A 10 años de la tragedia registrada en la aldea El Cambray II de Santa Catarina Pínula, se esperaba que este lunes 27 de octubre, finalmente el Juzgado Décimo Penal llevara a cabo la audiencia para cumplir con la orden de la Corte De Constitucionalidad de enviar a juicio a los exalcaldes de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes, por delitos de homicidio culposo.
Sin embargo, dicha audiencia fue aplazada una vez más. Según explicó la abogada de los querellantes adhesivos, Linda Murillo, la razón que les dio el juzgado es porque el caso previo (correspondiente al caso Hospital de Chimaltenango) a la audiencia que corresponde al caso Cambray, llevaría más tiempo de lo acostumbrado, por lo que se le imposibilitaba conocer dicho proceso, reprogramando la audiencia para el próximo 17 de noviembre.
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«Estamos bastante indignados y muy tristes, porque ya son 10 años desde un 1 de octubre de 2015 a la fecha, que a pesar de que hemos ido contra reloj, hablaron de clausura provisional, hablaron de sobreseimiento, se logró apelar, se logró ganar después de 10 años y vuelven a decirnos lo mismo, se reprograma porque es materialmente imposible para el órgano jurisdiccional», señaló Murillo.
QUIEREN JUSTICIA
Previo a que se fijara la audiencia para dar cumplimiento a la orden de la corte, se conoció que los exalcaldes buscaban llegar a arreglos económicos con las familias afectadas por el derrumbe y solventar así su situación.
Tal extremo fue confirmado por la abogada de los querellantes que refirió «inicialmente, recuérdense que aquí tenemos a personas que no solo son el patrimonio total que perdieron y no solo son vidas, y muchos estuvieron difirieron en un acercamiento, porque muchas familias lo que querían era la justicia».
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Según explicó Murillo, Coro y Alvarizaes sí intentaron acercarse a ofrecer dinero, sin embargo, las familias descartaron este extremo, ya que el tema «no era pecuniario».
«En virtud que a ellos no les interesaba, no les interesaba una negociación pecuniaria, sino que se demostrara los riesgos que se pudo haber evitado si ellos hubiesen tomado las medidas como alcaldes, y eso es por lo que no se negoció en su momento», señaló la abogada.
