La Contraloría General de Cuentas de la nación (CGC) sigue recopilando información relacionada a la contratación del bufete Greenberg Trauring, LLP de Estados Unidos (EE. UU.) que, según una denuncia del Gobierno de Guatemala, tenía la finalidad de perseguir políticamente a opositores de la pasada administración y críticos del Ministerio Público (MP).
«La denuncia fue admitida, ya se emitieron los nombramientos de las comisiones de auditoría que están realizando el proceso y solicitando información a las entidades incluidas en la denuncia», respondió a La Hora la oficina de Comunicación de la CGC.
Puntualmente, la denuncia la presentó el pasado 7 de marzo el secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, en contra del secretario general del MP, Ángel Pineda, por el posible mal uso de los recursos del erario ya que la contratación del referido bufete no tendría por finalidad algún beneficio para el Estado de Guatemala.
De acuerdo con la denuncia, podría existir una persecución política dirigida desde el MP, la cual habría sido avalada por el expresidente Alejandro Giammattei durante su gestión.
El Gobierno señala a Pineda debido a que el 16 de noviembre de 2021, mediante un oficio, solicitó al mandatario la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos para accionar en contra de la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, «utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado».
El Gobierno de Guatemala pagó al menos Q461 mil 600 mensuales al bufete. De tal cuenta que se solicitó a la CGC una auditoría al MP.
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SE PAGARON MILLONES
En junio de 2022, publicaciones de este medio revelaron que Greenberg Tauring, LLP recibió millones de quetzales del erario guatemalteco para involucrarse en casos relacionados con personas sancionadas por EE. UU.
En el artículo «la obsesión de Giammattei con la Lista Engel que nos cuesta millones», se dio a conocer que el entonces gobernante instruyó al Ministerio de Economía para que contratara a la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP con el afán que esta represente al Estado de Guatemala en un arbitraje internacional.
Giammattei quería a un abogado en específico: Daniel Pulecio-Boek, quien se promociona por tener experiencia en casos de personas sancionadas e incluidas en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. Meses antes, Porras y Pineda habían sido sancionados por aquel país, por primera vez.
