POR VIRGINIA CONTRERAS
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El pasado 28 de abril, luego que se destapara el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), conocido como “La Línea”, el presidente Otto Pérez Molina anunció que se crearía una comisión para revisar los contratos abiertos en los diferentes ministerios, ya que éstos han sido objeto de señalamientos por supuestos actos de corrupción en la actual administración; sin embargo el Ministerio de Salud (MSPAS) pretende implementar la compra de cuatro paquetes de medicamentos y cuatro de material médico quirúrgico por esta vía.
De acuerdo con Jorge Pinot, director de hospitales del (MSPAS), los contratos abiertos de esa entidad se manejan en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Centro Médico Militar y son avalados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), pero es el MSPAS el que tiene la última palabra en estos procesos.
El entrevistado expresó que se pidió una revisión y actualmente con el Minfin se encuentran en proceso de implementar cuatro paquetes de medicamentos y cuatro de material médico quirúrgico, lo que a criterio de expertos es inviable.
El uso de esa modalidad ya ha sido puesta en tela de duda y el mismo mandatario anunció su revisión.
PRINCIPALES INCONVENIENTES
Ricardo Barrientos, analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI– explicó que existen varios puntos por los que los contratos abiertos pueden generar problemas. En primer lugar, señaló que el inconveniente no radica en la modalidad de compra sino en el origen de los concursos, específicamente en el momento en que se elaboraron las bases de adquisición, puesto que las entidades requirentes anteriormente mencionadas las hacen.
En segundo término, Barrientos mencionó que hay un problema en los precios de referencia, en donde el Instituto Nacional de Estadística no tiene los recursos ni la capacidad para proveerlos y que sean confiables en productos farmacéuticos y las medicinas.
El entrevistado destacó que cuando las adjudicaciones son aprobadas por el ordenamiento legal actual permite una serie de mecanismos de impugnación, que van desde los recursos de reposición en materia administrativa en el Minfin, hasta impugnaciones que van al Tribunal de Justicia, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad.
A criterio del analista, el litigio malicioso es la principal causa por la que los contratos no pueden ser renovados; en donde los recursos que estipula la ley (mecanismos de impugnación y el derecho de defensa, entre otros) son utilizados para entorpecer, atrasar o bloquear los procesos.
“La renovación de contratos abiertos ha sido víctima sistemática del litigio malicioso”, puntualizó.
Recientemente La Hora publicó en un reportaje que según el portal Guatecompras, existen a la fecha 82 proveedores de contrato abierto en el ramo de medicinas e insumos hospitalarios para proveer mil 633 productos, que a su vez están amparados en 239 contratos.
