POR CLAUDIA PALACIOS
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Durante la acusación, el Ministerio Público (MP) argumentó que estas personas participaron en la muerte del investigador de la Policía Nacional (PN), José Miguel Mérida Escobar, quien inició las pesquisas en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Debido a este informe la víctima habría recibido amenazas e intimidaciones que finalizaron con su asesinato el 5 de agosto de 1991.
De acuerdo con la recreación de los hechos por parte de la fiscalía, con el objetivo de desviar las investigaciones y atribuir el asesinato a la delincuencia común, los imputados habrían capturado y torturado a Alfredo de Jesús Guerra Galindo para que aceptara públicamente haber matado a Mérida Escobar; sin embargo un Tribunal Penal lo absolvió de los cargos, luego de lo cual, nunca se le volvió a ver, por lo que se presume que fue desaparecido.
Semanas después, los señalados capturaron a Gonzalo Alfredo Cifuentes Estrada para que también se adjudicara el crimen del investigador, pero nuevamente un Tribunal de Sentencia lo declaró inocente. Al salir en libertad, fue asesinado con arma de fuego en la zona 11.
Según las pesquisas, los sindicados obligaron a Cifuentes Estrada a realizar un vídeo en el que señalaba falsamente haber matado al investigador; posteriormente, la grabación fue distribuida entre los medios de comunicación de la época.
Los señalados laboraban en el departamento de investigación criminal de la PN y, dentro de la política contrainsurgente de los años 90, habrían seguido direcciones de autoridades para ejecutar los crímenes, explicó el fiscal a cargo del caso.
Por estos hechos, el MP pidió al juez de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, que se iniciara juicio por los delitos de asesinato y delitos contra la humanidad.
En el escrito de acusación se presentaron más de 30 medios de prueba, dentro de los cuales se encuentran pruebas documentales, periciales y científicas.
El asesinato de Myrna Mack
Myrna Mack, antropóloga e investigadora de las movilizaciones de comunidades indígenas durante el conflicto armado, fue asesinada con arma blanca el 11 de septiembre de 1990, en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1.
Cuatro días antes de su muerte, Mack presentó un informe que señalaba las políticas represivas de los gobiernos militares contra las comunidades campesinas.
Por este hecho el Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó al militar Noel de Jesús Beteta Álvarez como autor material del asesinato.
La Fundación Myrna Mack se constituyó como querellante adhesivo en el proceso por la muerte de Mérida Escobar.
