POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
El juez Segundo del Ramo Penal, Carlos Aguilar, dio un ultimátum a la fiscalía para que presente la acusación contra ambos alcaldes, quienes están acusados de los delitos de peculado y lavado de dinero y otros activos. El togado señaló que si en 72 horas el fiscal del caso no presenta el documento solicitado, se notificará a la fiscal general y jefa del MP Thelma Aldana y el expediente judicial se podría archivar.
En este proceso penal la fiscalía acusa a Medrano de haber recibido de parte de Palencia un cheque por Q100 mil, los cuales supuestamente utilizaría para la compra de caballos; días después, Medrano remitió a Palencia Q350 mil. Según el MP, dichas cantidades no tienen justificación legítima, por lo que se presume pueden provenir de actos de corrupción.
Los jefes ediles se encuentran en libertad luego de que se les beneficiara con una medida sustitutiva de arresto domiciliar. Además se les impuso una caución económica, la cual consiste en el pago de una fianza de Q300 mil para Medrano y Q1 millón para Palencia, cantidad que pagaron el mismo día.
SEXTO ANTEJUICIO
Mientras tanto, en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, la defensa de Medrano presentó las pruebas de descargo en otro proceso de antejuicio que se lleva en contra del alcalde y del Concejo Municipal de Chinautla, esta vez por supuestamente ocultar información a la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre la construcción de un muro perimetral en la escuela primaria Rubén Darío.
Seis miembros del Concejo Municipal de Chinautla fueron citados por el juzgado octavo para que testificaran sobre el incumplimiento de deberes en que incurrió la alcaldía al no entregar la información del gasto erogado para dicha remodelación.
Durante el interrogatorio la jueza a cargo del órgano jurisdiccional preguntó a los presentes sobre el proceso de autorización de proyectos en la municipalidad y la transparencia de los fondos públicos. Los señalados indicaron que la persona encargada de brindar la información a la CGC es Maritza Ortiz, directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, razón por la que el juzgado decidió citar a Ortiz a declarar en fecha próxima.
Según el MP, Arnoldo Medrano habría dado órdenes a los miembros del Concejo de no recibir o firmar ninguna solicitud proveniente de la CGC. Al ser cuestionados sobre esto, los seis testigos dijeron desconocer tales órdenes y haberse dado cuenta de la solicitud en el momento en que se les notificó sobre el proceso en su contra.
Hasta el momento, Medrano ha enfrentado seis solicitudes de antejuicio en su contra.
