La denuncia planteada el pasado 11 de mayo por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en contra del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos, la misma que meses atrás fue designada para tramitar una orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del Ministerio Público (MP), indicó que la querella por el posible delito de prevaricato fue presentada ante un juzgado, el que posteriormente la remitió a la Oficina de Atención Permanente (OAP), que a su vez la asignó a la fiscalía referida.
De acuerdo con el proceso, ahora corresponde que la Fiscalía a cargo inicie a reunir los indicios que consideren pertinente para determinar si procede solicitar ante la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad del juzgador.
Miembros de sociedad civil se hicieron presentes en el MP en apoyo a las amenazas realizadas contra el Juez Miguel Ángel Gálvez.
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 20, 2022
GÁLVEZ AÚN NO DENUNCIA
Asimismo, Pantaleón comentó que ante los comentarios vertidos por el juez Gálvez, quien ha manifestado que se siente amenazado e intimidado, personal de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia acudió al juzgado de Mayor Riesgo “B, previa coordinación telefónica, para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que la iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana.
Agregó que el jueves nuevamente se presentó a la judicatura personal de la fiscalía y Gálvez indicó de nuevo que estaría presentando la denuncia próximamente.
Según Pantaleón, en este caso, por los hechos que expresa el juzgador, la fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante.
ANTECEDENTES DE LA FISCALÍA: ORDEN DE CAPTURA CONTRA SANDOVAL
El 30 de julio 2021 La Hora publicó “Porras presiona para que el MP pida captura contra Sandoval”, en donde se dio a conocer que tres personas confirmaron a este medio que la fiscal general, María Consuelo Porras había solicitado a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que aceleren las “pesquisas” con el afán de poder solicitar una orden de captura contra Sandoval.
Ciudadanos conscientes mostraron su preocupación ante las amenazas que sufre el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
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ANTEJUICIOS CONTRA MAGISTRADOS
En junio de 2020, esta unidad de investigación tuvo a su cargo las averiguaciones por una posible desobediencia de parte de funcionarios públicos sobre resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual se señaló a ministros del gobierno de Jimmy Morales.
Los hechos se vinculan a la no remisión de parte del Legislativo del expediente original de la solicitud de retiro de antejuicio promovida en contra de cuatro de los magistrados de la CC.
ROXANA BALDETTI
En 2018, esta fiscalía fue designada para investigar si las autoridades del Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa estaban avalando que la exvicepresidenta Roxana Baldetti se ausentara a audiencias argumentando falsos padecimientos de salud.
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MANIFESTACIÓN 21N
Además, formó parte del grupo de seis fiscalías que efectuaron pesquisas para esclarecer los hechos que ocurrieron durante la manifestación que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre del 2020.
JIMMY MORALES
En su momento esta fiscalía investigó la reunión que sostuvo el entonces presidente Jimmy Morales con el excandidato a la presidencia de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y sentenciado en Estados Unidos por vínculos al narcotráfico, Mario Estrada.
ANÁLISIS DE RIESGO
Fredy Calderón, vocero del Organismo Judicial (OJ), informó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CJS) resolvió un memorial presentado por el juez de mayor riesgo, y ordenó elaborar un análisis del esquema de seguridad.
«En relación con el memorial fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad”, afirmó.
Añadió que se ofició al Ministerio de Gobernación para que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador cuenta con estas, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
