El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad aceptó la excusa presentada por la magistrada vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones, Zonia Santizo quien había sido designada como pesquisidora del proceso de retiro de inmunidad contra el Juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez. La togada se excusó de conocer el caso bajo el argumento de tener amistad con el juzgador.
Por ello, fue nombrado el magistrado vocal I de la Sala Segunda de Apelaciones, Roaldo Isaías Chávez Pérez quien tuvo a su cargo las pesquisas en el caso de la entonces Jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán. Sin embargo, renunció en marzo pasado y actualmente se encuentra en Estados Unidos a raíz de amenazas y hostigamientos en su contra.
JUEZ INTEGRA ENTIDAD QUE DENUNCIÓ A AIFÁN
En 2020, el entonces presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), Wilber Castellanos, presentó la solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán, señalando a la juzgadora de autorizar “diligencias ilegales” contra los candidatos a magistrados de Cortes de Apelaciones, argumentando que gozaban de inmunidad.
Chávez Pérez fue designado pese a que era secretario de la Junta Directiva del IMCAOJ para el período 2021-2022.
LA DENUNCIA
El pasado 15 de junio por mayoría el pleno de la CSJ, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio promovida por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) por varios delitos, entre ellos prevaricato. A criterio del presidente de la referida entidad, Ricardo Méndez Ruiz, Gálvez habría abusado de la figura de prisión provisional en la mayoría de los casos que están a su cargo.
El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez se presentó a la Corte de Constitucionalidad para interponer un procedimiento de amparo en virtud de que no comparte el criterio de la corte respecto al procedimiento de antejuicio en su contra.
🎥: José Orozco/LH pic.twitter.com/7RX08iOlXM
— Diario La Hora (@lahoragt) June 28, 2022
EL PROCESO
Una vez el expediente llegue con el juez pesquisidor, deben citar al denunciante para que ratifique la querella y al Juez de Mayor Riesgo para que entregue sus pruebas de descargo. Después debe elaborar un informe final con la recomendación de retirar o no el derecho de antejuicio. Por último, la CSJ decide si le retira o mantiene la inmunidad.
