Un supuesto video que circula en redes sociales donde un hombre estaría incitando a atacar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), principalmente contra Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, habría sido un detonante para que la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia, solicitara a la Policía Nacional Civil (PNC) que disponga de un mayor número de agentes para proteger la vida de estos y también de las magistradas Anabella Morfin y Astrid Lemus.
Según dos oficios enviados por la fiscalía tanto a la PNC, como a la secretaría de la CC, se indica que «Dicha solicitud versa en virtud que, en fuentes abierta de información, circula un video en el que una persona de sexo masculino incita a que se organice a la población para atentar contra la integridad de dichos magistrados, su núcleo familiar y contra la infraestructura del edificio que ocupa la Corte de Constitucionalidad».
En tal sentido, el MP le solicitó al director de la policía que designe personal para el resguardo del edificio central de la corte.
En el caso de la CC, la fiscalía le solicita que «gire sus instrucciones a quien corresponde y se proceda a reforzar de forma inmediata el esquema de seguridad».
En ambos casos, se asegura que se trata de una reiteración, pues el pasado domingo habrían realizado una primera solicitud y ante la posibilidad de una amenaza real, solicitan la atención a las nuevas solicitudes.
Juzgado da cumplimiento a orden de CC para dejar en firme fraude de Walter Mazariegos
Supuestamente, la amenaza deriva de las últimas resoluciones emitidas por dicha corte a favor de Walter Mazariegos en las cuales le han beneficiado para que este pueda asumir como rector a pesar de los señalamientos de fraude.
Por su parte la CC, por medio de un comunicado, indicó que «condena de manera categórica e irrestricta cualquier acto de intimidación, amenaza o incitación a la violencia dirigido contra sus integrantes».
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wKOkT4EZdC
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) June 29, 2026
Según refieren los magistrados, «las resoluciones de este tribunal son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional conferida por la Constitución Política de la República de Guatemala y ningún ciudadano, organización o grupo esta legitimado para responder a ellas con violencia o con actos intimidatorios».
Finalmente, indican que se han tomado las acciones preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados.
