POR ACISCLO URÍZAR
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La aprobación de la comúnmente conocida “Ley Monsanto” obedece a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala con la entrada en vigencia del DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés) o TLC (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, en español).
Dicho convenio internacional se suscribió el 5 de agosto de 2004 y fue ratificado el 10 de marzo de 2005, por el entonces presidente Óscar Berger Perdomo y la legislatura que acompañó su mandato.
El tratado es un acuerdo bilateral que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes y está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en artículos.
El DR-CAFTA incluye el capítulo XV, sobre el registro de la propiedad intelectual y otros registros, que establece la adhesión a convenios para el registro de especies vegetales. El documento contiene leyes que protegen los derechos de invención y creación de algo nuevo como fórmulas, obras de arte, música, símbolos, imágenes, marcas, etc. (Lea: Compromiso con Ley de Vegetales)
Esta situación evidencia que el Estado adquiere compromisos que en el largo plazo pueden tener efectos desconocidos e incalculables, y que inmediatamente no se avizoran.
Entre los postulados de este tratado se encuentran eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios; promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; en sí, promover el desarrollo económico de la región.
Cualquier medida que como región se adopte deberá estar sujeta a las disposiciones del TLC, lo cual sitúa al tratado por encima de las nuevas disposiciones regionales en materia de integración.
En la práctica, sectores campesinos creen que más que beneficios comerciales, el tratado supone una desprotección para los pequeños productores nacionales y ahora, compromisos que no benefician a la mayoría de los guatemaltecos.
REGISTROS DE PROPIEDAD
Uno de los bastiones fundamentales del TLC lo constituye el Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual el Estado guatemalteco tendrá que legislar o reformar leyes para cumplir con lo acordado internacionalmente.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria Guatemalteca (CIG), opina que los temas de propiedad intelectual son parte de los compromisos adquiridos con la firma del DR CAFTA. Lo que se pretende, según Zepeda, es proteger los derechos de la propiedad no únicamente en relación a proteger o favorecer a empresas multinacionales; es un tema de legislación internacional y en lo cual habrá que cumplir, y habrá que analizarlo, enfatizó.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Carolina Castellanos, asevera que ya existía en Guatemala desde hace muchísimos años, en la Ley de Propiedad Industrial, algo al respecto. En la ley se establece un registro, no una patente, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque éste tiene el conocimiento técnico de ir al campo y hacer las pruebas, ver el resultado y cerciorarse de las variedades vegetales.
“LEY MONSANTO”
En cuanto a la controversial y recién derogada Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, los entrevistados tienen opiniones encontradas al respecto. Algunos argumentan que el sentido de la citada ley no era lo que muchos pregonaban, lo discutible es la forma en que se aprobó, dijeron.
“Ya se hizo una moda ponerle apellidos a las leyes, se satanizó dicha ley poniéndole el nombre de una empresa extranjera, se tergiversó el sentido de la ley porque se pensó que iba a favorecer a una empresa. El espíritu de la ley pudo haber sido bueno y cumplir con los compromisos adquiridos como país. Lo cuestionable es la forma en que se llevó a cabo, cómo se autorizó y cómo se pasó en el Congreso”, apuntó Zepeda.
La representante de AmCham, puntualiza que “todo lo que decía la prensa era totalmente falso, nosotros analizamos la ley de principio a fin y en ningún momento ponía en riesgo la seguridad alimentaria, ni nada de lo que decían”. Tampoco tenía que ver con transgénicos, destacó. Agregó que Guatemala no ha aprobado nada de transgénicos y el ente al cual representa se pronunció pero con conocimientos.
“Estamos peor que antes, la Ley de Vegetales derogaba artículos de Propiedad Industrial, al derogar el decreto 19-2014, no restituyen esos artículos (de Ley de Propiedad Industrial). Hay un vacío legal y no hay una protección para variedades vegetales. ¿Por qué votar toda una ley cuando era un artículo el que no cuadraba, el 46?”, adujo.
Estas declaraciones coinciden con lo expresado días atrás por el diputado de Winaq Amílcar Pop, al decir que luego de la derogatoria había quedado una laguna legal, la cual tendría que ser objeto de estudio por parte de los legisladores.
¿NUEVA LEY DE VEGETALES?
Se tendrá que analizar, a partir de ahora, si el Legislativo trabajará o no en la creación de una nueva iniciativa de ley en materia de vegetales para cumplir con los acuerdos establecidos en el TLC.
Aunque, para Javier Zepeda, el Gobierno deberá tomar decisiones para cumplir con los compromisos internacionales y, si eso implica la creación de una nueva ley, habrá que hacerlo. Aconsejó a los congresistas para que en la creación y aprobación de nuevas leyes no se genere suspicacia como sucedió con el decreto 19-2014.
Daniel Pascual, tiene claro que la transnacional Monsanto y los diputados han perdido una batalla, pero no la guerra.
