Un panorama bastante complicado enfrenta la aprobación de la iniciativa 5664 denominada ley de dignificación económica por la prestación de servicio militar durante el Conflicto Armado Interno. Han transcurrido 23 meses desde que fue presentada y no tiene dictamen favorable en ninguna de las tres comisiones que la analiza.
La legislación contempla que cada persona que formó parte del Ejército de Guatemala durante el enfrentamiento armado reciba Q30 mil cada año hasta percibir Q120 mil. El beneficio también podrán cobrarlo los familiares del militar fallecido.
No obstante, los recursos tendrán que ser asignados al Ministerio de la Defensa y el 19 de octubre provocó que veteranos irrumpieran violentamente en el Congreso exigiendo su aprobación.
ORTIZ: PUEDE SALIRSE DE CONTROL
De acuerdo con Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, el panorama es bastante complicado y refiere que “líderes políticos irresponsablemente han explotado ese conflicto” y agregó que este grupo ya demostró que puede usar la violencia y causar zozobra y la no aprobación va generar “unos episodios de malestar y que puede salirse de control”, dijo.
Ortiz considera que es una situación que “no tiene una salida fácil” derivado a la falta de claridad de los beneficiarios y las cifras que se manejan son muy numerosas lo que “no es sostenible y no hay dinero”, acotó.
DABROY: NEGOCIACIÓN CON DIRIGENTES, ES CLAVE
Para Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) recordó que las personas que han trabajado con el Ejército una de las bases de su acción es la disciplina y el respeto a las jerarquías; por lo que considera que la clave para evitar “escenarios convulsos” producto de no aprobar los requerimientos “es poder negociar con las personas que dirigen las organizaciones”, dijo.
El profesional subrayó que “se podrían tomar algunos cuadros que se consideren legítimos de la dirigencia para negociar algo más prudente en términos de lo que implica en el presupuesto” y agregó que esta sería la medida más inteligente para evitar escenarios de conflictividad.
UNA PROMESA DE CAMPAÑA
Una de las promesas de campaña del ahora presidente Alejandro Giammattei, fue la aprobación de la iniciativa 5664 que fue presentada el 29 de noviembre por el diputado Felipe Alejos del bloque Todos, sancionado por EE. UU. y Ana Victoria Hernández, quien actualmente integra el Parlamento Centroamericano.
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Droga: A falta de aviones, se usan embarcaciones ?? [https://t.co/zfNlaq84NK] pic.twitter.com/UYCrD6eIs8— Diario La Hora (@lahoragt) November 2, 2021
SIN LISTADOS OFICIALES
Actualmente el Ministerio de la Defensa no ha trasladado los listados oficiales de los posibles beneficiarios, la Comisión de Finanzas y Moneda “no han enviado la información”, indicó Duay Martínez quien preside dicha sala.
De acuerdo con el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, el Mindef solicitó una prórroga de 30 días para trasladar la información requerida.
Mientras que la comisión de Defensa encabezada por el diputado José Ubico del bloque Todos, no ha analizado la propuesta.
