La crisis política e institucional que atraviesa Guatemala desde que comenzó el proceso electoral, y que se agudizó luego de la primera ronda de las elecciones generales 2023, ha encendido las alarmas de la comunidad internacional que percibe un intento por romper el orden constitucional.
El fundamento de estas sospechas las ha dado el Ministerio Público (MP) que, acuerpado por otros órganos del Estado, da muestras de su intención para revertir los resultados de los comicios, tanto del 25 de junio como del 20 de agosto, los cuales dieron como ganador de las presidenciales al binomio del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos.
Desde que se supo que ambos pasaron a la segunda ronda, comenzaron los intentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para impedir que Arévalo y Herrera tomen posesión del cargo el 14 de enero de 2024, según analistas.
FIRMAS FALSAS
Al principio, los señalamientos en contra de Semilla indicaban que el caso tenía relación con el uso de supuestas firmas falsas en las gestiones para la inscripción de la organización política.
El MP encuadró la situación con respecto a lo señalado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, y aprovechó para pedir a un juez penal la suspensión temporal de la personería jurídica del partido político, con lo cual la Fiscalía pretendía que esta agrupación no pudiera participar en el balotaje, y crear un limbo legal.
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La polémica se zanjó con una resolución constitucional que ordenó que la segunda vuelta electoral debía desarrollarse en la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con los candidatos que habían sido certificados: Arévalo, de Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
De esa elección quedó confirmado como presidente electo Arévalo.
Al no tener el éxito esperado, el MP comenzó una embestida en contra del proceso electoral. De esa cuenta, fueron secuestrados las actas electorales 4 y 8 originales de la primera ronda de votaciones.
Expertos calificaron esas acciones de la Fiscalía como ilegales, y despertaron la indignación de la ciudadanía que exigió la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, así como de otros funcionarios del MP y del Organismo Judicial (OJ).
Miles observaron cómo fiscales con el rostro cubierto, que llegaron en vehículos con las placas ocultas y con lujo de fuerza, extrajeron las cajas electorales en la madrugada del 30 de septiembre pasado. Además, en una acción previa del órgano encargado de la persecución penal, al menos se vio un video en el cual consta que fiscales contaban sufragios, función exclusiva de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
De esta investigación, el MP dio resultados de sus avances el pasado viernes 8 de diciembre, aunque estos han sido ampliamente desacreditados por la ciudadanía.
Mientras se desarrollaba esa investigación, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, abrió una pesquisa por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), con la cual se solicitó el retiro del derecho de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, respectivamente.
Según la Fiscalía, ambos habrían utilizado la situación en la referida casa de estudios superiores como un trampolín político.
PREOCUPACIÓN
La preocupación aumentó con los resultados de la investigación que presentó la FECI la semana pasada, con la cual basó su petición de anular el proceso electoral.
En la conferencia de prensa en la cual se presentaron los hallazgos, el titular de la referida unidad de investigación, Rafael Curruchiche, calificó de “abusivas” las expresiones de preocupación que han externado países, organismos y funcionarios internacionales por la situación en Guatemala.
Proud of the strong regional support for the @OAS_official resolution condemning abusive exercise of power by @MPguatemala & calling on Guatemala's gov’t to cease intimidation, respect electoral results & uphold the Inter-American Democratic Charter. Democracy will prevail. -BAN
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 13, 2023
Asimismo, el secretario general del MP, Ángel Pineda, aseveró que la institución se someterá a las cortes nacionales para dirimir conflictos y no a instancias multilaterales que “han perdido credibilidad y han dejado de ser referentes de la democracia”.
Además, el martes 12 de diciembre, el presidente Alejandro Giammattei emitió un comunicado en el que reclamó por las acciones internacionales y afirmó que «los principios del Derecho Internacional Público demandan una diplomacia activa que promueve el respeto a la independencia y soberanía de los estados, que se abstenga de injerir en sus asuntos internos».
POLO Y VILLAGRÁN: “NO ES INJERENCIA”
Sin embargo, Luis Felipe Polo, profesor de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar (URL), expuso que los pronunciamientos de los países y organismos no pueden ser vistos como injerencia extranjera, toda vez que en la Carta de las Naciones Unidas dice que no pueden ser calificadas como tal las acciones que estén dirigidas a defender los derechos humanos.
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“Las declaraciones de las que se queja el MP no son injerencia, porque están en juego los derechos humanos de los guatemaltecos de elegir a sus autoridades”, aseveró el especialista.
En la misma línea, el exembajador de Guatemala ante la OEA, Francisco Villagrán, expuso que “Guatemala ha aceptado los compromisos de la Carta Democrática Interamericana”, y que el país ha estado de acuerdo con la aplicación de esta cuando la democracia ha estado en riesgo en países como Venezuela y Haití.
“El principio de no intervención ha dejado de ser un impedimento absoluto para el involucramiento de la comunidad internacional en asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos”, enfatizó el diplomático en retiro.
¿DEMANDA?
En la conferencia de prensa del pasado viernes 8 de diciembre, Pineda advirtió que accionarán jurídicamente en el ámbito del derecho penal internacional “como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” y otros tratados y convenios, por las insinuaciones que, según él, pretenden hacer que el MP no cumpla con su función de investigar.
Con 29 votos a favor, uno en contra, una abstención y dos ausentes, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución “Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala” pic.twitter.com/Q8E6NQr7kL
— OEA (@OEA_oficial) December 12, 2023
Pero los expertos consultados por La Hora coinciden en que exponer inconformidades por el actuar de países u organismos no es competencia de la Fiscalía.
“No está en sus atribuciones. Los estados se relacionan por medio de las cancillerías, no por los ministerios públicos. Eso es una falacia”, subrayó Polo.
En todo caso, explicó, el MP podría por medio de la Cancillería pedir que se emita alguna nota de protesta contra algunos estados por la injerencia que consideren se ha producido, algo que no tendría sentido porque ha sido el Gobierno de Guatemala el que ha invitado a las misiones de observación al país que han sido categóricas al aseverar que las elecciones fueron transparentes.
Villagrán acotó que una demanda internacional no es factible porque hay tratados y convenios internacionales que establecen con claridad la inmunidad de la que gozan los funcionarios de organismos multilaterales, y Guatemala los ha firmado y aceptado voluntariamente, por lo cual tiene la obligación de respetarlos y cumplirlos.
“El fiscal Curruchiche debería saber que el MP no puede accionar legalmente contra los funcionarios de organismos internacionales ni contra los miembros de las misiones de observación internacional, de acompañamiento o mediación. Todas esas personas han venido por invitación escrita del gobierno”, explicó el exembajador.
A su juicio “lo que muestra Curruchiche es un total desconocimiento de normas básicas de derecho internacional”.
