El Partido Humanista, por medio de su excandidato presidencial y aún diputado del Congreso de la República, interpuso un amparo con el que busca anular el proceso electoral, a pesar de que los resultados ya fueron certificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de que su partido, en la primera vuelta, apenas obtuvo 34 mil votos, el 0.008 por ciento de los sufragios válidos.
Dicho amparo lo presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) y es en contra del Congreso y del TSE por el “riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegítimo, antidemocrático y no representativo”.
📌Tras publicación de La Hora y fracaso en convocatorias, Shirley R. cierra la puerta al plan
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 5, 2024
La organización política considera que tanto la primera como la segunda vuelta electoral, celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto, respectivamente, estuvieron “viciadas” y que están sujetas a una investigación penal en lo relacionado al escrutinio, cómputo y digitalización, entre otros aspectos, de los sufragios.
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BUSCAN NULIDAD
En julio pasado, Mérida también accionó en contra de los resultados, y presentó en el TSE un “recurso de nulidad especial en contra de las Elecciones Generales en todos los municipios” por la “destrucción y sabotaje” del proceso electoral.
Desde que se conoció que Bernardo Arévalo y Karin Herrera pasaron a segunda vuelta comenzó una arremetida en contra de los resultados, que incluyó, acciones de partidos políticos y del Ministerio Público para desacreditar al partido ganador, Movimiento Semilla, y también al proceso.
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La arremetida en contra del proceso causó una crisis política que vio su expresión máxima en la primera quincena de octubre cuando un movimiento liderado por organizaciones indígenas mantuvo bloqueados varios puntos carreteros. Solo en un día, se reportaron hasta 148 puntos de protestas en el país.
El recurso presentado por Mérida se produce, pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó el pasado 14 de diciembre de manera definitiva garantizar el cambio de mando, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el 14 de enero de 2024.
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