POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Julio Adrián Velásquez, Defensor del Derecho a la Alimentación de la Magistratura de Conciencia, manifestó sentirse preocupado por la falta de lluvia de casi un mes y que está afectando los cultivos en algunas regiones del país, pero más por la incapacidad del Gobierno para garantizar la existencia de granos y ayudar a la población en condiciones de pobreza.
El entrevistado recalcó que el mayor impacto de la canícula prolongada en el país, será sobre la salud de los guatemaltecos y en la economía campesina, pues consideró que el Estado no tiene la capacidad operativa para mitigar la crisis que la sequía ha causado en pérdidas de alimentos y ante un posible incremento en el número de casos de desnutrición crónica en el área seca del país.
En ese sentido, Velásquez indicó que mediante distintas supervisiones a centros de Salud se pudo constatar el déficit que existe de medicamentos necesarios para hacerle frente a esta situación, tales como el Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC), el cual es básico para tratar a niñas y niños con desnutrición.
Asimismo, el delegado de la PDH explicó que otro problema es que quienes han logrado salvar sus cosechas las están acaparando, a la espera de establecer precios más elevados, lo que pone en riesgo de inseguridad alimentaria a las familias más pobres y con una economía de subsistencia en Guatemala.
Por lo tanto, insistió en que los efectos de la sequía no solo repercutirán en el área rural de manera inmediata, pues también en el área urbana se prevé una subida en el precio de los alimentos.
Finalmente, el Defensor del Derecho a la Alimentación reprobó la falta de planificación y asignación presupuestaria por parte del Gobierno al Ministerio de Agricultura y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para atender la problemática, porque “el tema no es nuevo y no se puede estar esperando la lluvia porque es algo periódico y que todos sabíamos; que lamentablemente hay un corredor seco que lleva más de 15 años identificado y que no existe una planificación y cuando existe, falta voluntad política real porque no se asignan fondos”.
“Pareciera que esta crisis ya se busca porque ya sabemos cuáles son los lugares que podrían verse afectados y el período de tiempo en el que se da la canícula… Al final se para gastando más de emergencia y eso probablemente les convenga a algunos sectores”, opinó Velásquez.
Según fuentes oficiales, la pérdida de las plantaciones podría afectar a unas 120 mil familias, que se quedarían sin alimento e ingresos, ya que venden parte de sus cosechas para apoyar su economía.
