Por Regina Pérez
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El español, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo de España, se encuentra en el país como parte de una delegación de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), para participar en la VII Conferencia Regional sobre independencia judicial que se realizará del 25 al 26 de octubre, un tema que indica es esencial para que un Estado democrático funcione.
Acompañan a Martín Pallín, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Serbia, Radmila Dragicevic y dos jueces de Noruega, Erland Flaterud y Finn-Arne Schanche, así como nueve jueces de Centroamérica y el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, Fernando Cruz Castro.
Durante la entrevista, el magistrado emérito abordó temas como la independencia judicial, la seguridad de los jueces y juezas y mencionó que le llama la atención que en Guatemala se haya acuñado la expresión de jueces de “alto riesgo”. “Que yo recuerde no existe en la mayoría de países que yo conozco (el término), eso significa algo, no se dice así por las buenas”, manifestó.
El tema de la conferencia de la CIJ es sobre Independencia Judicial, ¿Por qué abordar ese tema?
La CIJ viene trabajando desde hace cuarenta años, no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. Para que el Estado de Derecho y un estado democrático funcionen es imprescindible que los jueces sean independientes. Sin independencia judicial no hay Estado de Derecho, hay una especie de simulacro de Estado de Derecho, pero si no se hace efectiva la independencia judicial falla uno de los tres pilares de cualquier democracia que son el Legislativo, el Ejecutivo y si falla el judicial, entonces se viene abajo todo el sistema.
¿Qué consecuencias hay si falla el pilar de la independencia judicial?
Que estamos en un Estado que no es democrático, es un Estado que tiene su representación en la comunidad internacional, pero no puede decirse que un Estado sin independencia judicial sea democrático.
“La regla de oro para garantizar la independencia de un juez es la no interferencia.”
Otro de los temas que se va a discutir es el de seguridad a jueces y juezas independientes. ¿Por qué es importante que el Estado garantice esta seguridad?
Depende mucho de la situación de cada país, hay países con una democracia consolidada, podría ser la mayoría parte de los países de la Unión Europea, por ejemplo, en que lo que es la protección física, no es necesaria.
Hemos tenido dos extensiones importantes en mi país, en España, el tema de terrorismo de ETA y en Italia, la mafia.
Guatemala es un país con muchos conflictos abiertos, de diversa naturaleza, no solo el narcotráfico, la corrupción, la violencia estructural, tiene unos índices de muertes violentas muy altos y esto afecta también a los jueces que tratan de hacer frente a esto y necesitan una protección física.
Pero no es suficiente, necesitan también una protección que normalmente la da la Constitución, que dice que los jueces son libres, independientes, etc., pero esto en la práctica hay que conseguirlo por dos caminos: primero, tener un OJ que vele por la independencia y por la integridad de los jueces, un compromiso del Ejecutivo, pero también del Legislativo para acordar medidas de protección y defensa de la independencia de los jueces y después también hay un componente personal del propio juez, tiene esa obligación ética y moral de ser independiente.
En un país como Guatemala, ¿Cuál debe ser el compromiso del Estado para garantizar la independencia de los jueces y el sistema judicial?
Hay una regla de oro, la no interferencia. Que se aparten totalmente tanto por vías directas o vías indirectas de presionar a un juez que tiene un caso, normalmente conflictivo y por tanto esa obligación de no interferir, y dejar que los jueces hagan su tarea.
Los jueces son seres humanos y a veces podemos no acertar, pero lo que no puede soportar ni el juez ni el sistema judicial es presiones de otros poderes del Estado. Y esto es muy importante en una sociedad, la presión algunas veces brutal e intolerable de los medios de comunicación.
“Es muy importante que los jueces sepan que no solo disponen de la ley nacional, sino que disponen de los grandes tratados de Derechos Humanos de la comunidad internacional que además han firmado”.
En esta visita se van a reunir con jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul, entre otros. ¿Cuál es la motivación de reunirse con estos jueces?
Muchas veces nosotros decimos que los jueces somos protagonistas muy en contra de nuestra voluntad porque los casos que han caído en manos de ellos los hacen objeto de la atención de los medios.
Ellos han tenido mucho valor para enfrentarse a casos muy conflictivos que afectaban a altas esferas de los poderes públicos y eso es de agradecer, sobre todo por los conciudadanos guatemaltecos, pero también la comunidad internacional quiere reforzarles para que sepan que su tarea es objeto de atención y de apoyo.
¿Cuál es el objetivo de la visita que realiza la CIJ?
Ratificar lo que ya hemos dicho, hay unas reglas internacionales de independencia de los jueces, no es algo que sea exclusiva de los jueces, no es algo más exclusivo de Guatemala. Es la séptima vez que vengo a Guatemala, una cosa que me preocupa mucho es algo que yo llamaría nacionalismo jurídico, que es creer que la aplicación del derecho internacional, unos valores asumidos por la comunidad internacional, si se aplican con preferencia a la ley guatemalteca, se está traicionando la soberanía y eso es una cuestión rechazable.
Cualquier país que forma parte de la comunidad internacional tiene que asumir los valores internacionales como valores propios. No es algo que hayan hecho algunos señores en el Olimpo, es algo que todos los países lo aprobaron, Guatemala, España, Francia o cualquier otro país.
Es muy importante que los jueces sepan que no solo disponen de la ley nacional, sino que disponen de los grandes tratados de Derechos Humanos de la comunidad internacional que además han firmado. No se trata de que se imponga por voluntad del juez, sino que es un compromiso que el Estado guatemalteco y el español y cualquier Estado asume al adherirse, por ejemplo, al Pacto Internacional de Derechos Civiles o a la Carta de San José, etc.
Creo que hay que enviar un mensaje muy claro, que si a usted no le gusta formar parte de un organismo que defiende los derechos humanos, lo tiene fácil, denuncia el Pacto y se va. Pero mientras usted esté dentro del Pacto, usted se ha comprometido.
Finalmente, Martín Pallín comentó que le llama la atención que en Guatemala se haya acuñado el término de jueces de “alto riesgo”. Eso significa algo, no se dice así por las buenas.
Cuando el mismo sistema habla de juzgados de Alto Riesgo es porque hay un peligro evidente, indicó. En el contexto europeo, anglosajón, y muchos países, no es usual esa denominación, dijo.
Por ejemplo, en España existe la Audiencia Nacional para delitos de narcotráfico, blanqueo y crimen organizado, pero no se les denomina de alto riesgo, puntualizó.
“Los jueces son seres humanos y a veces podemos no acertar, pero lo que no puede soportar ni el juez ni el sistema judicial es presiones de otros poderes del Estado”.
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo de España
