Construido en el corazón del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, el complejo más grande para impartir justicia del país arriba a 50 años de construcción e inauguración.
Según consta en sus placas, este viernes 13 de diciembre, el Palacio de Justicia que alberga a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumple 50 años de haberse inaugurado, mientras que la Torre de Tribunales arribó a 49 el 12 de diciembre.
Ambas edificaciones, con funciones específicas, se planearon para albergar el centro del poder judicial y su administración y las judicaturas para decidir sobre el futuro legal de los guatemaltecos.
Medio siglo después de su edificación, diferentes situaciones han hecho que, principalmente, la Torre de Tribunales haya tenido adecuaciones para que sea funcional y brinde los servicios a la población, aunque desde sus inicios se hicieron notar algunas falencias.
Francisco Mayorga, ingeniero que estuvo involucrado en la construcción del Centro Cívico, principalmente del edificio de Finanzas Públicas, explica que en la década de 1970, cuando se inició la construcción de los edificios estatales, la idea era «concentrar en un solo lugar el poder gubernamental, utilizado los terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para el cometido».
No obstante, desde su diseño, se percataron que ese centro podría generar un problema vial al concentrar todas las entidades gubernamentales en un solo lugar, pues por la forma de las calles, y la falta de espacios de parqueos para la época, provocarían atascos y no permitirían la movilidad que necesitaba el área, por lo que solamente algunos edificios fueron construidos, entre estos, la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales.
Mayorga recuerda que, a pocos años de la inauguración, tanto del Ministerio de Finanzas como Tribunales, se registró el terremoto del 4 de febrero de 1976.
A pesar de su fuerza destructiva, ambos edificios solo presentaron problemas de quebradura de vidrios y azulejos caídos. Ninguno tuvo daños en la estructura, lo que hacía ver una edificación sólida.
El complejo de edificios entre la 24 y la 19 calle de la zona 1 fue reconocido como patrimonio nacional «Centro Cívico», en 1998 por parte del Ministerio de Cultura y Deportes.
DISTRIBUCIÓN DE LA TORRE
El inmueble está diseñado para ser controlado por una serie de vestíbulos en cada nivel, con el ducto de ascensores en la parte central que atraviesa toda la estructura.
Actualmente, laboran mil 200 trabajadores en el Organismo Judicial, divididos en los juzgados, tribunales y oficinas administrativas.
Sin embargo, no se toma en cuenta el número de personas que llegan a diario al lugar como fiscales, peritos, abogados particulares, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), del Sistema Penitenciario (SP), privados de libertad y usuarios en general.
Los últimos cálculos dan cuenta que alrededor de 10 mil personas se movilizan a diario por los 18 niveles de la Torre de Tribunales.
Tanto los sótanos como los niveles 16 y 17, son utilizados exclusivamente para oficinas administrativas, mientras que el resto lo usan juzgados, salas de apelaciones y tribunales.
TORRE HACINADA
Desde su construcción, la Torre de Tribunales tenía como finalidad concentrar todo el poder judicial y así resolver temas penales, civiles, familiares y toda aquella rama del derecho que tuviera relación.
Sin embargo, con el crecimiento de la Ciudad de Guatemala y su población, el edificio ya no se da abasto.
Sin embargo, no fue, sino hasta hace 15 años que inició un proceso para trasladar diferentes dependencias a otras instalaciones.
Trasladaron de la Torre los juzgados de ejecución, que fueron llevados a la zona 7 capitalina, los juzgados civiles a la zona 9, los juzgados de paz penal que fueron trasladados a la 10a avenida y 1a calle, zona 1 y los juzgados de familia a un costado del Palacio Nacional de la Cultura.
De esta forma dejaron así una Torre de Tribunales que funciona principalmente para órganos penales
Pese a esto, las autoridades judiciales ven un tema de hacinamiento en esas instalaciones.
ELEVADORES AGRAVO ESTADO
El mal funcionamiento de los elevadores, que por más de cinco años ha puesto en el ojo del huracán la funcionalidad de la Torre de Tribunales, se ha convertido en una crisis a resolver.
Desde el 2014, el proyecto de renovación de elevadores quedó marcado por fallas en el sistema, pues aunque se buscó la modernización de los aparatos, estos solo tardaron cinco años en funcionamiento óptimo.
En el 2019, el sistema de puertas y los motores de las maquinarias comenzaron a generar fallas que requirieron el cambio de piezas, intervenciones continuas, hasta que finalmente uno por uno dejó de funcionar.
En aquel año la magistratura de turno optó por adquirir un juego de elevadores por un monto total de Q10 millones para cubrir Torre de Tribunales, Palacio de Justicia, edifico El Jade y el Centro de Justicia de Escuintla, los cuales serían instalados en 2020, pero la pandemia de covid-19 retrasó el proceso y dejó varado el servicio tras el retiro de uno de los ascensores, fallas en otro y dejó solo dos en funcionamiento.
En medio de los problemas administrativos, fue hasta el 2023 que el tema se retomó y las autoridades licitaron de nuevo la compra de elevadores, ahora con un costo de Q7 millones, pero únicamente para la Torre, y los trabajos iniciaron a mediados de 2024.
Aunque la empresa encargada del cambio de los elevadores inició un proceso a marchas forzadas, la cantidad de personas con la necesidad de usarlos hizo colapsar los únicos dos que funcionaban, sin contar dos fugas de agua que provocaron que el sistema que abre las puertas se fundiera.
A la fecha, según el cronograma de la empresa, los nuevos elevadores estarán disponibles en febrero y diciembre de 2025.
TRASLADO DE OTROS ÓRGANOS
Según el director interino del Departamento de Comunicación Social del OJ, Fredi Calderón, el presidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes, autorizó el inicio de estudios para verificar la viabilidad del traslado de dependencias que se encuentran en la Torre de Tribunales a otros lugares.
«Se ha girado instrucciones a las gerencias para iniciar con los estudios, con la finalidad de modernizar y mejorar la infraestructura», afirmó Calderón.
De momento, no hay un plazo que tengan las gerencias para completar tales estudios, ni tampoco lugares o bien planes de qué dependencias deben ser removidas de la Torre.
No obstante, se explicó que la idea de los estudios es no solo para ver la posibilidad de un nuevo traslado, sino determinar la necesidad de arrendar o comprar inmuebles para el OJ y así cumplir con esos traslados.
Así también, Calderón indicó que entre los estudios se debe determinar cuál es el estado del edificio, verificar la distribución de los espacios y determinar en qué condiciones quedará la instalación para reasignar otras funciones.
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