POR CLAUDIA PALACIOS Y MARIELA CASTAÑÓN
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Un oficio enviado por el Sistema Penitenciario (SP), al Centro Administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial informó a esta institución que hoy no fue posible presentar a los privados de libertad para que éstos asistan a las audiencias programadas en Torre de Tribunales y otros centros de justicia a nivel nacional debido a que no se cuenta con combustible para realizar dichos traslados.
De acuerdo con el Centro de Gestión Penal, la responsabilidad del traslado de reos recae únicamente sobre el SP, que debe responder a las solicitudes que hacen los jueces para dicha movilización.
Rudy Esquivel, portavoz del SP, informó que desde ayer se reporta irregularidad en el traslado del 60 por ciento de reclusos, de 18 mil 398 que son en total, debido a la falta de presupuesto para la adquisición de gasolina para los vehículos.
El portavoz explicó que el presupuesto asignado es insuficiente para atender varias de las necesidades que se presentan.
“Esta limitante está fuera de la buena fe de las acciones que ejecuta el SP, esto se debe al tema de la incompatibilidad del presupuesto asignado, con la exigencia y demanda que tiene el SP, estamos hablando de Q310 millones que han sido impuestos en los últimos tres años para el funcionamiento de la institución”, indicó.
Esquivel dijo que mañana se retomarán los traslados de los privados de libertad a las cárceles; las autoridades buscan un mecanismo para atender el tema del combustible.
PROCESOS REPROGRAMADOS
De acuerdo a información proporcionada por diferentes tribunales y juzgados consultados, solamente se pudieron llevar a cabo aquellas audiencias de personas que no se encuentran bajo la protección del SP y quienes permanecen en libertad con medida sustitutiva. Las audiencias que debieron suspenderse a causa de la ausencia de los señalados fueron reprogramadas en su mayoría para mañana, ya que según les fue comunicado, el problema podrá ser solventado en las próximas horas.
La Hora intentó obtener una reacción por parte del magistrado Gustavo Mendizábal, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero fue imposible contactarlo por vía telefónica.
