Los contratos que firmó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante el gobierno pasado son los que más han sorprendido y preocupan a las actuales autoridades de Gobierno, debido al mal uso de los fondos públicos.
En una comunicación con La Hora, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CPC) detalló que “la adjudicación de obras de infraestructura ha sido un tema de alarma en el Ministerio de Comunicaciones”.
Según la titular del CIV, Jazmín de la Vega, son cerca de mil 400 contratos los que se suscribieron y de los cuales se hace una revisión.
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Esta situación ha motivado por lo menos —y hasta el momento— tres denuncias penales. La primera por la compra de escaleras eléctricas para el Aeropuerto Internacional La Aurora, que las enviaron con medidas distintas a las que decían las bases de licitación y que, por lo tanto, no pueden ser colocadas.
Una segunda se presentó por la ejecución de Escuelas Bicentenario ya que se presume que las bases de licitación para la construcción de 16 escuelas se diseñaron de tal forma que el fin era favorecer a la empresa FAME, Sistema Constructivo, S. A. puesto que el material del que debían ser construidas y que era requisito fundamental solo esta firma lo distribuye en Guatemala.
Varias de estas escuelas están a medio construir y ya presentan daños. Además, ya se pagó la mayor parte del dinero, en algunos casos, más de lo que se firmó en el contrato.
La tercera denuncia se presentó el 23 de abril y fue por la posibilidad de anomalías en la ejecución del programa Cocinas Dignas, ya que luego de una supervisión que las actuales autoridades hicieron de 20 escuelas, se percataron de que la mayoría no tiene agua potable ni electricidad y que fueron construidas en lugares donde solo se cocina con leña lo que está deteriorando las paredes.
La CPC destacó que ha brindado acompañamiento al CIV en los procesos de revisión y denuncias y destacó el papel «proactivo en señalar irregularidades” de las anteriores autoridades que ha tenido dicha cartera.
“Esta colaboración subraya nuestro compromiso con erradicar la corrupción y asegurar que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo con los más altos estándares de integridad y legalidad”, precisó la Comisión en una respuesta a La Hora.
HERRAMIENTA
La CPC dio a conocer que actualmente trabajan en la creación de un tablero digital que facilitará la recopilación y el acceso a la información relacionada a las denuncias que presente el Gobierno en los distintos ministerios.
“Este esfuerzo busca no solo informar a la ciudadanía, sino también fortalecer los mecanismos de revisión. Además, es un espacio para exhibir todos esos hechos que merecen una investigación seria y objetiva”, puntualizó la Comisión.
FALTAN ACCIONES
A pesar de las múltiples denuncias, no solo del actual gobierno, sino de particulares, se desconoce si el Ministerio Público (MP) ha iniciado alguna investigación por posibles hechos de corrupción.
Hasta inicios de febrero, en una entrevista con La Hora, el secretario del MP, Ángel Pineda, confirmó que ninguna fiscalía investiga a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del exgobernante. Esto, pese a que el Departamento del Tesoro lo sancionó por supuesta corrupción en el proceso de compra de las vacunas rusas Sputnik V.
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En las investigaciones por la compra de los inmunológicos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigió sus baterías en contra de la desaparecida Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), a pesar de que esta ya no existía cuando se negoció y firmó el contrato con la compañía rusa Human Vaccine.
En la Coprecovid trabajó como asesor el actual procurador General de la Nación, Julio Saavedra, quien ha presentado varias acciones que buscan cesar de su puesto a la actual fiscal general María Consuelo Porras.
“La ciudadanía exige que el Ministerio Público cumpla con su mandato y tome en serio estos casos”, concluyó la CPC.
