POR MARIELA CASTAÑÓN
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La retención de trabajadores de la finca San Luis en Huehuetenango, donde se encuentra en desarrollo un proyecto hidroeléctrico, generó tensión entre los comunitarios y autoridades de la localidad, el pasado 27 de agosto.
Según el informe de la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de ese departamento, las personas retenidas y posteriormente golpeadas –alrededor de siete– habrían entrado en conflicto con el grupo de vecinos que se autodenomina “sociedad civil” y que se opone a la hidroeléctrica de ese lugar.
En este departamento ya se generaron disturbios y conflictos serios por los proyectos, al punto que el 1 de mayo de 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina decretó Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, en respuesta a la ola de violencia provocada por la oposición de pobladores a la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz y las acciones de las autoridades.
En la comunidad La Puya, donde se ubica el proyecto minero Progreso VII Derivada, conocido como El Tambor, entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, también persiste la división entre los propios vecinos del área; por un lado están quienes mantienen la defensa de los recursos naturales, y por el otro, quienes dicen beneficiarse por empleo y desarrollo.
Esto lo admite Antonio Reyes, vecino de La Puya, quien lamenta que no todas las personas busquen el bien común, y que persista el conflicto en la localidad.
“Lo que sucede es que estos megaproyectos ubican a personas o familias que no buscan el bien común; sino que buscan el interés particular o personal, esto definitivamente genera descontentos -entre la comunidad”, indicó.
Hace algún tiempo, Yolanda Oquelí, otra de las residentes, dijo a La Hora tras un intento de desalojo donde se evidenciaron las diferencias entre los vecinos, que había quienes decían apoyar el proyecto minero, pero lo hacían principalmente por la necesidad de un empleo.
“En algunas familias hay división porque la necesidad de empleo es grande y –representantes del proyecto minero– vienen a ofrecer desarrollo, trabajo, pero la gente no sabe el precio que va tener que pagar por ese trabajo, además, el proyecto no trae más de 90 empleos para las comunidades, indicó la activista en aquella ocasión.
Este vespertino intentó obtener el contacto de alguno de los comunitarios y trabajadores de El Tambor, a través de Irma Rivera, vocera de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, pero indicó que no estaban autorizados a proporcionar información de los empleados, por razones de seguridad.
RESPETO A CONSULTAS
Hilda Morales, Procuradora Adjunta de la PDH, manifestó su preocupación por la situación en la que actualmente se encuentran algunas comunidades y destacó la importancia del respeto a las consultas comunitarias.
“Hay que partir del contenido del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, que establece que antes de que se tome una medida administrativa o de otra naturaleza que afecte a los pueblos, hay necesidad de llevar a cabo una consulta, donde se informe en qué consiste la medida que se va a tomar. En este caso, qué beneficios ofrecen los megaproyectos para la comunidad”, indicó.
Según la entrevistada, en algunos casos se ha reflejado que no existen consultas ni consensos, por el contrario, la empresa a cargo del proyecto es la que realiza esas acciones, no precisamente el Estado.
“Lo que se ha experimentado es que no hay consulta, o cuando la hay, la hace la propia empresa que va a explotar la mina o va a instalar la hidroeléctrica, no la lleva a cabo ninguna autoridad”, reiteró.
Según la Procuradora Adjunta, es necesario fortalecer las unidades estatales ya existentes, que deben promover el diálogo y el respeto al Convenio 169.
“Debería fortalecerse el Sistema Nacional de Diálogo y tener mediadores, para esto ha funcionado la PDH, no solamente como observadora, sino, también como mediadora, porque lo que nosotros buscamos es el diálogo y el consenso y que se cumpla con el Convenio 169”, explicó la profesional.
Por otro lado, se buscó a Miguel Ángel Balcárcel, Comisionado Presidencial para el Diálogo Nacional, para conocer otros detalles sobre cómo atienden los conflictos sociales que afectan en el interior del país, pero no contestó a las reiteradas llamadas a su teléfono celular. (Lea: ¿CUÁNDO ACTÚA EL SND?)
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), considera que las diferencias entre vecinos, generadas por la instalación de megaproyectos, genera un grave conflicto social que en ocasiones no es posible controlar.
“La implementación de estos proyectos sin siquiera consultarles a las comunidades provoca conflictividad social fuerte, que después ya no se puede controlar, medir las consecuencias, creo que tanto las entidades privadas que hacen extracción hidroeléctrico o de otra índole, imponen esas obras y es lo que resulta contraproducente”, refirió.
