POR SAIRA RAMOS
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La cifra exacta sobre cuánto podría ser el costo de una curul dentro del Organismo Legislativo no se encuentra definida, tampoco aceptada, ni comprobada. Sin embargo, informaciones sobre interioridades de los diputados dan cuenta de inversiones onerosas que causan preocupación y dejan al descubierto los intereses de algunos de los congresistas, según expertos.
Las curules en el Congreso de la República fueron creadas para que los diputados que integran ese organismo representen los intereses de la población, que no debería estar mediada por factores monetarios, ya que la legitimidad radica en que el ciudadano debe sentirse identificado con el representante.
No obstante, en el Palacio Legislativo los conceptos originales no se cumplen, ya que cada vez se observa el desacato de los diputados con las normativas que los mismos aprueban, demostrando su irrespeto, además olvidan que fueron electos por un color determinado, el cual tampoco obedecen.
Según manifestaron algunos diputados, los puestos dentro del Congreso son de diferentes precios, que tienen Q500 mil como piso –en el caso de los partidos de bajo presupuesto– y llegan sobrepasar Q1 millón, sin tomar en cuenta el financiamiento en especie que se requiere para optar a un cargo de representación social.
¿CUÁNTO CUESTA UNA CURUL?
En el tema fue consultado el diputado Carlos Fión, jefe de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien indicó que sabe de bloques que piden un derecho de participación a los congresistas para optar a las primeras casillas de diputaciones. El monto, según explicó el legislador, es de varios millones de quetzales, además de la “fuerte” inversión que hacen los candidatos que desean ocupar el cargo por campaña.
El diputado Luis Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional (PRI), también se refirió al espacio diciendo que en la mayoría de organizaciones políticas las curules tienen un precio, lo cual repercute en “desgracia” para el sistema político y el Congreso.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Patriota (PP), Juan José Porras, dijo que ha escuchado “ruidos legislativos” que llevan consigo información de que cuando sus colegas se trasladan a otras bancadas lo hacen porque supuestamente compraron al diputado, pero aclara que es algo que no puede comprobar.
Y aunque se les cuestionó sobre sus campañas, ninguno de los representantes consultados hizo mención de las agrupaciones que exigen fuertes inversiones para ocupar cargos y tampoco dieron detalles sobre los costos de su proselitismo
Para el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) Luis Fernando Chávez, los bloques con más gastos en campaña son los que representan a partidos que encabezan las encuestas.
Según el experto, una curul no debería tener precio, ni valor económico, porque lo ideal sería que las personas que ocupen esa casilla tengan un reconocido liderazgo, además que realicen un trabajo en las bases del partido político con el que se encuentran representados.
“Son 158 diputados y 31 de ellos conforman el listado nacional en donde al momento de su creación se pensó que serían líderes, estadistas y académicos, mientras que el resto debería representar a cada departamento. Nunca se habló de un factor económico sino de meritocracia y liderazgo. Sin embargo en Guatemala no sucede así porque las personas que tienen mayor poder de dinero son las que encabezan las primeras casillas”, indicó.
Carmen Ortiz, politóloga de la Universidad Rafael Landívar (URL), coincidió con el analista del Incep e indicó que la representatividad de los congresistas no debe estar definida por intereses monetarios, sino por su compromiso con la población.
La académica dijo que conseguir una casilla sí tiene un costo y explicó que en algunos casos podría ser monetario, con un precio que oscila entre los Q50 mil hasta Q500 mil, y agregó que existen otros valores que no se pueden cuantificar con precisión.
“Apoyan con transporte durante el tiempo de campaña, también para las asambleas nacionales y para el acarreo de votos, o bien han tenido el dinero para hacer las subcontrataciones. No todos los diputados pagan por una curul pero sí por un costo, ya sea monetario o en especie”, destacó.
LA CAMPAÑA NUNCA SE TERMINA
De acuerdo con Fión, la campaña política de los diputados nunca termina, porque después de una elección comienzan nuevamente a realizar publicidad con el fin de darse a conocer por medio de recursos propios, del partido o de sus financistas.
El político dijo que hay sectores que desean ver a los diputados ocupando el cargo, por tanto inician a proporcionar apoyo con vallas publicitarias, playeras, gorras, refacciones entre otros. Según el congresista durante la promoción se invierte no menos de un millón de quetzales.
Fión explicó que el aporte económico es utilizado para los “materiales porque la curul no se encuentra en el supermercado –sino que– se debe ganar con tiempo, trayectoria y prestigio en la comunidad, además de dedicarle tiempo al trabajo”.
En este sentido, el diputado Porras dijo a título personal que los congresistas podrían hacer una inversión aproximada entre los Q400 y Q500 mil, para promocionarse, especialmente en los distritos; el legislador resaltó que él no realizó ese tipo de gastos ya que el partido al que representa en su momento buscó a profesionales interesados para trabajar por el país.
El legislador Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también habló sobre el tema diciendo que su bancada se ha caracterizado por exigir a sus parlamentarios trabajo, organización, liderazgo y recursos para invertir, porque una campaña requiere de ese aspecto antes de comprar una curul, algo que nunca han hecho, de acuerdo con su información.
Barreda detalló que “el dinero es importante pero no lo es todo porque mucha gente se acerca a los partidos a decir: mire, yo pongo uno, dos, tres o cuatro millones de quetzales y quiero ser diputado, pero sucede que no tiene experiencia ni capacidad de organizar los departamentos, por tanto no sabe trabajar las bases del partido y no sabe ganar una elección. La UNE mira otros aspectos”.
