El Juzgado Séptimo Penal ligó a proceso penal a cuatro implicados en el caso Industria Militar, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se revocara la falta de mérito y se les procese por el delito de lavado de dinero.
En 2017, el juez Fredy Orellana aseguró que no existían indicios de que estos pudieran haber cometido dicho ilícito en la presunta sustracción de Q23 millones de la Industria Militar, por lo que dictó la falta de mérito a favor de Jorge Arturo Vega, Byron Manuel Santos, José Alfredo Cotzojay y Rolando Enrique Hernández.
Esta situación fue apelada por las anteriores autoridades de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, sin embargo, la Sala Tercera de Apelaciones, en esa entonces presidida por Jaime González, rechazó la apelación del Ministerio Público (MP).
No obstante, la Feci presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, mismo que fue resuelto en definitiva en octubre del año pasado, ordenando que se otorgara la apelación solicitada por el MP y como consecuencia se ligara a proceso por este delito a los sindicados, pues tras analizar los actos presentados, si existen elementos que ameritan ser investigados.
Ante tal situación, tras realizar el cambio ordenado por la CC, finalmente la sala entregó su resolución para que Orellana diera cumplimiento a la misma.
EL CASO
Derivado de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuesta en diciembre de 2015, se determinó que un grupo de militares habrían participado en la extracción de fondos de la Industria Militar bajo el cobro de supuestas comisiones ilícitas por la adjudicación de diversos contratos a favor de empresarios que tenían prohibiciones para contratar con el Estado.
De acuerdo con las averiguaciones, al grupo de sindicados se les señala de extraer Q23 millones 402 mil 238 quetzales, entre 2008 y 2011.
Supuestamente, el dinero fue dado por medio de diversos cheques provenientes de la Industria por ventas realizadas, principalmente a instituciones públicas; sin embargo, no fue sino hasta una auditoría realizada en 2010 que se dieron los primeros hallazgos.
Según la Feci, ese primer informe intento ser impugnado, pero se desconoce donde se encuentra el mismo, generando suspicacias al respecto.
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CONTINÚA INVESTIGACIÓN
Tras haber sido ligados a proceso nuevamente, el juez Fredy Orellana fijo para el 27 de marzo la audiencia para discutir si estos deben o no enfrentar juicio por el delito de lavado de dinero.
Mientras tanto, el MP tiene un plazo de un mes para completar diligencias de investigación que hagan falta en este caso y así presentar su investigación el próximo 3 de marzo.
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