El Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social STIGSS emitió un comunicado abordando la aprobación que sostuvo el Congreso de la República sobre el aumento a los salarios de los diputados realizado el 26 de noviembre de 2024, contenido en el presupuesto del Legislativo.
El texto resalta que «como criminales organizados en un poder del Estado, los mal llamados Dignatarios de la Nación y Representantes del pueblo (Diputados), a quienes se les confió ejercer la voluntad absoluta de un pueblo con sed de justicia, de saciar su hambre, de la Guatemala profunda, que no les queda remedio que sobrevivir con salarios miserables. Una vez más nos han dado muestra que cuando de intereses mezquinos, podridos y el pisto está de por medio, todo es posible».
También añadieron que, «pisto que consigue a costa del sudor del pueblo y por los impuestos que deben pagarse para financiar un presupuesto para el año 2025; mientras el pueblo siga durmiendo, morirá de hambre, le seguirá faltando salud, educación, tendrá carreteras destruidas. El pueblo se acostumbra a ver que, en sus narices, los diputados por cada ley que reforman se embolsan 50 millones, son acciones repetitivas de gobierno tras gobierno».
#CampoPagado | STIGSS pide al Estado pago de deuda histórica en el IGSS.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 14, 2024
Además dejan claro el mensaje a través del texto, que citando indica «Cada vez que se ve un esperanza siempre resulta que tropezamos con la misma piedra de la corrupción. Los señores diputados se aumentaron su salario de 29 mil a 46 mil», se puede leer.
PREOCUPACIÓN POR JUBILADOS Y DINÁMICA DEL IGSS
Continúan escribiendo «Exigimos categóricamente asignen el presupuesto que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social necesita. Los jubilados piden una asignación de más de unos Q1 mil 500 millones, para que sus pensiones mejoren, hay pensiones de Q500 para sobrevivir un mes, mientas que un solo diputado negociando su voto y dignidad se lleva 30 o 50 millones de quetzales. El Instituto ha requerido más de Q.2 mil 700 millones para el programa EMA, y más de Q.1 mil 500 millones al IVS para garantizar que éstas se sigan pagando puntualmente» detalla el comunicado.
El documento también tiene escrito que «el gobierno de Bernardo Arévalo, hijo del fundador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acertadamente, por medio del ministerio de finanzas asignó Q.2 mil 712 millones, sin embargo, la comisión de finanzas y moneda del congreso integrados por los diputados: Julio Héctor Estrada Domínguez -CABAL-, Víctor Vicente Bonilla González -VIVA-, Óscar Rolando Corleto Rivera -UNE-, Carlos Enrique López Girón -VALOR-, hicieron un recorte de Q643 millones que, seguramente, fueron asignados a los consejos de desarrollo en donde sus operadores lo transformaran en entregas millonarias. Se asignó para ese sector más de Q12 mil 500 millones».
El comunicado también continuaba detallando una de las preocupaciones del sindicato, «es importante mencionar que para 2025, fue solicitado por parte del Instituto para el programa IVS la cantidad de Q.1,545 millones como aporte del estado y se observa un aporte de Q22 millones iniciando la crisis a partir de enero 2025, lo que es una situación grave que debe ponérsele mucha atención, porque, según los estudios actuariales, los aportes de los afiliados (patronos y trabajadores), permiten sustentar los egresos hasta el año 2025».
«Es decir que la prima de financiamiento actual se aproxima a su vencimiento, por lo que se debe analizar lo estipulado en el artículo 44 de la Ley Orgánica del IGSS. Eso significa que, seguramente, se debe incrementar la prima, y serán los trabajadores y patronos los obligados a pagar. En otras palabras, deberán pagar más de su salario, salario miserable, que no es capaz de atender las necesidades de los trabajadores» afirmaba el escrito.
En el último párrafo se puede leer «los jubilados han solicitado ante la comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, aborde a las autoridades del Instituto para aumentar el monto de sus pensiones, pero el mismo es posible si el Congreso otorga una fuente de financiamiento adicional exclusivamente a dicho programa, pues los compromisos adquiridos por el gobierno para mejorar las pensiones, como lo ocurrido con el acuerdo Gubernativo 239-2008, hoy no hay forma de hacerlo efectivo en el momento que se han recortado los recursos».
Finaliza con «Si los escenarios continúan de esta manera, sin el financiamiento que corresponda, el punto de equilibrio financiero llegara a su límite en el mes de mayo de 2025, por lo que es necesario utilizar las reservas financieras y el programa llegará a su quiebra en el año 2032, quedando entonces los trabajadores activos sin la posibilidad de recibir una pensión y atención en servicios de salud. El llamado es para el presidente Bernardo Arévalo, a que dé muestra de un gobierno del pueblo y para el pueblo, o será el inicio de una Nueva Revolución».
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