Una iniciativa que crearía los delitos de usura migratoria y estafa por motivos migratorios será analizada por la Comisión del Migrante, así como la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La propuesta de ley reformaría el Decreto 17-73, Código Penal y destaca porque permitiría aplicar penas de prisión de tres a seis años inconmutables, así como multas de hasta Q500 mil a quienes cometan esos delitos.
La Junta Directiva del Congreso de la República envío a las salas de trabajo antes mencionadas para que el anteproyecto sea analizado, discutido y emitan el dictamen correspondiente.
¿QUÉ REGULARÍA?
Las reformas definen que comete delito de estafa migratoria quien ofrezca en cualquiera de sus modalidades la obtención de visas a un país extranjero de forma engañosa y fraudulenta.
Además, especifica que comete usuro migratoria quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fija la Ley, o que sea evidentemente desproporcionado con la prestación, así como por el financiamiento de un recorrido migratorio irregular a un país extranjero.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a seis años de cárcel inconmutables y multa de Q10 mil a Q100 mil.
Se calcula que los “coyotes” cobran US$10 mil por un traslado hacia Estados Unidos. El perfil de los migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones, son hombres jóvenes, campesinos, procedentes la mayoría de las zonas rurales y comunidades indígenas del Occidente.
LA PROPUESTA
En su artículo 1, propone adherir el artículo 264 Ter., al Código Penal, en el cual se define que comete delito de estafa migratoria quien ofreciera en cualquiera de sus modalidades, la obtención de cualquier clase de visas a un país extranjero de forma engañosa y fraudulenta; el responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a seis años inconmutables y una multa de Q100 mil a Q500 mil.
El artículo 2, adiciona el artículo 276 Bis., al Código Penal y especifica que comete usuro migratoria quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fija la Ley, o que sea evidentemente desproporcionado con la prestación, así como por el financiamiento a un recorrido migratorio irregular a un país extranjero. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a seis años de cárcel inconmutables y multa de Q10 mil a Q100 mil.
La iniciativa fue presentada el pasado 28 de abril, por los diputados José García, Erick Martínez, Napoleón Rojas, Rubén Escobar y Manuel Conde, en esa oportunidad refirieron que la propuesta surge ante los sucesos que pasan las familias guatemaltecas cuando un integrante migra y pierden sus viviendas, terrenos y propiedades para pagar a “estafadores” denominados “Coyotes”, que les prometen llevarlos a Estados Unidos.
