La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 6 de febrero la suspensión provisional de algunas frases de artículos de la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que fue aprobada de urgencia nacional el 26 de noviembre de 2024 por el Congreso de la República.
Según la resolución de la Corte, quedan suspendidas frases de los artículos 3, 6, 8, 10, 17, y 18.
Además, frases del 21, 31, 60, 61, 79, 82 y 83, que según la petición de inconstitucionalidad presentada por el diputado del partido Vamos, Ronald Portillo, deben quedar fuera de la normativa que recientemente fue reformada en el Congreso.
El presidente de la junta directiva del Congreso, Nery Ramos, ponente de la iniciativa 6483, presentó entonces una moción privilegiada para que se conociera de urgencia nacional las reformas.
Esta normativa busca mejorar a estructura administrativa, así como la creación de un escalafón para los agentes de la PNC basado en el tiempo de servicio y formación, a la vez, que busca proporcionar de alimentación, hospedaje, transporte, así como atención médica para los policías, aunque ha sido criticada por diferentes personas y tanques de pensamiento.
Asimismo, se aprobó una presunción legal para los agentes policiales, por lo que podrán hacer uso de la fuerza proporcional en defensa de la vida e integridad de las personas o sus bienes, sin ser privados de su libertad si el agresor resultare herido o falleciere.
INSTITUCIONES ADVIERTEN INCONGRUENCIAS O PELIGROS
La Convergencia por los Derechos Humanos, por medio de un comunicado expreso su preocupación el pasado 28 de noviembre por el «peligro» que, según ellos, representa el artículo 60 de la Ley de la PNC reformada, en la que se permite a los agentes el uso de armas de fuego en defensa propia.
«Como consecuencia, si el presunto agresor o agresora, resulta herida o fallecida, se presumirá que ejecutaron un acto permitido por la ley», describe el comunicado.
Según la Convergencia, la nueva ley viola los derechos de presunción de inocencia, obligación de investigar con debida diligencia y el principio de prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) recientemente analizó las reformas y concluyó durante una conferencia que existen diversas inconsistencias que ponen en peligro las finanzas públicas y adversa algunas garantías constitucionales.
Los analistas del CIEN consideran que la ley tiene un gran impacto económico, tanto en temas de asesoría legal como de beneficios para el personal de la PNC, el cual explican que no se detalla en la ley.
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