POR MARIELA CASTAÑÓN
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Los monitoreos correspondientes a abril, mayo y junio en los centros carcelarios, reflejan que las soluciones técnicas implementadas en los centros carcelarios no funcionan en su totalidad, a pesar de que transcurrieron seis meses que entró vigencia la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) detalló que el monitoreo realizado el 23 de abril reflejó que el 65 por ciento de los bloqueadores funcionaban y por tanto en siete cárceles continuaba generándose tráfico de telecomunicaciones.
El análisis correspondiente al 15 de mayo, indicó que existía un 64 por ciento de efectividad en las soluciones técnicas implementadas y en ocho prisiones continuaba la señal de celular.
En tanto, el 10 de junio, el monitoreo realizado indicó que había 70 por ciento de funcionalidad de los bloqueadores de señal y en seis prisiones continuaba generándose tráfico de telecomunicaciones.
El artículo 3 de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, que entró en vigencia el 25 de diciembre de 2014 demandaba soluciones técnicas en los centros carcelarios por parte de las empresas telefónicas, éstas anunciaron en marzo de este año que interpondrían un recurso de revocatoria, luego que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) les impusiera una multa de Q6.9 millones por incumplir con la normativa.
Sin embargo, el Decreto 8-2013 Ley de Equipos Terminales Móviles, que antecedió a la referida Ley, tenía como objetivo endurecer las penas a quien ingresara o facilitara un teléfono celular en las prisiones; hasta hoy los teléfonos siguen ingresando y comercializándose en los centros de detención.
MONITOREOS
A criterio de Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) es necesario conocer la forma cómo se realizan los monitoreos para determinar si realmente refleja el estado actual del bloqueo, por otro lado destacó la necesidad de cumplir con la Ley.
“Hay que tomar en cuenta dos cosas: verificar cómo se realizan los monitoreos, porque tengo entendido que hubo problemas al inicio porque las empresas de telefonía no estaban de acuerdo cómo las autoridades estaban realizando el monitoreo porque no era de forma técnica, habrá que ver si eso se resolvió para saber si el monitoreo refleja el estado real, segundo, parece que el monitoreo no es efectivo al 100 por ciento aún, tenemos más de seis meses de entrada en vigencia de la Ley, que está clara, se tenía plazo para que en diciembre de 2014 el bloqueo fuera efectivo y seis meses después no se cumple con la disposición legal”, indicó la entrevistada.
PNC INVESTIGA EXTORSIÓN
La Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) investiga las denuncias del transporte extraurbano que estarían siendo objeto de extorsión.
De acuerdo con el titular de SGIC, Nery Ramos, se trabaja de oficio, tras conocerse la paralización del transporte en Antigua Guatemala, que afectó a decenas de usuarios.
