Edwin Escobar, ex alcalde de Villa Nueva, seguira esperando conocer si debe enfrentar juicio. Foto: Sergio Osegueda
Edwin Escobar, ex alcalde de Villa Nueva, seguira esperando conocer si debe enfrentar juicio. Foto: Sergio Osegueda

En 2021, el Ministerio Público (MP) inició el proceso judicial en contra del exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, a quien señalaron junto a otros 13 exmiembros de la corporación municipal, de haber adquirido un terreno en Bárcenas, de forma sobrevalorada, para la creación de un nuevo vertedero municipal.

Dicho terreno tuvo un costo de Q12 millones para la comuna, según se indica en los documentos del caso, situación por la cual desde ese año, Escobar y el resto de sindicados fueron ligados a proceso por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, ya que además de la compra, también se le señala de no tener los permisos para que dicho vertedero funcionara.

En 2022, se tenía previsto que en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva, se llevará a cabo la audiencia de etapa intermedia para discutir si los sindicados deben o no enfrentar juicio, pero entre recusaciones, recursos de prejudicialidad, excusas de abogados, fiscalía, juez, cambios en la judicatura y otro sin número de situaciones, la audiencia se ha suspendido en más de 25 ocasiones, sin que a la fecha se discuta los recursos interpuestos dentro de la carpeta judicial.

A la fecha, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, resolvió la última recusación interpuesta en contra del juez Josué Manuel Alvarado, quien tiene a su cargo el conocimiento de la carpeta judicial, situación por la que finalmente este martes, 8 de octubre y tras determinarse que no hay otros recursos que impidan el desarrollo de la audiencia, se inició el proceso nuevamente.

RECURSOS BUSCAN ANULAR PROCESO

No obstante, aunque la idea es conocer la audiencia en la que se debe discutir si son o no enviados a juicio los 14 sindicados, existen recursos pendientes de resolver que desde hace dos años no se conocían, el primero de estos, presentado por el abogado Marvin Figueroa, quien argumentó que el MP no realizó una serie de diligencias en las cuales se establece que no hubo la supuesta sobrevaloración que se alega en la acusación, así también la búsqueda de documentación que hacia constar que 4 señalados no participaron en los hechos reprochados.

Entre la documentación que fue presentada como prueba, se señalaron diversos permisos que ya fueron autorizados tanto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en los cuales se acredita que el terreno fue adquirido con los permisos respectivos para trabajar sin problema en el lugar.

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Acto seguido, el abogado William Méndez también presentó un recurso de prejudicialidad, pues este asegura que el caso no debió llegar a una instancia penal, pues no se agotó la vía administrativa y debía realizarse primero un proceso ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) para definir si realmente hubo una anomalía en la adquisición del terreno y posterior determinarse si existía o no algún delito que perseguir.

Méndez argumentó ante el juzgado, que ya existían sanciones emitidas por la CGC, por lo tanto, ya se trataba una cosa juzgada, por lo que solicitó, así como Figueroa, el archivo del caso y se diera por concluido el proceso.

PETICIONES RECHAZADAS

Tras un receso dado por el juez Josué Manuel Alvarado y tras realizar el análisis respectivo de las peticiones, este rechazó ambos recursos. En el primero el juzgador determinó que si bien es cierto existen las documentaciones y permisos que avalan que el terreno adquirido en 2016 por la municipalidad de Villa Nueva para el vertedero municipal si contaba con los estudios necesarios, estos se habían dado entre 2017 y 2022, cuando el caso que actualmente se lleva en su judicatura habla de hechos sucedidos entre 2014 y 2016, situación por la cual no se podía tomar en cuenta lo argumentado por Figueroa, por lo que rechazó el recurso de falta de acción contra el MP.

De la misma manera, el recurso de prejudicialidad presentado por Méndez fue rechazado, pues también las sanciones que este aseguró fueron dadas por la CGC, fueron dadas en 2017, situación por las que el juez indicó estaban fuera del periodo que fue investigado por el MP y por los hechos en los cuales se señalaba a los implicados, por lo que la acción que buscaba anular el caso y pretendía su archivo quedó anulado.

SUSPENDEN DE TODAS FORMAS

Desde el inicio de la audiencia, abogados y sindicados se quejaron de las constantes suspensiones que ha sufrido el proceso, algunos contabilizaron 27, otros 30, e incluso hubo quienes aseguraron que las audiencias que finalmente se realizó este día, sufrió 49 suspensiones en los dos años y medio de espera para poder realizarlo.

Tras escuchar la resolución de Alvarado, Méndez solicitó la suspensión de la audiencia luego que el juzgador mostró su interés en continuar con la misma para que así se discutiera la investigación realizada por el MP y se iniciara el proceso para determinar si los acusados deben o no enfrentar juicio por este caso.

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Méndez aseguró que la resolución del juez puede ser apelable ante una Sala de Apelaciones y por la naturaleza de lo que se alega, un posible fallo a su favor podría anular el caso, por lo que lo mejor era suspender la audiencia y esperar una resolución definitiva para «no afectar» más a los sindicados.

Ante la petición del defensor, el juez argumentó que no necesariamente tenían que parar el proceso, pues si una sala ordenaba retrotraer el proceso, pues se daba cumplimiento, pero el resto de defensores se opusieron y apoyaron la petición de Méndez.

Por tal motivo, la audiencia una vez más se volvió a suspender y se reprogramó para el 4 y 5 de noviembre próximo, siempre y cuando la apelación que estos presenten ya se haya suspendido.

TINTE POLÍTICO

Al terminar la audiencia, Escobar afirmó que después de 3 años finalmente habían escuchado parte de las peticiones; sin embargo, ahora esperan resoluciones para un proceso que a su criterio tiene un tinte político, pues «buscaban con este retirarlo de la contienda electoral» cuando buscaba ser candidato a la presidencia del país, afirmó.

El exjefe edil manifestó que, por lo menos, esta vez habían avanzado presentando las peticiones que tenían más de dos años en espera, por lo que ahora únicamente queda pendiente lo que puedan resolver la sala respectiva sobre las impugnaciones que puedan surgir.

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 16 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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