Algunos empresarios reconocen que transporte debe ser regulado, pero de forma integral

Las preguntas alrededor del accidente de bus que dejó 54 fallecidos la madrugada del 10 de febrero, al embarrancarse mientras bajaba en la calzada La Paz, zona 6, continúan surgiendo.

Los reflectores parecen apuntar hacia la necesidad de reformas en la Dirección General de Transportes (DGT) para aumentar y fortalecer la institucionalidad y a la necesidad de ejercer más controles al transporte extraurbano de pasajeros.

Fortalecer los controles siempre surge cuando hay un accidente de similares dimensiones. Así, el tema se puso sobre la mesa cuando un autobús se precipitó al fondo de una hondonada en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, el 20 de septiembre de 2013, y se cobró la vida de 50 personas; o cuando que iba a excesiva velocidad volcó en la curva de El Chilero en el kilómetro 34 de la ruta a El Salvador, en febrero de 2008, y dejó 48 fallecidos.

De esa cuenta se han discutido leyes y modificado reglamentos que terminan por no cumplirse, como el que los autobuses que circulan no deben ser de menores de 25 años de antigüedad o que la licencia de conducir, tipo C, se puede extender a un piloto hasta los 25 años de edad.

El autobús accidentado la madrugada del 10 de febrero bajo el puente Belice, tenía más de 30 años de antigüedad y el piloto tenía 24 años.

DEBE HABER CAMBIOS

Algunos transportistas consultados por La Hora reconocieron que es necesario modernizar el sistema de transporte extraurbano, incluyendo las regulaciones a los buses; sin embargo, afirman que los cambios deben ser integrales y no solo enfocarse en las unidades.

“Qué fácil es decir que por lo antiguo de los buses —ocurren los percances—, pero no tiene lógica, porque un bus puede ser de los 80, modelo 2020 o 2025, pero hay que determinar la causa real del accidente —de la zona 6— y de ahí partir”, expresó Itiel Ordóñez, miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP).

Afirmó que los buses más antiguos son “más resistentes” que los modernos, ya que estos son fabricados con materiales “más sensibles y frágiles”. “Cuando critican la antigüedad de los buses, no sé si alguien quiere hacer negocio”, expuso Ordoñez, al insinuar que por eso la propuesta de ciertos sectores de renovar los buses al prohibir el tránsito de unidades de más de 25 años de fabricadas.

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Otros empresarios también refieren que no se puede renovar las flotillas debido a que los delincuentes de inmediato les dicen que deben pagar más de extorsión porque renovar las unidades es señal de que “hay más dinero”.

“Hoy ya no hay pilotos con licencias profesionales que quieran trabajar por el miedo a las extorsiones. Usted se encomienda a Dios cada vez que sale, pero ellos, se saben qué ruta toman, y a qué hora están en ciertos lugares”, añadió otro empresario que pertenece a una asociación de Jalapa, pero que no quiso ser citado por temor a los extorsionistas.

“Las extorsiones nos tienen hasta el cuello. Vea cuántos pilotos sufrieron atentados el año pasado, vea cuántos pilotos mataron”, cuestionó.

CAMBIOS INTEGRALES

Los transportistas se oponen a que los cambios y regulaciones se hagan solo tomando en cuenta a las unidades, puesto que dicen, por ejemplo, que la falta de conductores por temor a la delincuencia, hace que pilotos jóvenes con poca experiencia se hagan cargo del manejo de los buses.

De esa cuenta, también creen que las soluciones también pasan por mejorar la seguridad y el estado de las carreteras, señalizarlas mejor, así como impulsar programas y campañas de educación vial y establecer escuelas de pilotos.

El transporte es moderno en otros países, pero los gobiernos apoyan al sistema, reclamó Ordoñez, quien también se refirió a lo obsoleta que es la Ley General de Transportes (1946) y a la necesidad de que sea actualizada, dado a que las el transporte ha cambiado en un 95% desde entonces, y se sigue rigiendo por esa norma.

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“Es necesario que el Gobierno nos abra las puertas para establecer una mesa de diálogo, pero sin ver intereses —particulares—, sino los de la población”, remarcó. En ese sentido, dijo que el Congreso también debe involucrarse, con la aprobación de leyes que “realmente sean funcionales”, no como la que se pretendía aprobar hace unos años para obligar a los transportistas a colocar reductores de velocidad en las unidades.

Ordoñez agregó que en la actualidad se ha reformado el Reglamento al menos cinco veces y “ya no se sabe cuál de todos se aplica”. Señaló que estos cambios constantes a las normas generan confusión, pero también corrupción.

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El transportista de Jalapa, por su lado, indicó que existe una propuesta para modernizar el servicio extraurbano de buses, que se discute con el Viceministerio de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pero dijo que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana.

“El Gobierno debería tener propuestas puntuales. Esto no se arregla con una barita mágica”, indicó el entrevistado.

Los empresarios dijeron que no se oponen a la modernización del sistema de transporte. Al contrario, creen que la apuesta debe ser el diálogo para hallar una salida correcta y mejorar el servicio.

La Hora intentó comunicarse con Carlos Vides, presidente de la junta directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), pero no respondió a las llamadas ni mensajes de texto.

En una nota publicada por Prensa Libre titulada, “Transportistas piden menos regulaciones de tránsito”, Vides dijo que la antigüedad de los buses no incide en un accidente de tránsito.

DATOS

De acuerdo con información proveída por la DGT, el bus accidentado en la zona 6, recibió autorización para circular por 10 años la cual vencía el 24 de mayo de 2025. La ruta autorizada era de la aldea Estancia de la Virgen hacia al ciudad de Guatemala, vía San Agustín Acasaguastlán y El Rancho, El Progreso.

La autorización fue firmada por el fallecido exdiputado Hugo Ottoniel Rodríguez Chinchilla, cuando era jefe de la DGT.

La unidad pertenece a Transportes Tineca, S.A., empresa que fue inscrita el 24 de agosto de 2011 y que está ubicada en el Barrio El Centro, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, según consta en los documentos del Registro Mercantil. El abogado que lo autorizó fue Selvin Antonio Medina Escarate.

Los propietarios son los comerciantes Héctor Fernando Fajardo de León y Alan Estuardo Fajardo de León, quienes constituyeron la sociedad anónima con un capital autorizado de Q5 mil. El administrador único es José Miguel Fajardo Aguilar.

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