Edgar Ortiz, abogado constitucionalista. Foto: Archivo La Hora
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista. Foto: Archivo La Hora

El pasado lunes 10 de junio, se dio a conocer la decisión de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la cual se ordenó anular contrato de usufructo por 25 años que concedió la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ahora en manos de la entidad APM Terminals, para el uso de una parte de las instalaciones de Puerto Quetzal.

Según explicó el abogado Edgar Ortiz, por medio de su cuenta en la red social X, la resolución no es reciente, pues la sentencia original en la cual se declaró dicho efecto fue dictada en 2017. Sin embargo, los procesos de impugnación, de los cuales todos se resolvieron en contra de la empresa beneficiaria, causaron que esta dilatara en causar firmeza.

«La sentencia fue dictada en octubre de 2017, pero la notificación se realizó hasta ahora debido a que la casación se declaró sin lugar el 12 de diciembre de 2018 y el amparo sobre esta se resolvió desfavorablemente para el interesado el 15 de febrero de 2023 ante la CC», explicó Ortiz.

Con la decisión de los magistrados, «todos los efectos del contrato de usufructo se revertirán», indicó el profesional del derecho, ya que dicho convenio excedía las competencias legales y violaba las normas de derecho público.

Ahora, «APM Terminals debe devolver el terreno y cesar sus operaciones bajo el contrato nulo y el Estado restituir lo recibido», manifestó Ortiz, en torno a las acciones que deberán tomar los encargados de la EPQ y la referida entidad, mientras se analizan los mecanismos para evitar impactos negativos en el comercio.

NO HAY MÀS IMPUGNACIONES

Ortiz explicó que el pasado viernes 7 de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC) notificó a la Sala el rechazo de los recursos de ampliación y aclaración que se dieron dentro del amparo que se le negó a APM Terminals Quetzal, lo cual provocó que la sentencia causara firmeza.

Agregó que en el comunicado emitido por la empresa que aún tiene en sus manos la operación de las instalaciones, señaló que están revisando «la juridicidad de dichas resoluciones y está evaluando las siguientes acciones legales que corresponden», pero el profesional dijo que actualmente ya no tienen otros recursos legales que presentar, pues ya se han agotado todos.

 

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 16 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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