Ciudad de Guatemala,
Agencia dpa
El retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez para que responda por cargos de corrupción ante los tribunales es vista hoy como poco probable por analistas, después de que se generaran posibles acuerdos políticos entre Lider y el oficialismo ayer en el Congreso.
«Lo que causa es un sentimiento de coraje y frustración. Mientras en la calle se manifiestan fuerzas de cambio, en el Congreso hay una acción y arreglos para la resistencia. Los políticos hacen cualquier cosa, a través de alianzas o lo que sea para resistirse al cambio», dijo a la dpa el analista independiente Renzo Rosal.
Otro analista, Mario Rivero, dijo que, de acuerdo con lo observado el jueves en la sesión extraordinaria del Legislativo, el antejuicio contra el mandatario «no prosperará» y consideró que esto puede generar una mayor desconfianza de la población hacia el sistema partidista en el país.
Pérez fue denunciado ante la Justicia por los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita por el diputado Amílcar Pop, de un pequeño partido opositor.
Pop sostiene que el mandatario consintió y promovió actos de corrupción entre funcionarios de su confianza, ahora en prisión por diversos escándalos sacados a luz por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre abril y junio.
Para que puedan sentar al mandatario en el banquillo de los acusados, el Legislativo tiene que determinar, con base al informe de la Comisión Pesquisidora, si existen suficientes indicios de culpabilidad para abrir una causa en su contra.
Según Rosal, el bloque mayoritario representado en el Congreso, Libertad Democratica Renovada (Líder), opositor, pretende «aparentar» que tiene interés en despojar de su inmunidad al presidente, pero que en el fondo no es así, como se demostró la noche del jueves en la sesión del Congreso.
En ella, el oficialismo y Líder establecieron una alianza para reunir 88 votos de los 121 diputados asistentes a la sesión y lograr el nombramiento de un abogado afín al oficialismo como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC), un organismo que conoce en última instancia denuncias contra funcionarios o ex funcionarios.
«Líder juega a impedir por todos los medios a su alcance que el presidente salga del poder. No quieren aplazamiento de elecciones (programadas para el 6 de septiembre)», dijo Rosal.
