que una sociedad con mucha violencia, lo que menos quiere el ciudadano es enfrentar a la autoridad. Pero es claro que este tipo de información como el de la Municipalidad de Guatemala, ni siquiera hay que pedirla; debe estar exhibida en la página de internet. Ese argumento cae por su peso. A los funcionarios no nos corresponde decidir qué información damos y cuál no. La ley es clara y no hay que irse por las ramas”, reclama el entrevistado.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que los sujetos obligados deben presentar a la PDH, un informe de labores correspondiente al año anterior, a más tardar el último día hábil de enero siguiente.
Según el Magistrado de Conciencia, el 47.69 por ciento de los mil 235 sujetos obligados no cumplió con lo que establece la Ley. Igualmente, tiene el reporte de 15 municipalidades que desatendieron este compromiso con la rendición de cuentas este año, ocultando información que debe ser de dominio público.
De León agregó que en 2015, la institución ha dado trámite a 63 denuncias a nivel nacional por violación del derecho humano de acceso a la información en alcaldías, donde gran cantidad de quejas de los usuarios es que las instituciones utilizan diversos mecanismos para disuadir la búsqueda de la información.
A pesar de lo anterior, el Defensor del Pueblo admite que el tema cultural no es exclusivamente el mayor obstáculo para el respeto de lo preceptuado, “pues hay que decirlo con toda la claridad, hay otras ocasiones en que el tema es la corrupción, pues quien esconde la información es porque no quiere que se llegue al fondo de algo, y esto es sumamente preocupante”.
Ante este escenario, el funcionario manifiesta que “desafortunadamente no hay dientes para hacer mucho más coercitivas las sanciones.
“Hemos tenido que actuar en varios casos, presentando recursos de revisión. Las entidades que tienen oficina de acceso a la información la ubican en lugares lejanos, para complicar el acceso. Buscaremos la manera de ir más allá de la condena moral del Procurador; tipificar y penalizar las infracciones a la Ley como un delito puede ser una opción que debemos estudiar”, enfatiza.
Información debe estar disponible
El artículo 30 de la Constitución Política de la República establece que “todos los actos de la administración son públicos”. Asimismo, la Ley de Acceso a la Información (LAI), en su artículo 6, establece que entre los sujetos obligados a brindar información se encuentran los fideicomisarios, los fideicomitentes y las municipalidades, entre otros.
La LAI también hace referencia a que podrán conocerse los fideicomisos, quiénes han sido los responsables de manejarlos, montos e incrementos desde su creación, entre otras obligaciones.
En el capítulo segundo, artículo 10, la LAI indica qué información se considera de oficio y precisa que ésta se publique en la página web de la institución. Se trata del presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas. La página web de la comuna no tiene disponible esta información.
El 18 de noviembre del 2014, un tribunal sentenció al alcalde de San Cristóbal Totonicapán, Ricardo Valentín Tay Saquich, a un año de cárcel conmutable y Q10 mil de multa, por haber incumplido la Ley de Acceso a la Información Pública.
