Este 13 de octubre asumen los magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones en medio de incertidumbre por los nombres de personas vinculadas con los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales.
El accidentado proceso de selección tiene su punto más agudo ahora y en los malabares que hacen diputados de diversas bancadas para que los togados electos asuman ciertas cámaras y Salas, para mantener la protección que hasta ahora les ha acompañado.
Mientras el Ministerio Público (MP) hace lo suyo, con la posible persecución de una de las magistradas electa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Flor de María Gálvez, hermana del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, diputados del partido de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, sostienen reuniones secretas para alcanzar que se alineen sus propósitos.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que dirige Rafael Curruchiche, solicitó el viernes 11 de octubre información sobre Gálvez Barrios, magistrada electa para el periodo 2024-2029.
La solicitud de la Feci fue hacia el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Bofill, quien presidió la Comisión de Postulación para magistrados de CSJ.
Se trata de dos oficios girados desde la Feci por la agente fiscal Sofía Castillo Rivas y el fiscal auxiliar I, Boniek Alexander Maldonado Chacón, bajo el expediente MP001-2024-52303, que tiene a cargo la agencia 8 de esa unidad del MP.
Familiares, abogados y asesores de diputados son electos magistrados de Apelaciones
De acuerdo con los documentos, la información solicitada a Cortés es de carácter urgente y deberá ser remitida en un plazo no mayor de 24 horas.
La Feci requiere informes de integración de la Postuladora, los seleccionados y hasta grabaciones de las sesiones. En esta nota: El MP enfila sus baterías en contra de Flor de María Gálvez, magistrada electa de la CSJ, puedes esterarte de más al respecto.
DE LA MANO
Mientras la Feci hace lo suyo, en la otra esquina están las acciones del diputado Allan Rodríguez, el jefe de bancada de Vamos, que en las elecciones de Cortes, entre aplausos y abrazos con políticos como Felipe Alejos e Inés Castillo en el hemiciclo, se ha movido para que las Cámaras y Salas del Organismo Judicial las integren personajes afines.
La Hora tuvo conocimiento de que Rodríguez llegó el 11 octubre, 24 horas antes de que asuman las nuevas autoridades judiciales, al parqueo de la Corte Suprema de Justicia.
El legislador distrital por Sololá, y que fue presidente del Congreso y hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei, llegó al aparcamiento con una lista de «cómo quería que se distribuyeran la Salas de Apelaciones».
Según se confió a este diario, amenazó a los magistrados electos «que de no corresponder les presentarían antejuicios (porque es amigo de la fiscal general Consuelo Porras) y que se los retirarían porque tienen 96 votos en el Congreso».
En los últimos días, las alianzas de Vamos se han fortalecido con Valor y la Unidad Nacional de la Esperanza, tanto que el 10 de octubre convocaron a una reunión «secreta» en el edificio 7-10, que alquila el Organismo Legislativo, para conversar con magistrados de la Suprema de Justicia.
De hecho, tras la revelación de esa cita, reporteros de La Hora llegaron para constatar el extremo y guardaespaldas de la bancada Vamos los amenazaron y evitaron documentar esa reunión.
Rodríguez es quien lidera esa «lucha porque las Cortes queden a su medida», revelan las fuentes de La Hora.
Y es por ello que, desde que los eligieron en el Congreso, buscan afianzar las «lealtades para evitar cualquier situación legal en el momento que las cortes tenga nuevos mandos».
La disputa principal del asunto, según quienes conocen las intenciones de Rodríguez, «son la Sala Primera y Tercera Penal de Apelaciones y quieren poner como presidente al fiscal que se encargó del caso del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep).
La intención de Rodríguez también alcanza la Sala Tercera, que tiene jurisdicción sobre el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, y la Primera, que controla el caso Toma Usac.
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