A criterio del entrevistado, lo ideal sería que se consulte a las comunidades sobre si están de acuerdo con esas propuestas, sin embargo, esto no sucede.
“Creo que las empresas que quieran realizar una de estas acciones en la comunidad, deben informar plenamente de qué se trata, pedir la opinión y después proceder a realizar la obra, sin embargo en Guatemala se han invertido los factores: se pone la obra en funcionamiento, sin tomar en consideración a las comunidades”, explicó.
Rodenas consideró importante realizar un análisis previo a la instalación de diferentes proyectos, pues es evidente que la discordia inició cuando los mismos se instalaron en el país.
“Antes de que estuvieran estos megaproyectos no se estaban viviendo estos niveles de conflictividad social, si uno pregunta con las personas que viven en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, La Puya, son comunidades que han sido pacíficas, sin conflictos, pero ahora la presencia de estos procesos ha venido a afectarles, creo que es necesario hacer una revisión histórica de lo que se está viviendo”, manifestó.
DEFENSA DE DERECHOS E INVERSIONES
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) opinó que el gobierno debe velar por la seguridad de los guatemaltecos, pero también es importante que se garanticen las inversiones que generan acceso a mejores empleos y a más oportunidades de desarrollo para los ciudadanos.
“Hay formas apegadas a la ley, para que cualquier grupo se pueda manifestar oportunamente, pero el país no puede seguir padeciendo estas actitudes de violencia que vulneran gravemente los derechos ciudadanos fundamentales e interrumpen la libre locomoción de personas y bienes”, informó el CACIF en un reciente comunicado de prensa.
A criterio del sector privado organizado, es necesario que las inconformidades sociales se aborden siempre a través del diálogo, de tal modo que se respete el Estado de Derecho, el cual es el único camino para garantizar la convivencia ciudadana y preservar la paz.
ACCIONES DEL ESTADO
Las acciones del Estado para atender los problemas sociales, básicamente han consistido en desalojos, en la implementación de Estados de Sitio y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y castrenses en las áreas de conflicto, lo que a criterio de la sociedad civil, esto es una respuesta “represiva” y “en favor” de las empresas transnacionales.
Por ejemplo, el 23 de mayo de 2014, fueron desalojados violentamente los pobladores que mantenían resistencia pacífica en La Puya; en esa ocasión se reportaron varias personas intoxicadas y afectadas por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los opositores al proyecto.
Un año antes, el 2 de mayo de 2013, se oficializó el Estado de Sitio en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, debido a los disturbios generados por la oposición de pobladores a la Minera San Rafael, quienes supuestamente secuestraron a varios policías.
El 1 de mayo de 2012, el gobierno decretó Estado de Sitio en Barillas, Huehuetenango, en respuesta a la ola de violencia generada por la oposición de pobladores a la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz.
En reiteradas ocasiones se ha cuestionado al Ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla, sobre las acciones que son calificadas por la sociedad civil como “represivas”, pero el funcionario ha contestado que deben mantener el orden cuando se presentan los conflictos, aunado a que son quienes cometen los disturbios, los que se criminalizan con sus acciones.
De forma directa, el Titular de la Cartera del Interior, ha dicho que “no tiene ninguna defensa oficiosa”, de algunos megaproyectos –Minera San Rafael–.
¿CUÁNDO ACTÚA EL SND?
El Sistema Nacional de Diálogo (SND) es la instancia que opera solamente en casos que requieren procesos de intervención cuando las instituciones responsables o que tienen mandato específico, se ven desbordadas, o bien, cuando las partes en conflicto requieren su intervención o por instrucción directa presidencial.
El SND debe contar con estrategias integrales de intervención para atender procesos de diálogo y atención a la conflictividad, preparadas por equipos multidisciplinarios y en algunos casos interinstitucionales.
“Dichas estrategias buscan que los conflictos se prevengan, desescalen y se establezcan rutas de entendimiento para la búsqueda de soluciones compartidas con el mayor grado de acuerdo posible. Cada proceso de diálogo y atención a conflictos requiere estrategia específica y el tiempo que conlleva, está directamente relacionado con la voluntad política de las partes de alcanzar acuerdos que sean factibles y estén en el marco de la ley”, refiere el SND
Fuente: Dialogo.gob.gt
