POR CLAUDIA PALACIOS
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El Ministerio Público (MP) pidió al juez de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, que iniciara proceso penal contra los sindicados Edgar Camargo, Carlos Cermeño y Alejandra Reyes por supuestamente colaborar con una red de corrupción que se lucraba con el traslado ilegal de reos del Sistema Penitenciario.
Carlos Cermeño podría ser procesado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, luego de que el MP lo señalara como intermediario para coordinar junto a otra persona el negocio de traslado de reos hacia la cárcel de Pavoncito. De acuerdo con el MP, Cermeño recibía instrucciones de Lima Oliva y le indicaba sobre pagos y solicitudes de traslados.
Concretamente se le imputó el traslado de los privados de libertad: Fernando Amézquita, Andy Urbizú, Silverio Chicas, Edgar Chicas, Guillermo Méndez y Gonzalo Vásquez.
Por su parte, el exdirector del SP, Edgar Camargo, fue señalado por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero.
Según las imputaciones, Camargo tenía una estrecha relación de confianza con Cermeño y, como funcionario de alto rango, autorizaba las operaciones ilegales de la estructura a cambio de beneficios económicos.
Además, Camargo habría ocultado el dinero proveniente de sus actividades ilícitas depositando cantidades pequeñas de dinero en diferentes cuentas bancarias. El MP indicó que cuenta con boletas bancarias y grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas como prueba acusatoria.
Alejandra Reyes, pareja sentimental del presunto líder de la estructura, se presentó al juzgado con su hija en brazos, pero al momento de cierre de esta nota el MP aún no había realizado las imputaciones en su contra.
Byron Lima, y otras ocho personas vinculadas a esta red ya fueron enviadas a proceso penal en una audiencia anterior. Solamente se encuentra pendiente la audiencia de primera declaración de Favio Campos, reo del SP, quien se encuentra bajo supervisión médica debido a problemas de salud.
ANTECEDENTES
A inicios del mes pasado se realizó un operativo coordinado entre el MP, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación en el que se llevaron a cabo quince allanamientos con los cuales se logró la captura de siete personas. El resto de sindicados ya se encontraba en prisión por otros delitos.
Durante la audiencia de Primera declaración el MP expuso una serie de llamadas telefónicas interceptadas en las que se puede escuchar cómo Byron Lima coordina el traslado de reos de un centro a otro, en colaboración con autoridades y personas particulares.