En tanto que Carolina Castellanos tiene claro lo importante de hacer ver cómo se puede crear una nueva legislación, pero para ello es necesario que la gente conozca y discuta, de qué se trata, darlo a conocer, y explicar a los diputados qué es el trasfondo de esta ley y garantizar que no viola el conocimiento tradicional, que no pone en riesgo a los agricultores ni la seguridad alimentaria, finalizó.
Ante la creación de una nueva ley, Mario Itzep señala que estarán vigilantes de que el Congreso actúe con transparencia, de lo contrario harán valer el peso que tiene el pueblo, porque, según Itzep, ha quedado demostrado que el pueblo tiene mucho poder y es el que manda.
VISIÓN EMPRESARIAL
Para Zepeda, el DR-CAFTA es parte de una economía globalizada, cuyo fin primordial es que países como Guatemala puedan desenvolverse en un mundo globalizado con acceso a mercados como el de Estados Unidos, claro, sin olvidar que ese país también tendrá acceso al mercado guatemalteco. “Aún no se han explotado al máximo los beneficios que esto puede generar”, explicó.
Por otra parte, Castellanos expresa que en estos ocho años que el TLC lleva vigente en Guatemala las importaciones han crecido alrededor de un 58% y las exportaciones en un 35%. “Solo ahí vemos un gran beneficio por todo lo que se ha logrado en el incremento de la actividad comercial”, indicó.
A decir de Castellanos, otra de las ventajas de este convenio internacional es que sirve como una herramienta para resolver conflictos. Cuando ha habido problemas, por ejemplo, el conflicto de Ferrovías de Guatemala y el Gobierno, que se fue a arbitraje, si no hubiera estado vigente el DR-CAFTA ese problema hubiera estado alrededor de 20 años en los juzgados de Guatemala sin lograr ninguna resolución.
AMENAZA SOBERANÍA
En contraparte, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), asegura que el TLC somete la economía y la soberanía nacional a los intereses de Estados Unidos. “Es clarísimo que fue diseñado después que fracasara el plan de aprobar el ALCA que era el Área de Libre Comercio de las Américas, planteado por Estados Unidos. Esto tiene que ver con una estrategia geopolítica del capitalismo, porque para los estadounidenses el resto de América es su patio trasero, su área de influencia político-económica”.
Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígenas, menciona que este tratado es una imposición del modelo económico de Norteamérica, y asegura que no es democrático y es un tratado que solo vela por los privilegios especialmente de la élite económica de este país. Hay aspectos en el tratado del tema social en los que no ha habido avance, afirmó.
Para Itzep, el DR-CAFTA no está escrito en piedra; aduce que cada país tiene su propia soberanía.
“Hay convenios internacionales que no se han llevado a cabo, han dado la espalda al pueblo. El Estado en el lado comercial sí cumple para favorecer a sectores poderosos, pero cuando tienen que velar por los intereses del pueblo no ponen el mismo énfasis”, resaltó.
DESVENTAJA
Al preguntarle a Zepeda sobre alguna de las desventajas que pudieran encontrarse en este acuerdo bilateral, respondió de la siguiente manera. “No tengo un ejemplo concreto. La desventaja podría darse en algún sector o en algunos productos específicos donde no se tenga una fortaleza grande como productor, se podría hablar de una invasión de ciertos productos extranjeros. Pero en sí, el espíritu del tratado es abrir la oportunidad a Guatemala para que pueda entrar al mundo de la globalización”, revalidó.
Mientras que Carolina Castellanos dice que en el tema laboral en el cual Estados Unidos ha exigido fuertemente el acatamiento de las normas, pueden encontrarse ciertos incumplimientos; no obstante, esto no representa ninguna desventaja.
“Es algo que está establecido en el tratado, aunque no lo veo como una desventaja, simplemente Guatemala no ha cumplido y se debe mejorar. En el interior de la República hay empresas que no cumplen con salarios mínimos y que no pagan prestaciones, pero es algo que puede corregirse”, refirió la especialista.
COMPROMISO CON LEY DE VEGETALES
El DR-CAFTA establece en el capítulo XV los “Derechos de Propiedad Intelectual”, que establece en el numeral 5 del artículo 15.1 que cada parte ratificará o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La Ley para la Protección de las Obtenciones de Vegetales que fue aprobada por el Congreso fue el resultado de ese compromiso con el Convenio.
El Convenio está respaldado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que tiene como misión «proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad».
En el convenio se establecen derechos de registros para «obtentores vegetales», que en su gran mayoría son empresas dedicadas a crear semillas transgénicas –fitomejoramiento se dice– y protegerlas.
La UPOV detalla que si «una variedad está protegida por un derecho de obtentor, para reproducir o multiplicar la variedad con fines comerciales es necesario disponer de la autorización del obtentor».
