El debate salta de nuevo, ahora desde el Congreso de la República. Un grupo de diputados propuso el pasado 14 de marzo revivir la iniciativa de ley 5692 para declarar terroristas a las pandillas y endurecer las penas por la comisión de ciertos delitos.
No es la primera vez que se habla del tema. En 2018 lo puso sobre la mesa el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, cuando recién nombrado en el cargo dijo que haría tal petición al Legislativo.
Posteriormente, fue el expresidente Alejandro Giammattei quien lo sugirió en el discurso de toma de posesión. Aunque se presentó una iniciativa de ley, el Congreso nunca la aprobó.
La tentación de retomar el discurso de guerra en contra de las pandillas suele estar acompañada de coyunturas políticas específicas. Se acostumbra a hablar del tema en campañas electorales, cuando se busca impactar mediáticamente o para atacar a rivales políticos.
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En Guatemala, la iniciativa 5692 fue revivida por los diputados Nadia de León, del partido Nosotros, y Álvaro Arzú, Unionista. Fue apoyada por los bloques legislativos de Vamos y Valor y por algunos congresistas del resto de las bancadas.
Por esos días se produjeron varios hechos de violencia, entre estos, el incendio de un autobús extraurbano en Escuintla a manos de supuestos extorsionistas, lo que causó alarma entre la población.
De momento, con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la iniciativa de ley ya se conoció en primera lectura. Además de la declaratoria, también endurece las penas por la comisión de delitos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas.
Además, puntualiza que se sancionará a quienes promuevan, financien o se beneficien de las actividades que realicen estos grupos criminales, penas que serán aumentadas para los jefes, cabecillas o líderes de estos.
¿ES FUNCIONAL?
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica comparten el lastre de la violencia generada por pandillas, aunque de una manera más acentuada en Honduras y El Salvador.
En Guatemala son las principales responsables de las extorsiones, el delito se ha convertido en el más denunciado a las autoridades. Un informe del mes pasado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) detalla que este delito “ha ido en aumento significativo” en los últimos 12 años.
En 2023 se produjeron más de 18 mil extorsiones con una tasa de 102.8 por cien mil habitantes, esta aumento a 108.4, al contarse en enero y febrero tres mil 704 denuncias.
¿Pero declarar a los pandilleros como organizaciones terroristas reducirá este crimen y otros relacionados con las pandillas?
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Un análisis de 2018 de Insight Crimen, centro de pensamiento en Estados Unidos que se dedica al análisis de fenómenos criminales, recopilaba que el discurso de tipificar a las pandillas como terroristas “ha sido popular en varios países de Latinoamérica”, pero “ha probado tener poco efecto”.
El actual ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, declaró recientemente en una entrevista que una ley como la que sugiere el Congreso obligaría a un rediseño institucional de la cartera, lo que dificultaría dar resultados a la población.
Señaló que desde la perspectiva política existen propuestas que tienden a ser un problema, más que una solución, y dijo temer que la intención de los legisladores opositores sea precisamente hacer que el Gobierno falle en sus planes de brindar seguridad.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 23, 2024
CANO: “NO SIRVE DE MUCHO”
Ignacio Cano, investigador en temas de seguridad que ha participado en varios proyectos de este tipo en Latinoamérica, expuso que declarar a las pandillas terroristas “no sirve de mucho”. En todo caso, subrayó, tiene una función retórica de demonizar a las pandillas y justificar cualquier acción en contra de ellas.
Aunque estas leyes tienden a dar más poderes a las fuerzas de seguridad y a los sistemas judiciales se ha demostrado que “no tienen un impacto en la prevención de la delincuencia o la criminalidad”, enfatizó el experto, también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que, más que endurecer las penas o declarar a las pandillas terroristas “es mucho más importante reducir la impunidad, asfixiar económicamente las actividades de estos grupos y llevar a cabo programas de prevención”.
Debido al riesgo natural de los pandilleros de perder la vida, endurecer las penas en su contra es inofensivo, en consideración de Cano. “La excepción es lo que ha hecho -Nayib- Bukele que ha encarcelado indiscriminadamente a millares de jóvenes y ha contenido la violencia y extorsión al costo de anular el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, cuestionó.
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REYES: SE REQUIEREN CAMBIOS PROFUNDOS
El doctor en Criminología Federico Reyes indicó que una declaratoria como la sugerida por los legisladores requeriría de cambios en el Código Procesal Penal e involucrar a todo el sistema de justicia, que tendría que estar preparado y capacitado para que la norma no se trate solo de denominarlos así, sino aplicar medidas de investigación, seguimiento y captura.
“Pareciera ser -la propuesta de ley- algo que necesita tener mayor análisis y no solamente el uso semántico de la palabra. El cambio es profundo, no es superficial, por lo tanto, debe ser mucho más analizado”, precisó.
De igual forma, añadió, que el aumentar las penas requiere cambios y capacitación de jueces, investigadores policiales y de todo el andamiaje del Ministerio Público.
Respecto a que el éxito que ha tenido Bukele en El Salvador con las pandillas puede hacer que políticos en Guatemala crean que emular las medidas es una buena idea, Reyes dijo que ambos países tienen “realidades distintas” y subrayó que “las políticas populistas pueden tener resultados a corto plazo, pero consecuencias mayores por falta de previsión y de visión”.
ACEÑA: “PUEDE GENERAR CONFUSIÓN”
María del Carmen Aceña, analista del CIEN, indicó en un análisis publicado recientemente que, “usar la palabra terrorismo es complejo y puede generar confusión, debido a que no existe una definición universal del término”.
Cano coincidió en señalar que el término terrorismo es muy ambiguo, pero que de modo general se entiende que tiene un objetivo político, religioso o social, lo cual “no es el caso de las pandillas”.
El CIEN subrayó esto, cree que “las normas y los mecanismos establecidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada son suficientes para la persecución penal de los pandilleros ya vinculados a una asociación ilícita”.
