POR MANUEL RODRÍGUEZ
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En el marco de las propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos así como el resto del marco legal existente para combatir la corrupción y la impunidad en el país, expertos coincidieron en que el Congreso se juega lo poco que le queda de credibilidad ahora que tiene en sus manos la aprobación de estas iniciativas.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, señaló ayer que tal vez hagan falta más casos de investigación de corrupción contra funcionarios, para que el Congreso escuche el clamor de la población en contra de la impunidad y la cooptación de la política. Por la tarde, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala informó de nuevas pesquisas contra cuatro diputados y un alcalde, para quienes pide antejuicios.
En ese contexto, Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, opinó que la presión social para que el Congreso promueva una reforma profunda del Estado es cada vez mayor luego de las fuertes declaraciones del diplomático estadounidense, quien también comentó que algunos diputados se burlan de la gente, en alusión a que sus acciones no responden a las demandas ciudadanas y que recientemente se han evidenciado casos de corrupción dentro del Legislativo.
Por su parte, Ricardo Barrientos, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, coincidió en que ahora la presión mediática debe dirigirse a los diputados para que se obtengan los resultados esperados y agregó que otros detonantes que podrían provocar la ira ciudadana son la reciente elección de Manuel Duarte Barrera como nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad y la culminación del trámite de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.
Finalmente, Luis Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, resaltó que el más beneficiado con esta situación precisamente es el mandatario guatemalteco, pues la atención y la fiscalización ciudadana se desviarán hacia el actuar de los congresistas quienes a su criterio, deberán agilizar el trámite de las propuestas planteadas por el Tribunal Supremo Electoral y la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y enfrentar la dura prueba de cambiar las reglas con que se elige actualmente a las autoridades.