Por su parte, Roberto Villate de Libertad Democrática Renovada (Líder), aceptó que los diputados distritales como él sí realizan un gasto para promocionarse, el cual se obtiene por apoyo de sus familiares, amigos y de sectores que simpatizan con el partido político. Sin embargo, resaltó que estos están libres de cualquier anomalía e interés particular, así como del involucramiento con el crimen organizado.
En el tema fue consultada la jefa del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, quien también libró a su agrupación del financiamiento anómalo y resaltó que antes de recibir dinero mal habido prefiere que su partido desaparezca, ya que según la legisladora, la inversión que hace ese bloque para promover la candidatura es “barata” en términos monetarios y en comparación con otros partidos.
De acuerdo con Montenegro, en las pasadas elecciones generales EG junto al otro partido gastaron alrededor de Q3.5 millones para publicitarse en todo el país, cantidad que la funcionaria dijo que podría no cubrirse en los próximos comicios ya que el problema de ese partido radica en la falta de recursos para invertir en onerosas operaciones.
USO DE LA DEUDA PÚBLICA
Luis Fernando Pérez dijo que el PRI, desde el momento de su creación, demostró transparencia al utilizar la deuda política para promocionarse, además de los aportes que hacen los simpatizantes y afiliados que creen en la institucionalidad de ese bloque.
Sin embargo, lo expresado por Pérez fue contradicho por la experta de la URL, porque considera que todos los partidos políticos deben aceptar que el financiamiento público no alcanza y por tanto recurren a vías alternas. Según recordó la entrevistada, el Mirador Electoral en varias oportunidades ha realizado monitoreos en los diferentes procesos en donde ha determinado que los partidos gastan más del dinero destinado por la deuda.
Carmen Ortiz dijo que el monitoreo ha detallado que las agrupaciones políticas han gastado alrededor de Q300 y Q400 millones en campaña, lo que significa que son financiamiento del sector privado. “Somos uno de los países de Latinoamérica que hemos tenido las campañas más caras, por ejemplo la del año 2007, esto a pesar de que somos uno de los países más pobres. El problema radica en que no se transparenta el financiamiento privado”, concluyó.
Días atrás La Hora en su artículo titulado “Informes financieros de los partidos son poco creíbles” informó sobre el financiamiento privado de 17 grupos políticos durante los últimos seis meses del año, en donde detalló que el PRI solo recibió aportes por Q405 mil 655.40 de afiliados y simpatizantes.
ANÁLISIS: ACTUAR DE LOS DIPUTADOS
Chávez analizó el actuar de los diputados del Congreso e indicó que el grupo más afectado por la monetización de las campañas resulta la sociedad guatemalteca y destacó que los diputados piensan exclusivamente en su reelección, lo que implica que las políticas que generan sean populistas y no tienen sentido alguno.
Según el experto, los legisladores miran de qué manera aseguran otros cuatro años de estabilidad financiera personal, algo que a criterio del entrevistado se puede solucionar utilizando un método de alternabilidad como sucede en Costa Rica. “La Ley Electoral y de Partidos Políticos de ese país establece que los diputados no pueden reelegirse por dos periodos consecutivos, lo cual delimita que en los años donde ellos forman parte de la asamblea legislativa trabajen para el beneficio social”, refirió
Sin embargo, en Guatemala todo tiene que ver con dinero. “Los primeros dos años, los diputados recuperan su inversión y los otros dos tratan de qué manera se reeligen y aumentan su capital financiero. La situación es preocupante porque el Congreso determina el rumbo del país y que sus funcionarios estén pensando en esas acciones daña la cultura y el sistema político”, puntualizó.
Según el experto en Guatemala el método de alternabilidad resulta ser utópico porque los diputados están interesados en fomentar una carrera legislativa e intereses, más allá de tener voluntad política, es por ello que el papel que juega el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar a cada uno de los candidatos es fundamental, concluyó el analista político.
“Son 158 diputados y 31 de ellos conforman el listado nacional en donde al momento de su creación se pensó que serían líderes, estadistas y académicos, mientras que el resto debería representar a cada departamento. Nunca se habló de un factor económico sino de meritocracia y liderazgo. Sin embargo en Guatemala no sucede así porque las personas que tienen mayor poder de dinero son las que encabezan las primeras casillas”
Luis Fernando Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep)
¿CÓMO EVITAR LA COMPRA DE CURULES?
Carmen Ortiz, de la URL, fue consultada para saber de qué forma se podría actuar contra las organizaciones políticas que compran curules dentro del Congreso y afirmó de que no existe una forma específica para sancionar a los mismas porque estas no se pueden comprobar, además que tampoco lo contempla la Legislación, por lo que la mayor sanción sería la denuncia moral.
A criterio de la entrevistada el primer reto que se debe cumplir para evitar ese tipo de anomalías es comprobar los casos que se dan para luego crear leyes específicas que sancionen ese tipo de actuar. No obstante, recordó que en la actualidad no se cuenta con la capacidad de comprobar el mismo, porque no existe transparencia en la fiscalización de las finanzas de los partidos y tampoco hay normativas que den un poder sancionatorio al Tribunal Supremo Electoral.
Por su parte, el analista del Incep dijo que ante la situación se hacen necesarias las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para evitar ese tipo de actos, pero estas deben hacerse con voluntad política que conlleven a erradicar el problema y no a proliferarlo más como ha sucedido hasta el momento. Además considera necesario modificar la Ley Orgánica del Congreso, ya que esta hace que una curul sea atractiva hasta cierto punto.
