POR CLAUDIA PALACIOS
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En la audiencia se desarrolló el tema de las violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH.) por parte del Estado guatemalteco, que, según la argumentación de activistas civiles, tiene una política de militarización de la seguridad ciudadana.
Como ejemplo, se expuso el asesinato de 8 miembros de la comunidad maya-quiché de Totonicapán durante un operativo de las fuerzas de seguridad para desalojar una carretera ocupada.
Entre otros temas, también se discutió sobre el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los DD. HH. durante el conflicto armado interno.
En la disertación, Antonio Arenales Forno, de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, argumentó que la Corte Interamericana no puede conocer casos referentes al Conflicto Armado Interno en el país.
El mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Guatemala en desacato debido a que determinó que hubo un incumplimiento al principio internacional de acatar sus obligaciones de buena fe. Hasta la fecha la Corte ha emitido 11 sentencias contra el Estado guatemalteco.
