El secretario del MP Ángel Pineda en la conferencia de prensa ofrecida este miércoles. Foto: Captura de pantalla
El secretario del MP Ángel Pineda en la conferencia de prensa ofrecida este miércoles. Foto: Captura de pantalla

Durante la conferencia brindada por autoridades del Ministerio Público (MP) sobre el caso al que denominaron «Mecanismo de Corrupción Micivi», el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, además de anunciar la presentación de una solicitud de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo, este aseguró que se investigan empresas que podrían tener vinculación con el caso B410.

Según el argumento de la FECI estas fueron beneficiadas con el pago por deuda de arrastre a través del Ministerio de Comunicaciones.

Sin embargo, durante la explicación, Curruchiche asegura que algunas de estas empresas que figuran en la investigación que ya realizan por este caso, estaban vinculadas dentro del caso Construcción y Corrupción y, por lo tanto, estas ya tenían antecedentes de actos anómalos con el Estado.

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A criterio del jefe de la FECI, por las supuestas acciones ilegales de estos contratistas, haber generado el pago sería fomentar el actuar ilícito de estas.

No obstante, queda en el tintero: ¿Cuándo fueron adjudicadas las obras que estaban a cargo de las empresas hoy mencionadas?

Curruchiche afirmó que muchos de los pagos fueron autorizados por el presidente a pesar de no tener documentación que hiciera constar el avance de las obras, pero tampoco se menciona que son obras realizadas en gobiernos anteriores.

«UN PRINCIPIO DE INOCENCIA QUE NO PODEMOS VULNERAR»

Tras detectarse entonces que estas empresas vinculadas al caso Construcción y Corrupción, investigado por la FECI, ya tenían sanciones, se cuestionó sobre por qué entonces no se ha indagado sobre las adjudicaciones que pudieron continuar recibiendo del Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, para seguir recibiendo fondos del estado.

De acuerdo con el Secretario General del MP, Ángel Pineda, por el momento «la fiscalía tiene que circunscribirse a los hechos denunciados, si dentro de la investigación se encontrará que hay otras personas, pues por supuesto que se va a ir en contra de las personas que puedan haber constituido la comisión de un delito», refirió.

A su vez, se cuestionó por qué no se investigó a la empresa Aspetro, la cual está vinculada a Miguel Martínez, quien se presume llegó al MP este día, a lo que Pineda contestó «Estas circunstancias si así como tú lo mencionas parecía que se quisiera encajar en este hecho denunciado a otras personas, pero eso no lo podemos determinar de forma arbitraria y abusiva».

Pineda refirió: «Recordemos que aquí hay un derecho de defensa de todas las partes y un principio de inocencia que no podemos vulnerar».

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El secretario explicó que para ampliar la investigación que de momento llevan por este caso, necesitan solicitar documentación a otras dependencias para tener documentos que sustenten los posibles hechos ilícitos. «Vamos a pedir el apoyo de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que pudiese hacer ese seguimiento, porque ese análisis de contratos si le compete a la CGC», indicó.

7 DENUNCIAS CONTRA EXFUNCIONARIOS

Ante la insistencia de la posibilidad de que las anomalías presentadas este día provienen de actos de gobiernos anteriores, finalmente Pineda recalcó la existencia de 7 denuncias contra exfuncionarios del anterior gobierno por supuestos señalamientos de corrupción.

Sin embargo, se negó a dar detalles porque aseguró que esto podría vulnerar la averiguación que se mantiene al momento sobre dichos casos.

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 16 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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