El Informe Mundial de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado este 11 de enero, da cuenta de una serie de problemas que padeció Guatemala el año pasado y que hicieron tambalear la democracia y el estado de Derecho.
No obstante, precisa que la próxima administración encabezada por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, puede convertirse en un ejemplo para la región sobre cómo gobernar.
«Una vez asuma, el presidente tendrá la responsabilidad de desmontar la participación de redes corruptas en el Estado, recuperar la independencia judicial y restaurar las garantías de derechos humanos», expuso Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW.
A su juicio, con el respaldo de la comunidad internacional, «Arévalo puede volverse un ejemplo sobre cómo gobernar democráticamente para enfrentar problemas graves de Centroamérica, como son la inseguridad y la pobreza».
Agregó que «las expectativas con su gobierno son grandes y también lo es la necesidad de que la comunidad internacional apoye las medidas sólidas de su gobierno que pueden ser una oportunidad histórica para Guatemala».
REPASA EL 2023
En el informe, HRW hace un repaso de lo ocurrido durante el año pasado en Guatemala y enfatiza en que «la corrupción ha debilitado la democracia y el sistema judicial, acelerando el retroceso democrático de Guatemala».
Y refiere que para impedir la rendición de cuentas, las autoridades guatemaltecas han socavado los controles institucionales contra el abuso de poder, y que se ha incrementado el acoso a periodistas, así como a fiscales y jueces independientes que han investigado y revelado casos de corrupción.
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Asimismo, el documento hace un recuento completo de proceso electoral en el cual recuerda que la autoridad electoral no admitió la participación de al menos tres candidatos presidenciales «con argumentos dudosos» y el MP inició una investigación en contra de un cuarto candidato, Edmond Mulet.
También narra que las elecciones fueron altamente observadas, no obstante, el partido perdedor de la segunda vuelta, la Unidad Nacional de la Esperanza, no reconoció los resultados y junto con otros actores políticos denunció un fraude electoral.
Recuerda las manifestaciones de octubre en contra de los intentos por anular las elecciones y que en varios puntos los ánimos se caldearon y se registró un fallecido.
El informe también da cuenta de que la corrupción persiste en el país, pero que la fiscal general, Consuelo Porras, ha debilitado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que es uno de los órganos encargados de perseguirla. Como consecuencia de la corrupción, Guatemala ha experimentado una caída en la clasificación en el informe del Americas Society Council of Americas.
JUSTICIA
De igual forma, HRW detalla que algunas medidas adoptadas por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades «han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción», y que las élites económicas y militares «han cooptado gran parte del sistema judicial del país».
«Los esfuerzos orientados a socavar las garantías institucionales aumentaron desde la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a finales de 2019», detalla el documento.
En cuanto a la libertad de expresión, revela que «las autoridades han generado un clima hostil para los periodistas y medios de comunicación, por medio de ataques verbales, restricciones a su trabajo periodístico y procesos penales abusivos».
Además, señala una intensificación de los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y las autoridades no han sido capaces de proteger a las personas LGBT de la violencia y la discriminación.
El documento, también hace referencia a violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, a los niños y los migrantes y solicitantes de asilo.
COMUNIDAD INTERNACIONAL
Por último, HRW también hace una valoración positiva de la participación de la comunidad internacional en la coyuntura nacional y considera que su papel ha sido «clave» para enfrentar la crisis.
Resaltó que ha habido múltiples muestras de preocupación por la situación del país y que en abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyó a Guatemala, junto con Venezuela, Cuba y Nicaragua, como países que sufren graves ataques a las instituciones democráticas.
De igual forma destaca que las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea «desempeñaron un papel fundamental para garantizar el derecho al voto en Guatemala», así como las sanciones impuestas por Estados Unidos y las advertencias que ha hecho la Unión Europea.
