El Juzgado Octavo Penal trasladó la solicitud de antejuicio presentada por la diputada del partido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, en contra del juez A del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que tal y como establece la ley, sean los magistrados los que decidan si se le retira o no la inmunidad al juzgador.
Orellana fue denunciado por Reyes por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, discriminación, instigación a delinquir, abuso de autoridad, atentado con agravación específica, retardo a la justicia y revelación de secretos.
#AhoraLH | El Juzgado Octavo Penal dio trámite a la denuncia presentada por el partido Movimiento Semilla y certificó lo conducente en contra de los trabajadores del Juzgado Séptimo Penal, para que el Ministerio Público (MP) investigue las conductas denunciadas.
Además, trasladó… pic.twitter.com/PFdBtn4xCR
— Diario La Hora (@lahoragt) January 16, 2025
Esto porque, según manifiesta al llegar a la judicatura de Orellana, ha sido objeto de intimidaciones y otras prácticas que atentan contra su integridad tanto profesional como humana.
De acuerdo con la resolución de la juez A del Juzgado Octavo Penal, Aurora Gutiérrez, esta se inhibe de conocer la petición contra Orellana, ya que como establece la ley, no le compete a esta conocer y resolverla, sino a la CSJ, situación por la que remite el expediente para que continúe el proceso respectivo.
DEBEN INVESTIGAR A TRABAJADORES
En la denuncia de Reyes, se señala a los trabajadores del Juzgado Séptimo Penal, por los mismos delitos, ya que afirma que al momento de presentarse al juzgado por el caso Semilla ha sido fotografiada y terminan en el netcenter conocido, con insultos e intimidación, ya que ha sido una práctica contra otros funcionarios, por lo que busca evitar que se continúe utilizando el poder judicial como herramienta de intimidación y represalias.
En la resolución, Gutiérrez indica que, dado que los trabajadores no gozan de derecho de antejuicio, se certifica lo conducente para que el Ministerio Público (MP) inicie la investigación, siendo el propio juzgado octavo el que llevará el control de las diligencias que el ente investigador pueda solicitar dentro del caso.
