La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió su informe de las auditorías practicadas al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, en el que resalta que el 90 por ciento de las denuncias penales presentadas al Ministerio Público (MP) tienen que ver con el decreto 21-2022, aprobado por el Congreso de la República en marzo de 2022.
En aquel entonces, los diputados aprobaron la Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, por medio de la cual se autorizó el uso de Q3 mil 191 millones al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), para el 2022, y un techo multianual de hasta Q5 mil 690 millones.
📌 Contraloría denuncia malos manejos en decreto impulsado por Giammattei y aliados por Q6 mil 960 millones
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 24, 2024
El informe de la Contraloría detalla que, producto de los mil 247 «exámenes especiales de auditoría» que practicó la institución se impusieron 1 mil 013 sanciones económicas, y se presentaron 28 denuncias penales que ascienden a poco más de Q7 mil millones 655 mil.
El informe detalla que una de las denuncias se interpusieron por la «irregularidad en contrataciones y ejecución de proyectos al amparo del Decreto 21-2022». Puntualmente, señala que «se adquirieron compromisos no sustentados en el Decreto».
Estas irregularidades alcanzan, según la CGC, Q6 mil 960 millones 843 mil; es decir el 91% del total de denuncias, y Q1 mil 270 millones más que lo aprobado en el Decreto 21-2022 incluido el costo estimado de los proyectos multianuales.
PROYECTOS A MEDIAS
En abril pasado, La Hora publicó una serie de artículos después de haber visitado varios proyectos incluidos en la referida Ley y que estaban cerca de la capital, y constató que la mayoría están inconclusos o abandonados.
Por ejemplo, una calle que se construye en la cabecera municipal de Palín, Escuintla, fue abandonada en diciembre pasado, después de que la constructora se percatara de que no podía terminarla ya que todavía hay pendientes algunos estudios pluviales.
El contrato fue firmado por Q25 millones, los cuales ya se le pagaron a la compañía; sin embargo, hasta hoy la calle no puede ser transitada. Aunque oficialmente ya fue inaugurada, le faltan unos 10 metros para llegar hasta la CA-9 sur, el sistema de drenajes está a medias y varios vecinos sufren porque quedó vedado el acceso a su vivienda.
Aparte de los trabajos inconclusos, en el lugar quedó una placa donde se agradece al expresidente Alejandro Giammattei por su gestión.
Otro proyecto que quedó abandonado (de hecho, ni siquiera se ha comenzado) es el diseño y construcción de un viaducto en el kilómetro 19 de la ruta interamericana que facilitaría el ingreso de los vehículos a Ciudad Satélite, Mixco. En el lugar solo está un rótulo que anuncia la obra mientras persisten los problemas de tráfico.
El contrato se firmó por Q59.7 millones, de los cuales ya se pagaron Q11 millones. La obra fue adjudicada a Opción Técnica, S. A., una empresa que experimentó durante los cuatro años del gobierno de Giammattei una bonanza financiera con más de Q2 mil 134 millones en adjudicaciones.
CARRETERAS A MEDIAS
La Hora también visitó tramos de las carreteras a El Salvador e Interamericana y a Escuintla que para su recapeo se firmaron millonarios contratos, pero donde se observan pocos impactos.
Uno de los ejemplos es la carretera Interamericana o CA-01 Occidente cuyo “recapeo menor” tuvo una asignación de Q13.3 millones. En el carril que va hacia el occidente, se colocó una capa de asfalto; sin embargo, quedó sin señalización y ya comienzan a verse ondulaciones en la cinta asfáltica.
Situaciones similares se observan en la CA9-Sur, desde el puente Villalobos hasta Amatitlán, contrato de Q27.9 millones y en la carretera a El Salvador donde se aprobaron recapeos menores entre Pradera, zona 10, y Santa Rosalía, y entre este y el desvío hasta Santa Elena Barillas.
El contrato se firmó con la empresa CEBCO por Q32.3 millones para el recapeo de 5.5 kilómetros.
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RUTA ABANDONADA
Otro proyecto que quedó a medias es el mejoramiento de ocho kilómetros de una ruta departamental en San José Pinula, que conduce del centro del municipio hasta la aldea Santa Rita. En el decreto 21-2022 se aprobaron fondos por Q27 millones, pero solo se asfaltó la mitad de los ocho kilómetros porque el CIV ya no pagó la obra, según un representante de la compañía.
La ampliación presupuestaria contenida en el decreto 21-2022 nació en medio de señalamientos que apuntaban a que las obras fueron seleccionadas sin criterios técnicos, y que, incluso, habían sido los diputados distritales quienes las incluyeron.
La polémica la alimentó el extitular del CIV, Javier Maldonado, quien mes y medio después de la aprobación reconoció que los proyectos habían sido seleccionados por los legisladores, ya que si la cartera que él dirigía lo hubiera hecho tendrían respaldo técnico.
En su momento, también se señaló que su aprobación ocurrió de manera exprés. Apenas en 13 días desde que el proyecto de ley fue presentado a Dirección Legislativa.
