El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una proclamación este lunes 11 de diciembre según la cual prohíbe el ingreso a ese país, como inmigrantes o no inmigrantes, a toda persona que facilite la corrupción, esto al considerarlos “una amenaza” para esa nación.
De acuerdo con la disposición, la entrada sin restricciones de estas personas “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”, por lo tanto, “su entrada debería estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones”.
La orden firmada por Biden especifica que la prohibición de ingreso está dirigida a personas que hayan permitido, facilitado o de alguna manera haber estado involucrados en corrupción significativa, incluyendo el lavado de sus ganancias u obstrucción de procesos judiciales o investigativos.
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Además, la sanción se extenderá a familiares directos de estas personas.
En la disposición se enfatiza que la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción obedece a que es de interés “central de seguridad nacional” para EE. UU., así como una amenaza para la seguridad, la equidad económica, la lucha contra la pobreza y la democracia.
Asimismo, se reconoce que la corrupción y la cleptocracia “no pueden prosperar sin una red de apoyo de actores, que la permitan” y que se beneficien de ella. Añade que las personas a quien se les vede el ingreso deben ser identificadas por el secretario de Estado “a su entera disposición”.
La norma también incluye excepciones, entre estas, que no se aplicará a residentes permanentes legales en Estados Unidos, o a cualquiera que haya recibido asilo o refugio por ese país y, como consecuencia, haya sido admitido.
SANCIONADOS
La disposición fue divulgada momentos antes de que Washington anunciara la batería de sanciones más extensa que ha aplicado a Guatemala, que abarca a 300 ciudadanos, entre los cuales hay más de 100 diputados.
Los castigos se produjeron después de que el Ministerio Público (MP) diera a conocer los hallazgos sobre las investigaciones que hizo al proceso electoral y que involucran al partido político Movimiento Semilla, suspendido de forma temporal, pesquisas que han sido cuestionadas y rechazadas nacional e internacionalmente, y que son señaladas como un arma para tratar de revertir los resultados electorales.
Asimismo, se impusieron 11 días después de que 108 diputados aprobaran retirar el derecho de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, señalados por supuestas anomalías en la adquisición del sistema de cómputo para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Aunque se les señala de posibles hechos de corrupción, esta acción de los legisladores también es interpretada como un ataque a la democracia y un intento por desconocer la voluntad de la ciudadanía.
