POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Actualmente nueve militares permanecen bajo prisión preventiva por este caso, pero hasta el momento no se han determinado los delitos para iniciar el juicio, pues el Ministerio Público busca que se les juzgue por ejecución extrajudicial, mientras la defensa pide que a sus clientes solo se les reconozca los delitos de homicidio en estado de emoción violenta e incumplimiento de deberes.
Ramón Cadena, representante de la Comisión Internacional de Juristas, opinó que es grave que este caso aún no haya llegado a un proceso judicial, pues si se demora más el inicio del mismo, Guatemala estaría incumpliendo compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, Mario Itzep, coordinador del Observatorio de Pueblos Indígenas, manifestó que el problema de fondo es que el sistema de justicia es controlado por las élites del país.
Asimismo, dijo que este caso evidencia la incapacidad del Estado para dialogar con los pueblos en resistencia y evitar este tipo de acciones, agregando que no se respetan las consultas comunitarias, establecidas en el convenio 169 de la OIT.
