POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
En una conferencia de prensa, la funcionaria señaló que las comisiones de postulación ignoraron el procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Judicial en la reciente nominación de aspirantes a magistraturas y denunció que hubo “intereses de los organismos Legislativo y Ejecutivo” en la elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que estuvo en manos del Congreso.
Por esas circunstancias, a pesar de que resultó reelecta, la magistrada renunció y pidió que se repita la elección de cortes pero con un procedimiento legítimo, alejado de los vicios que se dieron en las postuladoras y el Congreso.
«Ante dicha situación es indispensable que se declare la nulidad de los procedimientos violatorios del orden constitucional que se ejecutaron para la elección de magistrados y en consecuencia la elaboración de nóminas de candidatos a magistrados que fueron entregadas al Congreso de la República», dijo la magistrada. «Es procedente declarar la inconstitucionalidad del acto por el que el Congreso eligió a los magistrados para la CSJ», añadió.
El llamado de la magistrada se une al de varias organizaciones de la sociedad civil, que piden un nuevo proceso de elección de cortes, luego de que salieran a luz anomalías en el proceso de postulación y pactos entre partidos políticos.
INSTITUCIONES DEBEN REACCIONAR
Escobar pidió un pronunciamiento del Procurador de Derechos Humanos, que a su criterio, tiene la obligación de investigar y denunciar los comportamientos administrativos lesivos a los intereses de los guatemaltecos, así como promover acciones o recursos judiciales pertinentes, como lo regula el artículo 275 de la Constitución.
Además solicitó a la Corte de Constitucionalidad una ampliación del plazo para los actuales magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, hasta que se cumpla con la obligación de implementar un sistema de concursos por oposición para seleccionar a los aspirantes a magistrados de las cortes.
Entre otras acciones, la togada pidió interponer una acción de amparo por parte de los funcionarios judiciales agraviados por la vulneración al sistema de la Carrera Judicial; reformas a la Ley de la Carrera Judicial, a fin de incorporar los mecanismos para la adecuada selección de los magistrados por medio del sistema de concursos de oposición que cumpla con estándares internacionales, y el acompañamiento de diversos sectores para exigir el cumplimiento de la Ley y la restauración de los derechos vulnerados a la ciudadanía y a los funcionarios de la carrera
SEÑALA PRESIONES
Escobar también denunció presiones cuando la sala quinta de apelaciones de lo civil tuvo que decidir si otorgaba un amparo a la vicepresidenta Roxana Baldetti, que según el Tribunal Supremo Electoral, debe ser separada del cargo de secretaria general del Partido Patriota.
